Marea Granate pide ampliar los plazos de voto para 520.000 emigrantes gallegos y vascos
Una vez más, Marea Granate denuncia las trabas con las que se encuentran los españoles residentes en el extranjero para poder ejercer el derecho al voto. Con motivo de la celebración de elecciones autonómicas en Euskadi y en Galicia del próximo 25 de septiembre, esta plataforma de españoles residentes en el extranjero reclama que se amplíen los plazos de voto, tanto el plazo para reclamaciones como el del ruego de los votos y del envío de los mismos, además de que se den mayores facilidades para agilizar todos los trámites que deben completar los residentes en el extranjero. Un total de 446.235 gallegos y 69.130 vascos viven, actualmente, en el exterior, y para poder ejercer el derecho al sufragio tendrán que cumplir con una serie de trámites y unos plazos muy ajustados.
María Almena, una de las portavoces de Marea Granate, lo relata así: "Para las autonómicas de Galicia y Euskadi creemos que se tienen que ampliar los plazos, algo que ya se hizo para las elecciones generales de junio". "Ya que la Junta Electoral adoptó estas medidas en las generales, que lo siga haciendo. Los partidos políticos lo deberían reclamar desde ya para que se puedan ampliar estos plazos", exige esta activista residente en Francia. "La Junta Electoral en las generales amplió el plazo de ruego porque empezaron ellos tarde a facilitar las claves telemáticas y llegaron con mucho retraso", recuerda esta portavoz. "Ampliaron, en primer lugar, el proceso de solicitud para los residentes permanentes y luego para los temporales. Después también ampliaron los plazos de envío de los votos, primero también para los residentes permanentes y luego para los temporales", describe. "Ya lo han hecho una vez, sabemos que se puede volver a hacer", asegura.
Considera esta portavoz que en esta ocasión, además, se dan algunas circunstancias especiales que hacen que la ampliación de los plazos sea más necesaria. "La ya anunciada impugnación, por parte de algunos partidos, de la candidatura de EH-Bildu encabezada por Arnaldo Otegi puede hacer que el envío de las papeletas hacia el extranjero se retrase, reduciendo el plazo de envío de los mismos", informa Almena, en relación con el anuncio de PP, C's y UPyD de que impugnarán la lista electoral encabezada por el dirigente abertzale para las elecciones vascas. Por otro lado, la activista considera que las fechas estivales y el mes de septiembre complican en gran medida que los emigrantes gallegos y vascos puedan llevar a cabo los trámites para poder votar. "La elección de esta fecha conlleva varios problemas, en primer lugar, las propias fechas elegidas para anunciar los comicios han cogido a muchas personas de vacaciones y, por tanto, desconectadas de la actualidad informativa o viajando, lo que dificulta que puedan llevar a cabo los trámites", comenta Almena.
El censo de votantes en el extranjero para ambos comicios autonómicos se cerró el pasado 1 de junio y el periodo en el que los emigrantes gallegos y vascos podían reclamar su inclusión en el censo concluyó el pasado lunes 15 de agosto, por lo que piden desde Marea Granate que se aumente el plazo para las reclamaciones. "Incluso si lograron ser incluidos a tiempo, se da la dificultad añadida de que la totalidad del periodo de ruego del voto recae en el mes de agosto, del día 3 al día 27, justo cuando muchos emigrantes se encuentran fuera de su ciudad habitual de residencia y no pueden realizar los trámites", se quejan desde esta plataforma. "A estos miles de gallegos y vascos que viven en el exterior se sumarán muchos ciudadanos más, pues septiembre es la fecha elegida por muchas personas para emigrar, a lo que hay que añadir a miles de estudiantes que abandonarán el territorio español para marcharse de Erasmus o realizar otro tipo de programas de intercambio académico en el extranjero", asegura Almena.
"Lo que pedimos no es más que una administración sensible con la emigración, que no nos olvide, que se adapte un poco a nuestras necesidades, que tenga en cuenta las dinámicas de la población residente en el extranjero y que ponga facilidades para que podamos ejercer este derecho", explica esta activista de la Marea Granate. También quieren que se faciliten y agilicen los trámites que se ven obligados a realizar los emigrantes para poder votar, que en muchos casos requieren que los solicitantes del voto tengan que asistir de forma presencial a los consulados, lo que en muchas ocasiones implica desplazamientos de muchos kilómetros hasta el consulado y tener que pedir permiso en los trabajos para poder ausentarse y poder votar. "En algunos consulados ya se están cambiando estas dinámicas, pero no es algo generalizado, porque desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no se les da la orden", informa Almena.
Advierten desde esta plataforma de que si no se toman estas medidas, "la participación caerá estrepitosamente una vez más". "Siempre vota menos del 5 por ciento del censo. En elecciones autonómicas, el porcentaje baja", asegura Almena, quien vaticina: "Teniendo en cuenta que cae en periodo de vacaciones, prevemos que será bastante inferior". En las pasadas elecciones generales del 26J, una gran mayoría de los casi dos millones de personas que viven el exterior se quedaron sin votar, tal y como adelantó cuartopoder.es. En junio, sólo 120.000 personas, de los casi dos millones censados en el exterior, lograron depositar el voto, un 6,25%. Por ello, los activistas de la Marea Granate volvieron a protestar en las calles de diferentes ciudades del planeta.
Reforma de la Ley Electoral
Una reivindicación histórica de la Marea Granate es la reforma de la Ley Electoral. "Pedimos una reforma amplia, que se derogue el voto rogado, pero no solamente eso. Queremos que la reforma se haga con seriedad, con la participación de los colectivos involucrados, de la Marea Granate y otras plataformas de emigrantes", declara Almena. "Pedimos también la circunscripción exterior, que se nos dé el trato político adecuado a la emigración, una reforma garantista que nos dé representación en el Parlamento, que se traten en el Congreso los problemas de los emigrantes", añade la activista.
Albert Rivera, en las seis condiciones que puso la semana pasada a Mariano Rajoy para que C's vote a favor de su investidura, planteó una reforma de la Ley Electoral que, entre otras cuestiones, pusiera fin al voto rogado. "Nos alegramos de que la reforma de la Ley Electoral se haya metido en el debate público, que el escándalo se haya visibilizado. Esperamos que tenga cierto consenso del arco parlamentario guiado por las plataformas ciudadanas y que se lleve a cabo pronto esa reforma", valora Almena.
