El ‘blanqueo’ de la ministra de Hacienda

¡Mira que lo advirtió el ya presidente del Gobierno en funciones cuando entró por primera vez en el Palacio de La Moncloa!: “No sabéis lo que se puede hacer con el BOE”. Sí, se puede hacer mucho, desde luego. Parece mentira que políticos con una larga trayectoria a sus espaldas y con ganas de seguir en el ruedo no hayan dado el crédito que se merece a esa frase de Rodríguez Zapatero. Menos excusa aún tiene esa incredulidad en colegas que no sólo conocen de sobra al presidente, sino que incluso ellos mismos han ejercido la profesión al máximo nivel y son personas leídas, trabajadas y viajadas debido a sus altas responsabilidades, domésticas e internacionales. Por eso me rieron las cosquillas al enterarme por el compañero Luis Díez de las contundentes respuestas a la crisis económica que se barajaron en el Foro Socialista reunido, al son de la batuta maestra de Felipe González y con la presencia estelar del candidato Pérez Rubalcaba, bajo el nombre tan prometedor de “Gobernar el cambio global”. Todo me pareció excesivamente vanguardista, pero lo más revolucionario de la tenida socialista creo que fue la propuesta lanzada a la magna asamblea por la ex ministra Cristina Narbona, que actualmente representa a nuestro país en el club más selecto de la economía internacional. Cristina Narbona es la embajadora de España ante la OCDE y debe conocer estupendamente todos los intersticios de la economía global. Con ese diploma en la mente y en el corazón, la antigua ministra de Medio Ambiente y redactora presente del programa con el que competirá el PSOE en las elecciones del 20 de noviembre defendió con el semblante muy serio que todos los progresistas del mundo -¡Bienaventurados los hombres y las mujeres de buena voluntad!- deben combatir sin tregua a los paraísos fiscales. Cristina pone muy buena intención en todo lo que hace, pero debe leer más a menudo el BOE y hacer caso (de verdad) a Rodríguez Zapatero. De lo contrario escribirá el programa de su partido como si fuera un cuento de hadas para modistillas madrileñas que buscan marido en la ermita de San Antonio.

¡Bonito cuento el que nos ha contado muy delicadamente Cristina al alimón con su compañera de partido y ministra de Hacienda, Elena Salgado! Me lo llevaré con una linterna al Cementerio de la Almudena y lo leeré en clave nocturna en el mejor estilo gore con unas gotas de terror, novela gótica, aullidos de lobos a la luz de la luna, y olor old fashion a vampiro. El BOE es un laberinto de pasiones encontradas. El Boletín Oficial del Estado es el bien y el mal, el ying y el yang, la pera y la repera. En el BOE se publica el Código Penal pero también –y perdonen que me ponga grandilocuente –el Código Satánico. Con letras muy grandes se anuncian en el Boletín las buenas obras del Estado. Y con letra pequeña y tinta simpática sale ante el respetable el hedor de las alcantarillas. La vida oficial y la vida real (esta última debidamente maquillada y con gafas de sol).

En la jerga administrativa de los burócratas de la Unión Europea los paraísos fiscales reciben el nombre de “países terceros no calificados como equivalentes”. No son equivalentes –va de suyo- el Estado de Derecho (un concepto político que procede de la mejor cultura europea) y los antros jurídicos bajo cuya protección estatal se refugian, entre otras, las bandas de delincuentes internacionales que ocultan los capitales que utilizan en sus negocios delictivos (como el narcotráfico) o en sus locuras devastadoras contra la razón democrática (como el terrorismo islamista). La denominación “países terceros no equivalentes” está escrita con letras mayúsculas en el artículo 40 de la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, que es una advertencia imperativa a todos los Estados de la Unión para que extremen la vigilancia sobre los movimientos de capitales que, procedentes de los paraísos fiscales, penetren en el interior de la Unión para su lavado con la intención de las bandas que los detentan de aparentar ser personas respetables y (mediante la inversión en activos financieros nacionales o la constitución de sociedades pantalla) eludir no sólo las cargas fiscales de sus patrimonios de origen delictivo, sino, como las termitas, de corroer la autoridad legítima de las instituciones democráticas.

