¿Puede ser imputado Mariano Rajoy?

Si fuera cierto que Luis Bárcenas mantiene en la actualidad un despacho, un coche oficial y una plaza de aparcamiento en la sede central del Partido Popular, Mariano Rajoy, en su condición de presidente del partido, podría haber endosado una responsabilidad penal a la organización política que dirige. Paradójicamente, la Ley que puede ser buena para Luis Bárcenas respecto a su pretensión de soslayar una condena por uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, es la misma que puede colocar al Partido Popular, por obra y gracia de su presidente, en la situación procesal de imputado. Como mi argumentación no va a ser larga, voy a prescindir aquí de todas las hipotéticas responsabilidades penales, en este caso directas y personales, en las que Rajoy pudiera haber incurrido en el pasado en su relación –orgánica y jerárquica- con Bárcenas. No voy a insistir en su conocimiento de las actividades (cuando menos “irregulares”) del famoso  “L.B.” en sus tiempos de tesorero de los populares, pese a lo cual le mantuvo activo en el cargo, incluso durante varios meses después de la apertura de diligencias judiciales por su participación en la trama Gürtel; y, sobre todo, no voy a detenerme en la omisión de Rajoy de su deber de auxilio a la jurisdicción en el momento en que supo los “manejos” del tesorero, aunque en mi modesta opinión debió trasladar de inmediato a los tribunales todo lo que sabía sobre el comportamiento de su subordinado. Entre la verdad y su madre, está muy claro a quién salvó don Mariano. Consumado el sacrificio de la verdad, ahora toca hablar de la conducta actual del presidente del Partido Popular.

En junio de 2010 se introdujo en el Código Penal la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Para ello la Ley Orgánica 5/2010 estableció una doble vía: “junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen representación de las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados…”. La responsabilidad criminal de las personas jurídicas, que generalmente acarrea la pena de multa, sólo puede declarase en los supuestos específicos previstos en el Código Penal, entre ellos los delitos de corrupción en el sector privado, los de receptación y blanqueo de capitales, y los delitos contra la Hacienda Pública. Ahora bien, el artículo 31 bis.5 del reformado Código Penal excluyó de responsabilidad a los entes del sector público y también a los partidos políticos y sindicatos.

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dijo el viernes, después de las revelaciones del diario El Mundo sobre los manguerazos de dinero en efectivo con los que (supuestamente) Bárcenas regaba a mansalva a altos cargos del partido, “que cada uno aguante su vela”. También advirtió (¿a quién?): “el que la hace, la paga”. Siempre tan oportuna María Dolores, aunque a veces dispare contra su misma portería y se meta entre pecho y espalda -como se decía en tiempos de Matías Prats-, un autogol. De antología y por la escuadra derecha. Imparable. Porque la Ley Orgánica 7/2012, en vigor desde el 17 de enero, ha incluido a los partidos políticos y sindicatos entre las personas jurídicas sujetas a responsabilidad penal. “De este modo –dice el Preámbulo de la Ley- se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio…”.

Cuando el sentido moral que tiene el común de la gente va en la misma dirección que los códigos legales, en ese momento se ha identificado con precisión la verdad desnuda de las cosas. Incluso cuando esos códigos no resulten aplicables por cuestiones de técnica jurídica. A la luz de esa convergencia jurídico-moral se observa que toda la conducta de Rajoy y de la cúpula directiva del Partido Popular en su amparo a Luis Bárcenas es enteramente reprochable, y sólo el principio de irretroactividad exonera al partido de responsabilidad criminal  por los posibles delitos que el hoy ex tesorero pudo cometer, en beneficio suyo (y de los suyos), en el pasado.

Jurídicamente, la situación es más compleja si analizamos el tiempo presente: Bárcenas cesó en el cargo hace años y se produjo un coitus interruptus en su posible operativa criminal pocos meses después de que al partido de la calle Génova le estallara delante de su portal la información sobre la trama Gürtel. Se acabó el placer popular. Pero si fuera cierta la tenencia, sin solución de continuidad, del despacho y el coche oficial a favor de “L.B.”, ¿no le caracterizaría como un administrador de hecho de la persona jurídica que es el Partido Popular?. “Administrador de hecho” es un término que figura expresamente en el Código Penal. Además, esos bienes del partido de los que, al parecer, disfruta todavía el señor Bárcenas indican que Rajoy y los suyos continúan dando cobertura y protección al ex tesorero. Son las piezas de un código comunicativo de alto valor simbólico dirigido a la Justicia cuyo desciframiento está al alcance incluso del más lerdo: “Aquí no ha pasado nada. Haya paz y después gloria”. Es el lenguaje de la omertà, del silencio culpable y el encubrimiento.

Esas actitudes no serían conductas del pasado. Se trataría de actos negativos del presente, de palabras actuales que se pronuncian con la boca cerrada. Sería una conducta solidaria de la cúpula organizativa del Partido Popular que –y aquí voy a prescindir del uso de condicionales- demanda una interpretación jurídica según el Derecho vigente, el aplicable en estos días de enero del año 2013. Estoy seguro de que esta consideración no les parecerá del todo exótica e impertinente a algunos jueces. La sede del Partido Popular y el edificio de la Audiencia Nacional están a pocos metros de distancia la una del otro en la misma calle de Madrid. Quizás esta feliz coincidencia geográfica no debiera desaprovecharse para aclarar ciertas cosas que incumben a las exigencias actuales y perentorias de la democracia. Sin pretender la instrucción de una causa general contra nadie, necesitamos conocer la verdad.

Rajoy, sin embargo, no opina lo mismo. Los fuegos de artificio y la retórica grandiosa del "no me temblará la mano" sólo pueden aliviar a los leales o a los ingenuos. Rajoy sigue pensando que los demócratas españoles somos una horda de salvajes que se conforma con su indolente afición a la nada.