Lagunas en la reinserción de ciertos agresores sexuales

El Boca mintió. Hace tres meses cuando salió de prisión, tras cumplir 21 de los 44 años que le correspondían por asesinar y violar a Ana María Jerez, de 9 años, dijo con una frialdad que estremeció a muchos que era inocente. Desde ese día, la madre de la menor temía que otra víctima sufriera lo que su pequeña. Tres meses ha tardado en demostrar que sus palabras no eran más que burdas mentiras. El miércoles pasado, abordó a la mujer, una indigente de 39 años, la amenazó con un cuchillo de monte y la obligó a practicarle una felación. La mujer acudió a la comisaría para denunciarlo y la Policía inició su búsqueda. No tardó en delinquir de nuevo. A las 18:30 horas de ese mismo día, recibieron una llamada del albergue. El Boca amenazaba, con el mismo cuchillo que empleó en la violación, a dos empleadas del local.

No es un caso aislado. No es el único caso de agresor reincidente. Ahí tenemos al célebre violador de Olga Sangrador. O a  Alejandro Martínez Singul, el segundo violador del Eixample, detenido por un delito sexual un año después de salir de la cárcel.  Ayer, otro ex convicto, José Rodríguez Salvador, conocido como “el violador de Vall d’Hebrón”, salía en libertad tras cumplir 20 años de prisión tras ser condenado a 311 años de cárcel por 17 violaciones. Las dudas planean también sobre esta adquirida libertad.

Los agresores sexuales son uno de los tipos de delincuentes que causan más alarma social. Su reinserción no es fácil. El Ministerio de Justicia quiere modificar el Código Penal para crear una nueva “medida de seguridad” postpena, la llamada “custodia de seguridad”, que permitiría mantener en prisión un máximo de 10 años al preso, una vez cumplida su condena. La nueva medida se aplicaría a delitos muy graves: de agresión sexual y pederastia, pero también de narcotráfico o delitos con violencia e intimidación muy graves, y a los reincidentes de ciertos delitos graves. No es prisión permanente revisable, pero se asemeja bastante. Sería el juez el que, en el momento de dictar sentencia, añadiría a la pena de cárcel la “medida de seguridad”, en función del riesgo de reincidencia que presente el condenado: por ejemplo, libertad vigilada, alejamiento forzoso o la custodia de seguridad. Justicia también ha adelantado que suprimirá la figura del “delito continuado” para los casos de agresión sexual, lo que implicaría penas acumuladas por cada violación y alargaría, por tanto, la condena.

¿Es suficiente? ¿Puede ser la única medida para proteger a la sociedad de unos agresores que no pueden controlar sus instintos? ¿Son todos los agresores sexuales iguales? Los expertos explican que los tratamientos contra los agresores son bastante efectivos, porque consiguen que no reincida el 70%. Siempre hay un grupo que reincide, por ejemplo, aquellos violadores que tienen psicopatía y no albergan sentimientos de culpa. En estos casos, se deberían tomar medidas especiales  una vez finalizada la condena. Una solución podría ser que se sometieran a la castración química, un tratamiento para disminuir la libido y bloquear los impulsos sexuales.

El debate sobre la castración química siempre está abierto. Expertos y juristas no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia o no de esta medida. El abogado de Ismael Velázquez, el Asesino de Daimiel, solicitó la castración química para su cliente durante el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Ismael fue declarado culpable de un delito de asesinato con una agravante de ensañamiento por degollar en agosto de 2002 a Consuelo Pozuelo, una joven de 26 años que era compañera de trabajo de su esposa. El reo pasaba horas y horas mirando el vídeo de su boda. Buscaba las imágenes de la compañera de trabajo de su esposa. Ismael reconoció en la Audiencia que se masturbaba casi todos los días viendo las imágenes de Consuelo en la cinta. Confesó haberla matado. Explicó que fue a su casa, le propuso mantener relaciones sexuales y que, como se negó, le cortó la yugular con un cuchillo de cocina para que no se lo pudiera contar a su mujer. La defensa alegó trastorno mental transitorio provocado por una desviación sexual del reo que, según parece, tenía un apetito sexual fuera de control. La Audiencia le condenó a veinte años de cárcel y a pagar 108.000 euros al marido de la víctima y 19.000 a los padres. Nada de castración química. En abril de 2005 la Audiencia de Palma de Mallorca rechazó la petición de un violador reincidente, Sebastián Pol Bauzá, autor de 13 delitos de agresión sexual, de someterse a la castración química. El fiscal no se opuso a la petición, pero mantuvo que el tratamiento debería ser costeado por el reo.

En Cataluña se anunció a bombo y platillo el inicio de este tratamiento inhibidor de la libido hace más de dos años en las cárceles. Ningún preso ha querido someterse  al programa. “Si encontrásemos a un primer candidato, quizás otros se animarían. Pero, de momento, ha sido un fracaso”, explicó Ramon Parés, director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat. Cuando se presentó el programa, la entonces consejera de Justicia, Montserrat Tura, anunció que habían encontrado un candidato entre el reducido número de internos (apenas 40) que cumplían los requisitos para seguir el tratamiento. Nunca fue el candidato apropiado. El interno cometió una serie de abusos a menores y, en 2000, antes de entrar en la cárcel por esos hechos, comenzó a tomar un fármaco similar al que se suministra en el caso de la castración química. Cuando ingresó en prisión, siguió medicándose.

Otros países siguen este modelo desde hace años con mayor o menor éxito. En Estados Unidos se aplica la castración química desde hace 17 años en programas de libertad condicional. En septiembre de 1996 California se convirtió en el primer estado norteamericano en aprobarla como requisito obligatorio para que algunos reos pederastas pudieran tener acceso a la libertad condicional. La castración es opcional para los primerizos y obligatoria para los reincidentes. Un año después, en 1997, Florida aprobó su ley de castración de delincuentes sexuales. Esta ley autoriza a los jueces a condenar a un acusado de delitos sexuales a castración química, que será obligatoria en el caso de los delincuentes sexuales reincidentes (siempre y cuando un informe médico aconseje el tratamiento). El juez determinará la duración del mismo, que puede ser de por vida. Si el condenado deja de recibir el tratamiento, sin autorización judicial, no sólo habrá violado su libertad condicional, sino que habrá cometido también un nuevo delito. Francia puso en marcha en noviembre de 2004 un programa piloto de castración química de violadores y pederastas encarcelados. La medida estaba encaminada a desmasificar las cárceles, ya que el 22 por ciento de los reclusos franceses están condenados por delitos sexuales y el 75 por ciento de éstos son pederastas.

¿Por qué los presos no quieren someterse al tratamiento?Su principal temor son los efectos secundarios. Los pacientes pueden experimentar depresiones, irritabilidad, aumento de las mamas, caída del vello generan rechazo entre los internos. El fármaco inhibe la producción de testosterona y los internos se vuelven muy andrógenos. Sea o no la solución, sin castración química ni medidas vigiladas, por falta de medios, lo cierto es que este tipo de agresores campan a sus anchas por las calles a la caza de su futura víctima.