La letra pequeña de una gran mentira fiscal

“Que si vamos a recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio”. “Que si vamos a aprobar un impuesto especial sobre las grandes fortunas”. “Que si hemos propuesto al G-20 la supresión de los paraísos fiscales”. “Que si vamos a establecer un tributo complementario para las entidades financieras”. Que si patatín que si patatán. Con esta cantilena de amagar y no dar llevamos más de dos años, un tiempo durante el que don José Luis Rodríguez Zapatero y su ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, han intentado convencer a la opinión pública de que, con dichas medidas, restablecerían la maltrecha equidad fiscal que soportan los trabajadores de nuestro país (incluidos los desesperados sin empleo que no traspasan el límite de la mera supervivencia). Y no sólo eso. Porque, igualmente, esas iniciativas que nunca han salido de su primitivo estado gaseoso también contribuirían a liquidar a los especuladores y tiburones que se comen lo que les apetece en los mercados financieros, a disminuir el riesgo irracional de algunos productos bancarios y, en definitiva, ayudarían a la economía productiva a recuperar el pulso que ha perdido en esta larga fase de recesión-contracción- y no se sabe lo que viene.

Por su parte, el señor Pérez Rubalcaba no sólo ha sido un miembro destacado del Gobierno que ha propulsado esas ideas tributarias jamás llevadas a la práctica. Ahora que es un verso suelto y no tiene compromisos oficiales para celebrar la fiesta del 20 de noviembre resulta que, como le pasa a su exjefe, tampoco se libra de los gatillazos fiscales. El pasado lunes, sin ir más lejos, el número uno de las listas electorales del PSOE insistió otra vez en lo mismo y nos confesó a todos que si le trasladamos al Palacio de La Moncloa se gastará 2.500 millones de euros anuales –recaudados con cargo a la imposición patrimonial y a su futuro gravamen sobre la banca– en ayudas a los jóvenes sin empleo.

Como se ve, son todas cuestiones distintas pero conexas. El aroma que rezuman todas y cada una de ellas es la percepción política del malestar del pueblo sobre las causas y, al mismo tiempo, sobre las consecuencias de la crisis. En el medioambiente social se respira un aire contaminado por la injusticia que muchas personas sienten al intuir que los principales agentes de sus problemas –los dueños y directivos de los bancos, así como los titulares de grandes capitales financieros– no sólo han salido indemnes de la recesión y sus eventuales responsabilidades han quedado limpias de polvo y paja ante los tribunales, sino que, para más inri, también continúan aprovechándose de la crisis prevaliéndose de la debilidad de los Estados. Debido a ese ánimo tan extendido, y ya sea para mejorar su imagen o enderezar un poco su mala conciencia, el Gobierno del PSOE y su candidato navegan entre dos aguas intentando complacer simultáneamente a los inversores en los mercados de capitales, especialmente los de la deuda, y su electorado natural, que desde hace más de un año les ha vuelto la espalda. Lógicamente, se trata de una misión imposible aunque, en mi opinión, el estado de necesidad política de los socialistas les conducirá probablemente a llevar al BOE, si tienen la ocasión, una o varias medidas aisladas, como la recuperación de alguna modalidad de imposición patrimonial, más simbólicas que otra cosa.

Digo que los socialistas no pueden salir airosos de esa contradicción porque, constituyendo una sociedad de responsabilidad limitada en la génesis de la crisis financiera (que es de naturaleza mundial), son mucho más responsables de su gravísima coyuntura doméstica en la actualidad, que entraña una trampa casi mortal no sólo para las finanzas españolas sino también para la salud pública de nuestras instituciones democráticas, comenzando con el daño hecho al prestigio de la Ley como garantía suprema de la convivencia. Hoy somos pobres por nuestros propios pecados, por una gestión gubernamental de la crisis que no es que se haya excedido en el volumen del gasto para estimular la demanda. No. Lo que ha hecho pésimamente el Gobierno es agotar los recursos en una asignación más que discutible del gasto, y en financiarlo no con un sistema fiscal que no ha querido reorganizar cuando había tiempo, sino con unos medios menos indoloros en el corto plazo como ha sido y es la emisión constante de deuda pública. Y, lo que es mucho peor, con una estrategia tributaria irracional que ha favorecido en gran medida, vía deducibilidad del gasto financiero privado, el endeudamiento excesivo de los particulares y, sobre todo, de las empresas (especialmente las entidades financieras, como veremos enseguida). España ha sido durante los últimos años una fiesta continua con un sistema fiscal cada vez más débil que ha propiciado, a falta de correcciones imprescindibles que no se han hecho, un volumen de la deuda privada sobre el PIB que se nos ha ido de las manos. El propio Director General de Tributos, Jesús Gascón Catalán, no ha tenido otro remedio que cantar la palinodia en un reciente congreso de la principal asociación de asesores fiscales de nuestro país. ¿El resultado más evidente de todo este cúmulo de disparates? Pues la tristeza que produce contemplar cómo la soberanía de la Ley está siendo utilizada por el Gobierno a la manera de los hurtos famélicos, como los pobres de solemnidad hambrientos que rebañan en todos los platos ajenos para llevarse algo a la boca, aunque tengan que implorar incluso a los gánsteres menos recomendables para su antigua dignidad, ya perdida (la de la Ley y la de ellos). Lo peor de la crisis son las mentiras continuas del Gobierno, por acción u omisión, según cada caso. Pero el enredo casi indescifrable que les paso a contar se lleva la palma del disimulo político.

