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‘Generalidad Valenciana’

Viernes, 29 Abril 2016

Un atraco legal en los impuestos cedidos

agencia_tributaria_efe

Vista de una oficina de la Agencia Tributaria. / Efe

La justicia fiscal exige que todos paguemos los impuestos que nos correspondan según nuestra capacidad económica individual (artículo 31.1 CE). Este mandato constitucional obliga a los poderes públicos, entre otras cosas, a determinar el valor real y singular de las rentas y bienes de cada contribuyente. Sin embargo, debido al número multimillonario de actos o situaciones con trascendencia fiscal y a los recursos limitados de las Administraciones tributarias, puede resultarles difícil a estas últimas conocer la realidad y medir con exactitud nuestra capacidad económica. En esos casos las Administraciones sienten la tentación de cortar por lo sano y adaptar la realidad a su gusto. Pueden establecer fórmulas objetivas para recaudar los ingresos presupuestados y, sin complicarse la vida y matando moscas a cañonazos, no incurrir en cuantiosos gastos de gestión. La contrapartida de dicha arbitrariedad es que pagarán justos por pecadores y se distribuirán injustamente las cargas tributarias entre los ciudadanos.

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