Cifuentes privatiza la FP

El curso pasado se quedaron 30.000 personas sin plaza de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid en primera opción. Es un tema especialmente sangrante y pasa todos los cursos porque la oferta de plazas públicas es muy insuficiente respecto a la demanda existente. Si la vergonzosa gestión de la Consejería de Educación no garantiza el derecho a proseguir los estudios y la formación ¿por qué están empeñados ahora en querer cerrar ciclos formativos? 

Hay una ofensiva del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid (CAM) de cierre simultáneo de ciclos de Formación Profesional (FP) en numerosos institutos madrileños. Es el caso de los institutos Vallecas I, Rodríguez Valcárcel de Moratalaz, Francisco de Goya de la Elipa, Ciudad de Jaén y Pradolongo de Orcasitas-Usera, Pérez Galdós y La Cañada de Torrejón entre otros. En ellos la Consejería ha decidido cerrar ciclos de electricidad, electrónica, informática, automoción, gestión y finanzas, administración de empresas, etc. Se da la circunstancia de que todos son centros en barrios populares y localidades muy castigadas por la crisis y el paro. Y la sensación de pérdida que le queda a los afectados y a los barrios cuando se impone un atropello de este tipo es la misma que cuando un pueblo desaparece cubierto por las aguas de un pantano. Algunos, como el IES Vallecas I, llevan hasta 75 años impartiendo FP.

Se argumenta desde la Consejería que los cierres de ciclos formativos se hacen por razones de reorganización y de rentabilidad. Hay que dudar de esto, porque no hay ninguna planificación de la escolarización en estos barrios ni en los de nuevo desarrollo donde se va a remolque de las demandas sociales. Por otro lado, hay que denunciar el abandono de la inversión en la mejora de los talleres y equipos, a pesar de recibir fondos para ello de la Unión Europea. En cuanto a la supuesta rentabilidad económica los criterios de la Consejería no atienden a lo que debe ser la búsqueda de la máxima rentabilidad de la educación: formar buenas personas, profesionales y ciudadanos. Garantizando así la cohesión social, la igualdad de oportunidades y algo más importante aún: la equidad o dar más a quien más lo necesita.

La razón de fondo es continuar el proceso salvaje de agresión y privatización de la educación pública. Una privatización más sutil que en otros sectores: no se trata de vender colegios sino de ir vaciándolos de alumnado que se deriva a la privada sostenida con fondos públicos (concertada). Después de haberlo hecho con la decisiva etapa de la Educación Infantil de 0 a 3 años, de suprimir unidades en las aulas públicas de Primaria y Secundaria, ahora toca atacar al segmento de la FP. Y abrir, así, nuevas oportunidades para aquellos que hacen de la educación un negocio económico o ideológico. Al romperse el principio de cercanía a su domicilio, el alumnado puede optar por la oferta concertada más próxima, que cada vez es más amplia. Es muy descarada la maniobra.

Otra manera de privatizar la FP son los estímulos económicos como el “cheque escolar” que supone una ayuda del orden de los 1.200 € que da la CAM a los que estudian en centros privados para financiar matrículas de entre 800 y 2000 €. Mientras que en la pública las tasas se han disparado hasta los 400 euros y no hay ningún tipo de ayuda. Los “cheques” suponen un apoyo institucional al negocio privado y más “robo” de alumnos.

En paralelo al ataque a la FP hay numerosos centros que sufren esta política de jibarización de la educación pública. Se siguen suprimiendo grupos y no autorizando la creación de otros nuevos en institutos públicos y colegios de Infantil y Primaria. Qué despropósito es cerrar aulas cuando un tercio de las actuales está por encima de la ratio legal, como denuncia CCOO, en la zona sur de Madrid. Al mismo tiempo, se incumplen o no se atienden las demandas de construcción de nuevos centros públicos en nuevos barrios o localidades con crecimiento demográfico.

Cristina Cifuentes sigue haciendo lo mismo que Aguirre y Figar. Pero con una diferencia: el PP perdió la mayoría absoluta hace un año en la Comunidad de Madrid  y en educación no ha cambiado prácticamente nada. La única excepción es el acuerdo de interinos, donde, para demostrar que siguen mandando sobre la vida de las personas, no se recoge la devolución del derecho robado a cobrar el verano.

El otro día José Manuel López de Podemos declaraba que Ciudadanos era la tapa de la alcantarilla en la Comunidad de Madrid. Es posible que sea así en materia de corrupción. Pero lo que es seguro es que Ciudadanos tiene mucha responsabilidad en el hecho de que no haya cambiado nada en educación en Madrid. Están permitiendo la estrategia salvaje de desmantelamiento de la enseñanza pública que ya aplicaba Aguirre y Figar y que prosigue Cifuentes. No sé a qué esperan los grupos parlamentarios de la oposición para reprobar en la Asamblea de Madrid, al consejero de Educación y a la presidenta Cifuentes, por la política de desmantelamiento que imponen sin ningún diálogo y negociación y exigir su inmediata paralización.

Los institutos afectados, los sindicatos de Educación, la Marea Verde, varias Plataformas en Defensa de la Escuela Pública y organizaciones estudiantiles y vecinales están coordinando y organizando las resistencias y luchas antes de que acabe el curso para frenar el ataque. Acaban de convocar una concentración general hoy, 18 de mayo, ante la Consejería de Educación. Habrá que asistir por solidaridad, en defensa de lo público y  por interés directo: si cierran estos ciclos nuestros alumnos que acaban la ESO tendrán más dificultades para encontrar plaza. También, para exigir una FP pública de calidad que reduzca las ratios y mejore las instalaciones y los equipos al servicio de la formación de los buenos profesionales que el país necesita.