Hace muy pocos días tuve la oportunidad de comentarles el papelón que, desde abril de 2008, está realizando el Gobierno español para colocar sus títulos en los mercados de deuda. Les hablé en esa ocasión de la ampliación de la exención en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los rendimientos obtenidos por los compradores de Deuda del Estado (y de otros instrumentos de renta fija), aunque esas inversiones procedan de paraísos fiscales. Es decir, esos capitales (muchos de ellos de origen ilícito) se benefician, con todas las bendiciones de la Ley, de una tasa de interés exorbitante (en la subasta del pasado 5 de septiembre, con una prima de riesgo de nuevo muy superior a los 300 puntos básicos con relación al bono alemán a diez años, y pese al alarido de la reforma constitucional en curso, el Tesoro español se comprometió al pago de una rentabilidad por encima del 5%) y, por si eso fuera poco, completamente libre de impuestos. El interés general hace agua y pierde por ambos lados, el de los ingresos tributarios que no se cobran, y el del gasto financiero que se paga a tocateja. El bochorno no se detuvo aquí, pues en diciembre de 2008 el Gobierno puso su primer granito de arena –realmente una roca de piedra- para que esos inversores que tanto necesita ahora conservaran su anonimato frente a… la propia Administración Tributaria española.

Durante este agitado verano de 2011, como quien no quiere la cosa, el Gobierno ha clavado hasta el fondo, con su martillo legal, la última tachuela que garantiza la impunidad fiscal completa a los residentes en paraísos fiscales, creando un cortafuegos informativo infranqueable entre esos individuos y los funcionarios de los órganos de gestión e inspección de la Agencia Tributaria. Desde el 1 de agosto –mientras los ciudadanos que han podido permitírselo se daban un merecido chapuzón veraniego en la playa–, todos los pagos de intereses de la Deuda Pública devengados a favor de no residentes (con independencia de dónde se encuentren sus domicilios) serán satisfechos ad libitum. Cualquier inversor en valores españoles necesita ineludiblemente, para el cobro efectivo de sus rendimientos, disponer de un número de identificación fiscal (NIF). ¿Todos? No, porque a partir de esa fecha las personas no residentes (sin exclusión) que inviertan en Deuda Pública (salvo que el rendimiento lo perciba un establecimiento permanente en nuestro país) no sólo estarán exentos de tributar (como ya lo están desde abril de 2008), sino que podrán cobrar las rentas sin necesidad de disponer del preceptivo número de identificación fiscal. Bastará con que acrediten ante la entidad pagadora (no ante ninguna oficina administrativa) su condición de no residentes en España “a través de un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades fiscales del país de residencia o bien mediante una declaración de residencia fiscal ajustada al modelo y condiciones que apruebe el Ministro de Economía y Hacienda”.

Aquí paz y después gloria. Y si te he visto no me acuerdo. Lo mejor de todo es que el Real Decreto que cercena el derecho a la información tributaria de las autoridades españolas, ilegible en su complejidad técnica para el ciudadano común y para el profano en asuntos fiscales, reconoce, aunque de forma críptica, que la exención no beneficia únicamente a las rentas derivadas de la Deuda Pública. Como una ostra que abre un poquito su concha y nos enseña su perla más íntima, la exposición de motivos del Real Decreto citado, en el que jamás se menciona la expresión paraíso fiscal (sólo se refiere a determinados inversores), tiene sin embargo el pequeño detalle, en apariencia anodino, de decirle al lector lo que sigue: “Esto último [la eliminación de la obligación de informar de los rendimientos de la Deuda Pública] en coherencia con el alcance anteriormente citado de la exención de rentas, que afecta igualmente, por el juego de remisiones de la normativa, a la deuda privada”. ¿A qué deudas privadas se refiere? Pues a las que tienen las entidades financieras españolas a través de la emisión directa de participaciones preferentes o por mediación de sus filiales en el extranjero. ¿Y por qué? Porque, por el juego de remisiones de la normativa (en este caso bancaria, que no fiscal, como puede verse en la Ley 6/2011, de 11 de abril, que modifica la Ley 13/1985, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros), resulta que los prestamistas de los bancos españoles (aunque residan en un paraíso fiscal) disfrutan del mismo trato de favor concedido por la Ley a los recursos obtenidos por el Tesoro. Con lo que el Estado y los bancos son en estos momentos, caracterizados por la gran burbuja de la deuda, algo así como una sociedad de socorros mutuos, dos hermanos gemelos que han confundido lo público con lo privado, dos monstruos que, a pesar de que nos han hecho la pascua a los ciudadanos, no pueden caer porque si no nos aplastarían a todos. Naturalmente, las relaciones incestuosas no se exhiben con luz y taquígrafos. De ahí las vueltas enrevesadas que uno (en nombre propio y en el de su hermano de sangre) le ha dado al BOE.

Genial. Mientras que a los ciudadanos que vivimos en este país el Gobierno y el PP nos han embutido en la faja de acero inoxidable de la Constitución para que no engordemos (con la reforma del déficit y la deuda algunos dicen que sólo nos van a dar pan y agua para mantener el tipo en el futuro), a los inversores no residentes, vengan de donde vengan, se les da la licencia de estraperlistas. ¿Cambiará todo esto, si conquista el poder, el gran patriota que es don Mariano? Ya oigo las respuestas del lector. Caliente, caliente...