Esa directiva europea es la fuente directa de las reformas acometidas por el Estado Español con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales ilícitos, que actualmente podemos desglosar en dos apartados: la Ley 10/2010, de 28 de abril, que, en el orden administrativo, castiga con duras sanciones a todos los intervinientes en el tráfico mercantil y financiero (bancos, notarios, abogados, asesores fiscales…) que de forma dolosa o imprudente colaboren con el blanqueo de capitales; y la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal, cuyo artículo 301 tipifica el delito de blanqueo de capitales (la adquisición, conversión, transmisión, ocultación o encubrimiento de los bienes o de su origen delictivo, operaciones todas que dan la apariencia de licitud al producto del delito), con penas privativas de libertad de uno a seis años. El tipo imprudente del blanqueo de capitales es una amenaza legal (perfectamente justificada) a los abogados, asesores fiscales o directivos de entidades financieras que, sospechando de sus clientes, realicen no obstante las operaciones que éstos les encarguen (como la adquisición de activos financieros, o el asesoramiento o la constitución de sociedades mercantiles), o simplemente por no comunicar sus sospechas al órgano designado por la Ley para combatir el lavado de capitales, que es el SEPBLAC (acrónimo de Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). El SEPBLAC, que es la unidad de inteligencia financiera española, depende directamente del Secretario de Estado de Economía. Además, en el ámbito estrictamente tributario el Estado Español combate la defraudación proveniente de paraísos fiscales a través de los planes de control fiscal. En el correspondiente al ejercicio 2011 las cautelas de la Agencia Tributaria son muy expresivas, como puede verse en la Resolución, de 2 de febrero, de su Director General (directrices 6.e) y 7). Con carácter específico, la directriz 7 (captación de información) proclama solemnemente:

“Se impulsarán las actuaciones de captación de información y, especialmente, los intercambios internacionales de información y con otras Administraciones Públicas, con la doble finalidad de prevención del incumplimiento tributario y de detección de supuestos de economía sumergida” con atención particular a “las rentas o patrimonios situados en paraísos fiscales o territorios de baja tributación para el descubrimiento de rentas realmente obtenidas en territorio español pero que han sido artificialmente deslocalizadas por el contribuyente mediante operaciones de ingeniaría fiscal para situarlas formalmente en esos territorios, eludiendo así la tributación de dichas rentas conforme a la normativa fiscal española”.

¿Ingeniera fiscal? ¡Qué derroche de conocimientos sofisticados, de sabiduría invertida en I+D+i! Incluso un buen artesano nos viene grande. Basta una humilde labor de albañilería (ahora que la construcción está en horas bajas), si el BOE le da el empujoncito necesario. cuartopoder.es informó a sus lectores los días 22 de agosto y 7 de septiembre de que el Gobierno español no sólo ha obtenido de las Cortes la exención en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes a los rendimientos obtenidos por las personas con domicilio en paraísos fiscales por la cesión de su dinero, en forma de préstamo, al Estado Español y a las entidades financieras españolas, mediante suscripción de títulos de la Deuda Pública o de participaciones preferentes de los endeudados bancos de nuestro país, respectivamente. El Ministerio de Economía y Hacienda no se ha contentado con promover dicha exención. Ha traspasado todas las líneas rojas de la decencia pública al impedir que la Agencia Tributaria tenga conocimiento de la identidad de esos inversores, infringiendo no sólo la normativa tributaria, sino también toda la legislación, nacional e internacional, de prevención del blanqueo de capitales.

“Fiat iustitia ruat caelum”? (¿Qué se haga justicia, aunque el cielo se caiga?) Lo siento, pero no voy a caer en la trampa. No voy a suministrar la lista de las personas más idiotas de este país que posponen los principios morales a la salida de una recesión financiera que busca prestamistas sin preguntar quiénes son su padre y su madre. Sólo voy a recordar dos obviedades: 1) que el Gobierno español no pinchó a tiempo la gran mentira de la burbuja inmobiliaria-financiera en que ha consistido el milagro económico español; y 2) que sólo remontaremos –real y racionalmente- las adversidades económicas si los políticos españoles empiezan a apreciar un poquito las reglas que conducen a la verdad. No por un afán moralizante (Dios me libre), sino por un sencillo instinto de supervivencia colectiva.