Salamanca protesta contra Fernández Díaz por entregar la enseñanza de la Policía a la Iglesia

Salamanca está en pie de guerra contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Su decisión de suprimir el convenio de la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, con la prestigiosa Universidad salmantina, que es pública y aconfesional, para entregar la formación académica de los futuros agentes del Cuerpo Nacional de Policía a la Universidad Católica de Ávila, que es privada y confesional, ha soliviantado al PP salmantino y al propio Ayuntamiento de la ciudad, que el sábado aprobó una declaración por asentimiento de todos los grupos políticos pidiendo al ministro que reconsidere su decisión. La resolución de Fernández Díaz pretende acabar con treinta años de colaboración entre la Usal y la Academia policial.

El acendrado catolicismo de Fernández Díaz le ha llevado a anteponer la religión a la formación académica, la escolástica a la Constitución. Según fuentes del Ministerio del Interior, su decisión de suprimir el convenio con la Usal para entregar la docencia de los alumnos de la Escuela de la Policía a la Universidad Católica de Ávila (Ucav) se fraguó el 2 de junio pasado, cuando acudió como invitado de esa universidad a clausurar el curso de verano. Su compromiso con el Gran Canciller de la universidad católica abulense y obispo de Ávila, Jesús García-Burillo, fue firme y se materializó a finales de septiembre poniendo fin al convenio con la Usal y entregando la docencia al centro de la Iglesia Catolica.

El obispo y su equipo directivo en la Ucav le facilitaron el envoltorio argumental por la vía económica: la Escuela de la Policía sólo tendrá que pagar 200.000 euros anuales, frente a los más de 300.000 que le costaban los servicios docentes de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, con casi ocho siglos de funcionamiento. Según fuentes de Interior, ni el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ni mucho menos el director de la Escuela de Ávila, el comisario principal, José García Molina, han planteado objeciones a la modificación del convenio.

La decisión de Fernández Díaz, que ha pasado desapercibida para los grandes medios de comunicación, con excepción de la Cadena Ser, ha sorprendido al Consejo de Gobierno de la Usal y ha provocado un profundo malestar entre el personal docente, que la califica de “cacicada”. Su rector, Daniel Hernández Ruipérez, ha decidido interponer un recurso contra lo que considera una arbitrariedad infundada. En este sentido, fuentes del rectorado recuerdan que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobada por consenso en 1986, supuso un gran cambio en la formación policial e introdujo la colaboración de las universidades públicas. Entonces no se había producido la eclosión de universidades privadas, pero ya existía la Católica de Salamanca y se podía haber entregado al clero la formación policial, lo que fue descartado de raíz.

El arbitrismo del ministro, quien dice ir acompañado de un ángel de la guarda al que llama Marcelo, que le ayuda en “pequeñas cosas, como aparcar el coche”, ha sublevado al alcalde salmantino, Alfonso Fernández Mañueco, que es del PP, y a todos los concejales de su partido y de las demás formaciones políticas. El viernes aprobaron por asentimiento una declaración institucional instando a Fernández Díaz a “dar marcha atrás en su decisión” y a extender a la Escuela Nacional de Policía de Ávila la calificación de “centro adscrito” a la Usal. La declaración evoca “la intensa y fructífera colaboración” entre la Usal y la Escuela policial, con el desarrollo, desde 1987, de programas y cursos formativos de distinta índole e impulso a programas de investigación y doctorado.

La decisión de entregar la formación de los policías a una universidad católica privada se adoptó el 27 de septiembre, el mismo día en que el Congreso de los Diputados aprobaba la creación de una comisión de investigación sobre las actividades del ministro desde su despacho oficial para perseguir, desacreditar públicamente y liquidar a los adversarios políticos en Cataluña. Todos los grupos, excepto el PP, respaldaron la iniciativa, auspiciada por el PSOE y ERC.