Los repartidores de periódicos: “Estamos dispuestos a distribuir mañana si se sientan a negociar”

  • Los quioscos de Madrid llevan una semana sin recibir periódicos después de que los repartidores de prensa hayan decidido no distribuir
  • El contrato mercantil que les une a Boyacá expira el próximo 30 de agosto, pero aseguran que la empresa no quiere negociar

Unas 240 familias están pendientes de una fecha: el 30 de agosto. Es el día en el que acaban los contratos mercantiles que tienen más de dos centenares de transportistas autónomos con la distribuidora DIMA, del Grupo Boyacá. Son los encargados de llevar cada madrugada los periódicos a los 1.500  quioscos madrileños, pero desde hace una semana no lo hacen. Se quejan de que llevan un año intentando renegociar sin éxito las condiciones de un nuevo contrato, pero la empresa no les escucha: “Para renovar el contrato, exigen la salida del 50% y que los que se quedan soporten una rebaja del 50% de la facturación”, explica a cuartopoder.es Julián Moreno, uno de los repartidores. “Estamos dispuestos a repartir mañana mismo si la empresa se sienta a negociar”. Este viernes han lanzado una carta en la que se comprometen con los vendedores a que “la llegada de productos no se vea perjudicada”.

La primera aclaración es que no es una huelga, sino un paro patronal. Los ‘ruteros’ no tienen derecho a huelga porque en su mayoría son autónomos. Mientras la empresa mantiene el bloqueo, las consecuencias de no repartir recaen sobre otros autónomos: los quiosqueros, que llevan casi una semana sin vender periódicos. En un comunicado distribuido el jueves, la empresa asegura que “se está logrando abastecer casi el 50% de los puntos de reparto” y cifra las pérdidas en 270.000 € diarios con cada jornada. También anuncian que han solicitado a Delegación del Gobierno “permiso para contratar vigilantes privados que acompañen y protejan las rutas de distribución, ante las amenazas y coacciones de los repartidores”.

Los ruteros creen que hay un intento de criminalizar su protesta. En otro comunicado anterior, Boyacá había desvelado las condiciones mercantiles “privilegiadas” y “fuera de mercado” que expirarán el próximo 30 de agosto. “Su retribución aproximada es de 4.500 euros mensuales por dichos 15 días de servicio en rutas de Madrid Capital”, asegura el documento colgado en su web. Moreno matiza los datos: “Con ese dinero, nosotros pagamos los gastos de la Seguridad Social, los impuestos, los seguros de nuestros vehículos y todos los gastos derivados. Somos falsos autónomos“, asegura aludiendo a que tienen horario y una ruta establecida fijada por la empresa, que además tiene el monopolio del mercado de la distribución.

Todo comenzó el pasado jueves: “Cargamos y decidimos no salir hasta que viniera alguien a hablar con nosotros que tuviera poder de decisión“, explica Moreno. No llegó ningún interlocutor, pero sí los antidisturbios, que los desalojaron de la planta de reparto en Torrejón de Ardoz. Desde entonces, siguen reuniéndose, pero no distribuyen periódicos. En su lugar, los ruteros hacen asambleas, marchas nocturnas por la capital y se desplazan en piquetes informativos para explicar sus reivindicaciones y “vigilar” si llega prensa a algunos quioscos, tal y como afirman algunos quiosqueros consultados por cuartopoder.es.

“No hay detenidos con cargos”, explica Moreno sobre el incidente que tuvo lugar el sábado por la noche en el que se detuvo a tres repartidores que impidieron el reparto a una furgoneta en la calle O’Donnell. La Policía Nacional confirma a este medio que ha habido algunas denuncias, pero no especifica el número ni ofrece ningún dato más. El sindicato CGT ya ha emitido un comunicado de condena por “la represión sindical contra los repartidores de prensa de Madrid”. Dos versiones muy distintas de un mismo conflicto.

Este viernes, los repartidores han lanzado una carta por los puntos de venta en la que se comprometen a que “la llegada de los productos no se vea perjudicada por nuestra labor informativa”.

Los quiosqueros, desesperados

“He preguntado qué hacía con los periódicos que me han sobrado y me han dicho que los tire a la basura. Llevo años vendiendo diarios y esto nunca me había pasado. Yo aprecio mucho el papel y me cuesta hacer esto”, explica un quiosquero del barrio de Chamartín sobre la dificultad de la empresa incluso para recoger los ejemplares. Este profesional es un auténtico enamorado de su trabajo y disfruta leyendo o recomendando libros y revistas a sus clientes, pero desde hace días se acercan menos personas a por sus productor: “El periódico también es un reclamo”, asegura. Conserva viejos ejemplares de El País o de Diario 16, por eso, para él es un auténtico sacrilegio tener que tirar a la basura la mercancía.

Este quiosquero no se plantea ni siquiera reclamar una indemnización a la empresa por los daños causados durante estos siete días, en los que Boyacá no ha sido capaz de garantizar el servicio completo. Lleva días sin recibir El Mundo, pero la escasez empieza a afectar también a la venta de revistas como Telva o Pronto, de las que las se llevan otro pellizco. Durante la semana, ha recibido algunos ejemplares de El País y ABC, pero se la entregaron unos “jóvenes” que no eran sus repartidores habituales.

“No sé si echar el cierre mañana”, confiesa otro quiosquero de Tetuán a este diario, en una zona menos céntrica. Lleva una semana sin periódicos y solo ha recibido ejemplares en una ocasión. Ante la desinformación, ha preguntado a algunos colegas del gremio, pero hay mucha confusión. Algunos han recibido prensa y se ofrecen a darle algunos ejemplares y otros le recomiendan que se acerque a una comisaría en la que podrá recoger algunos periódicos. “No sé por qué hay algunos quioscos en los que siguen repartiendo y otros no“, confiesa. Cada día reporta las pérdidas, pero afirma que la interlocución con la empresa es difícil y nadie le informa de si al día siguiente tendrá o no periódicos.

“Los quiosqueros están teniendo unas pérdidas de facturación diarias de 250 euros“, explica Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que califica de “injustificable” los incumplimientos de Boyacá con sus clientes. “El Corte Inglés no tiene problemas de abastecimiento”, ironiza tras asegurar que a los suscriptores particulares y a los grandes distribuidores sí les llegan los productos. Por ello, anima a los propietarios de los puntos de venta a “reclamar las indemnizaciones económicas por el incumplimiento del servicio”.

UPTA no entra a valorar los motivos de la protesta, pero sí está preocupada porque los quiosqueros se vean afectados por un conflicto en el que no están implicados. Esta situación ha puesto de manifiesto la fragilidad del negocio de quioscos. Cada vez se vende menos prensa escrita, de cada ejemplar los puntos de venta se llevan un pequeño margen (Abad lo valora en un 10%) y tienen que competir con la prensa digital y con las grandes cadenas de distribución. “A un bar le dejan el periódico más barato que a mí”, se queja un quiosquero sobre cómo se ha debilitado el sector en los últimos años.

Que un paro de siete días ponga en jaque a miles de quiosqueros es un síntoma de lo poco que se ha cuidado a estos profesionales. Abad va más allá: “Hace años que se tenía que haber puesto sobre la mesa la Ley de distribución para proteger al pequeño autónomo. Los que vertebran la distribución de productos son los que más desprotegidos están”, explica. El monopolio también les perjudica. Si Boyacá no distribuye, simplemente, no hay nadie más a quien llamar.

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