Pasar del lamento a la acción: huelga educativa el 26O

No es fácil encontrar a una profesora o profesor que no comente el cansancio que sufren al acabar la semana. Da igual que sea de Infantil, de Primaria o de Secundaria. Lo dicen incluso los que nunca se quejan. La razón es muy clara: los recortes pasan factura. No se pueden detraer 8.000 millones de euros en educación y pensar que no pasa nada. Las consecuencias negativas sobre la calidad de la educación han sido paliadas por el compromiso de la comunidad educativa, especialmente del profesorado, con la escuela pública. Pero el nivel de estrés, de saturación, de concentración de problemas, de papeleo, etc. está ocasionando un fuerte malestar docente que se palpa en las salas de profesores y en los claustros. 

El 26 de octubre está llamada a la huelga toda la comunidad educativa. La huelga es estatal y en comunidades como Madrid coinciden en la convocatoria los estudiantes, las familias y la mayoría de los sindicatos (CC.OO, FETE-UGT, STEM y CGT); en otras zonas del Estado son el Sindicato de Estudiantes y otras organizaciones estudiantiles, la CEAPA y algunos sindicatos, según la comunidad autónoma. Pocas veces han existido tantos motivos para la protesta. Veamos:

1. El rechazo de las reválidas. Si hay un anacronismo especialmente sangrante en la LOMCE son las reválidas. Es, directamente, un retorno al pasado, a las reválidas franquistas, aunque estas sean neoliberales, pero tienen la misma finalidad: segregar, excluir y sancionar. Y lo harán especialmente con el alumnado de familias obreras, sacando a muchos jóvenes del sistema educativo. Porque las reválidas en sí mismas no cambian ni mejoran en nada la educación. Hasta en el tardofranquismo se suprimieron con la ley General de Educación de 1970 y se sustituyeron por la evaluación continua. Pero el gobierno del PP está empeñado en aplicarlas y aprobó la norma para ello en pleno verano. A la mala intención de fondo hay que añadir la chapuza del Ministerio de Educación que sigue sin decir cómo serán y cómo se financiarán. Ello hace que todas las comunidades autónomas –incluidas las cinco del PP- estén planeando al gobierno que la aparque y mantenga la Selectividad. Mientras tanto, el alumnado de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato -y sus profesores- hemos empezado el curso sin conocer cómo serán esas reválidas en las que se jugarán en el futuro todo su historial académico.
2. La derogación de la LOMCE. Esta ley sigue siendo políticamente polémica y educativamente desastrosa. Hace unos días, el Congreso de los Diputados volvió a aprobar por 175 votos su derogación en una Proposición No de Ley. Es una ley tan disparatada que acabará cayendo. El problema está en que se sigue aplicando, a pesar de las propuestas que los expertos han hecho para evitar daños irreversibles. Algunas muestras son -además de las pruebas externas y las reválidas citadas- la reducción del periodo de enseñanza comprensiva y la segregación del alumnado en vías muertas, como la Formación Profesional Básica y los PMAR. Los recientes criterios de promoción en la ESO no son otra cosa que el disfraz de la mentira de un supuesto éxito escolar (mejora del índice de idoneidad, o relación entre la edad y el curso), al permitir pasar de curso con el triple de suspensos que anteriormente; al final se podrán encontrar alumnos en 4º de ESO hasta con 8 asignaturas pendientes. Urge sustituirla por un nuevo marco normativo con un amplio consenso social, político y territorial, para que no esté sometida al chantaje de la jerarquía eclesiástica y de las empresas privadas de la educación concertada. Y eso es posible conseguirlo en base a lo que se viene planteando en el documento de Bases para una  Nueva Ley Educativa, elaborado con un amplio respaldo de la comunidad educativa.
3. La reversión de los recortes. Es una cuestión primordial. El gobierno se ha comprometido con la troika en bajar hasta el 3,9% del PIB en educación, cuando la media de la UE está en el 6,2%. ¿En qué se traduce esta reducción drástica que acompaña a la LOMCE?  Es un estudiado proceso de deterioro de la educación pública y es una silenciosa privatización: no se venden los colegios e institutos públicos, se deterioran con los recortes y la ley y se intentan vaciarlos de alumnado.

Ante los recortes, el profesorado no puede hacer un poco menos o un poco peor su trabajo, sino que intenta seguir haciendo lo mismo, con más tiempo y más dedicación. El gran esfuerzo –y no exagero- que se realiza en la escuela pública para evitar el impacto negativo de los recortes está provocando un serio problema laboral. El sobreesfuerzo se traduce en agotamiento y tensión por las altas ratios, la falta de profesorado, las no sustituciones a tiempo de las bajas, el ensanchamiento de los horarios lectivos, el exceso de burocracia y la concentración de alumnado con necesidades educativas especiales y de compensatoria. Este último tema es muy importante. Hay que exigir una educación inclusiva y que los alumnos con dificultades se repartan entre todos los centros: no debe pagarse ningún concierto a centros que seleccionan al alumnado y no asumen a este alumnado. En este sentido, es una vergüenza lo que viene sucediendo en la comunidad de Madrid y permite el gobierno del PP.

El profesorado tenemos que seguir haciendo bien nuestro trabajo -no sólo lo mejor posible- conscientes de que lo hacemos por nuestro alumnado y no por la administración. La manera de no sentirnos explotados y manipulados es movilizarse cuando llega el momento, hacer huelga y salir masivamente a la calle para rechazar la política educativa de un gobierno irresponsable. Si alguien piensa que no sirve de nada la movilización, tenga por seguro que quejarse en los pasillos no va a cambiar las cosas. Está claro que la derecha quiere cargarse la educación pública tal como la conocemos: trabajan con el horizonte de darle un carácter secundario y residual. No hay que permitirlo, es el momento de dejar los lamentos y pasar a la acción. El 26 de octubre tenemos la oportunidad de hacerlo toda la comunidad educativa junta. La Marea Verde sigue viva en defensa de la Educación Pública.