El PSOE acusa al Gobierno de poner en riesgo la salud de los ciudadanos al privatizar progresivamente la Sanidad

Es evidente. En sólo 6 meses de Gobierno del PP, la sanidad pública ha pasado de ser el servicio mejor valorado por los ciudadanos en las encuestas del CIS a convertirse en una de sus cuatro principales preocupaciones. Los recortes y el copago no han generado inquietud: han engendrado miedo. Y el fantasma de la medicina norteamericana en la que se deja morir a quien no tiene dinero para hacerse una operación, ese que aparece en las películas que reflejan la realidad, recorre el espinazo de los españoles de a pie.

Un cuidadoso y detallado análisis del PSOE de lo que ya suponen las modificaciones introducidas en el sistema sanitario pone los pelos de punta. Se entiende que en el soporte documental del informe se destaque que con los recortes, el copago y el medicamentazo, “cada día es más evidente que su intención (la del Gobierno) es abrir la puerta a la paulatina privatización de la sanidad”, aunque ello conlleve, como sucede, la puesta en riesgo de la salud de los ciudadanos.

Tienen razón cuando aseguran que Rajoy ha cambiado el modelo de sanidad pública al convertir el sistema de derechos que teníamos en uno de aseguramiento, lo que rompe las garantías de universalidad definidas en la Ley General de Sanidad de 1986, la de Cohesión de 2003 y la de Salud Pública de 2011, que se aprobaron en el Congreso con el consenso de todos. De hecho, el PSOE entiende que la nueva normativa es inconstitucional y su dirección ya ha anunciado que va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Pero, más allá de discusiones jurídicas, las medidas ponen de manifiesto la intencionalidad de los recortes de PP. Buen ejemplo es la implantación del copago sanitario y farmacéutico. Desde el 1 de julio, los pensionistas serán obligados, por primera vez en nuestra historia democrática, a pagar una parte de sus medicinas. Y más adelante, todavía sin fecha, el copago también afectará a pacientes con enfermedades raras y enfermos crónicos, al tiempo que será obligatorio pagar las prótesis externas como collarines, férulas, muletas y sillas de rueda, y el transporte sanitario no urgente, incluido el del enfermo crónico que acude a recibir periódicamente su tratamiento. Además, 400 medicinas de uso común quedarán fuera del sistema público desde agosto y los pacientes tendrán que pagarlos en su totalidad aunque los recete el médico, incluidos los pensionistas, los pacientes con enfermedades raras y los enfermos crónicos.

El PSOE, IU y toda la izquierda estatal sin excepciones se oponen frontalmente por el hecho de que las personas afectadas son las más vulnerables y con más necesidades, como las personas mayores, los enfermos crónicos y los pacientes con enfermedades raras. También porque la nueva normativa rompe el principio de solidaridad porque penaliza al enfermo con un “repago”. Hasta ahora, el ciudadano contribuye muchos años con aportaciones económicas al sostenimiento del sistema sanitario, aunque no lo use. Pero a cambio, cuando lo necesitaba, lo podía utilizar sin ningún coste adicional. A partir de ahora, si no lo usas, pagas, y cuando lo necesitas, pagas de nuevo o no lo tienes.

A todo ello se suma que supone una bajada de pensiones encubierta, porque frente a la subida de sólo un 1%, el copago farmacéutico y el pago íntegro de medicinas habituales como antiinflamatorios, antiácidos como el Almax, laxantes, fármacos para el reumatismo, la dermatitis, los herpes, los catarros, la sequedad en vías respiratorias..... y así hasta 425 medicinas.

Otro motivo de indignación lo supone la puesta en marcha de un copago sin crear el sistema que garantice los reembolsos. Desde ya, los pensionistas empiezan a pagar por sus medicinas en las farmacias, pero lo harán en función de su renta y hasta un tope. Todo lo que exceda de ese tope les será reembolsado… supuestamente. Lo malo es que era necesaria la implantación de un sistema técnico y logístico que brilla por su ausencia. Lo único que queda garantizado es el caos. Porque la incertidumbre sobre los detalles de su aplicación ya se ha extendido entre pacientes, médicos y farmacéuticos.

Los pensionistas no saben qué tienen que hacer. Muchas farmacias no han recibido instrucciones y las administraciones autonómicas tampoco han tenido tiempo de tenerlo todo listo para cuando empiece a aplicarse. Y tampoco queda claro cómo se harán los reembolsos, lo cual hace temer que al final no se produzcan.

De momento, Euskadi no aplicará el copago, y en Andalucía los pensionistas no adelantarán lo que no deban pagar. En Galicia y Cataluña han decidido seguir el ejemplo y aplicar una norma similar a la anunciada por Andalucía.

Pero lo peor es que todas las medidas no van a generar el ahorro que dice el Gobierno y que de lo que consiga ahorrar no va a destinar nada a la Sanidad. El operativo técnico y organizativo que precisa, por ejemplo, el copago farmacéutico, unido al aumento del gasto de su gestión, va a producir unos costes que pueden anular e incluso superar lo que se pretende ahorrar.

Los socialistas acusan al Gobierno de que quiere hacer creer a los ciudadanos que nuestro Sistema de Salud es muy caro y resulta insostenible. Pero demuestran que no es verdad con los últimos datos disponibles de la OCDE (2011). Evidencian que en el 2009, el gasto sanitario público como proporción del PIB alcanzó 6,5% en España, dos puntos menos que la media de otros países europeos.

Lo dicho. Rajoy sigue los pasos de Margaret Tatcher y a la postre acabará llevándonos al mismo sitio que ella arrastró a los ingleses. Han tenido que pagar a precio de riñón el rescate de los hospitales que privatizó porque acabaron quebrando. ¿Quién no conoce las excelencias de la gestión privada?