Médicos del Mundo da voz a los excluidos de la sanidad madrileña

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Sato Díaz *

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Dos inmigrantes, durante una protesta contra la retirada de trarjetas sanitarias en Madrid. / Juan Carlos Hidalgo (Efe)

La ONG Médicos del Mundo ha presentado hoy jueves el informe Derribando el Muro de la Exclusión Sanitaria en el que analiza las consecuencias del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, publicado en el BOE el 20 de abril del 2012 y que entró en vigor el 1 de septiembre del mismo año. En este trabajo recoge las experiencias de más de 400 personas, inmigrantes en su mayoría, excluidas de la Sanidad, que fueron atendidas y acompañadas por integrantes de la organización desde septiembre del 2012 hasta el mismo mes del 2014. Este decreto "no sólo ha vulnerado el derecho a la protección de la salud de estas personas sino que ha terminado vulnerando el derecho a la integridad física, mental y moral de muchas de ellas. En este sentido el Real Decreto se ha convertido en una política activa de exclusión social, que ha aumentado la vulnerabilidad de todas aquellas personas afectadas duramente por la crisis económica y que además ven seriamente comprometida su integridad física y mental", concluye la ONG.

Otra de las conclusiones que se extraen de este trabajo es que la información sobre los derechos de las personas inmigrantes con respecto a su acceso a la atención sanitaria brilla por su ausencia, algo que se ha venido denunciando en anteriores movilizaciones de diferentes colectivos. "En relación con los datos es importante recalcar que el 100 por 100 de las personas atendidas carecía de información en relación con su derecho. Por otra parte, al 35 por ciento de las personas atendidas por Médicos del Mundo se les denegó tanto la información como la asistencia sanitaria, de las cuales una tercera parte estaba siendo atendida en su centro de salud por enfermedad previa a la reforma sanitaria", explica la ONG.

Cabe recordar que la reforma veta el acceso a los servicios sanitarios a todas las personas en situación irregular salvo en casos de urgencias médicas, de embarazo, parto o postparto, así como a los menores de edad, a las víctimas de trata de seres humanos o aquellas personas que estén en proceso de solicitud de protección internacional. "Como resultado directo de la falta de información, muchas personas se quedaron de facto sin asistencia sanitaria, con las consecuencias que esto implicaba para su salud. De no haber sido por la labor ingente, no sólo de Médicos del Mundo, sino de muchas otras organizaciones y del personal sanitario objetor estas consecuencias se hubiesen materializado", añaden. En total, cerca de 40.000 personas carecían en 2013 del derecho a la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid.

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Imagen de una protesta contra la exclusión sanitaria incluida en el informa de Médicos del Mundo. / medicosdelmundo.org

El informe recoge testimonios y casos tanto de personas que se han visto afectadas por la reforma, como del propio personal sanitario. Este es el caso de una mujer colombiana, de 33 años de edad, madre de dos niños, a los cuales se les denegó la asistencia sanitaria en el centro de salud de Vicálvaro. Médicos del Mundo habló con la trabajadora social del centro recodándole que la ley afirma que la asistencia a menores de edad es obligatoria. "Tras la mediación de la organización, los menores están siendo atendidos", informan. Otro caso que se recopila en el trabajo es el de una mujer boliviana de 39 años con hipertensión en un pulmón, que  tenía tarjeta sanitaria en vigor antes de la reforma de la ley. Para entrar a la lista de espera de trasplantes es necesario tener un médico de cabecera asignado y garantizados los medicamentos necesarios después de la intervención. La responsable del servicio de trasplantes opinó que no tenía garantizada la segunda condición por el alto coste de la medicación, por lo que no podían incluirla en la lista de espera. "Actualmente Médicos del Mundo está pendiente de reunirse con la gerencia del hospital para ver posibles soluciones", relata la organización.

Las opiniones del personal sanitario también están recogidas en este informe. "Existe entre los entrevistados la percepción de que el copago sanitario y la retirada de algunos medicamentos de la prescripción pública ha afectado negativamente a las personas con bajos recursos y con enfermedades crónicas", explica Médicos del Mundo. "Yo tengo muchos pacientes que vienen a consulta más esporádicamente a recoger las recetas… Sé perfectamente que no están tomando la medicación. Yo creo que de aquí a unos años van a empeorar los índices de salud de la población, y que vamos a reducir mucho la esperanza de vida, seguramente", narra un enfermero de atención primaria a la ONG.

Y es que otra de las consecuencias que implica una disminución al acceso a los servicios sanitarios de la población es la polémica implantación del copago sanitario por parte del Gobierno del Partido Popular. "El copago sanitario, especialmente en el caso de los medicamentos, y el hecho de sacar de la prescripción pública ciertos medicamentos, se han convertido en una barrera para el acceso al derecho a la salud de las personas con bajos recursos. En este sentido, el decreto no sólo ha afectado a la población inmigrante de la Comunidad de Madrid, sino a todas aquellas personas que han visto seriamente comprometida su renta familiar por la crisis económica", comenta el informe. "Unas personas han dejado de tomar su medicación, otras han decidido espaciar la frecuencia de su administración para reducir los costes y otras más han pedido que se las cambien por medicación más económica y que esté incluida en la prescripción pública. Evidentemente, esta situación provoca un deterioro de la situación de salud de esta personas y, en consecuencia, un aumento de los riesgos en relación con su estado de salud", añade.

En definitiva, un informe que ilustra cómo la implantación del decreto en septiembre del 2012 ha afectado al acceso a la sanidad de las personas más vulnerables, no sólo personas inmigrantes, sino también aquellos españoles con ingresos económicos más bajos. "El decreto entró en vigor en un contexto de pobreza y excusión social, ya que durante este período algo más de un millón de personas, el 17 por ciento de la población madrileña, vivían con menos de 484 euros mensuales, es decir sufrían pobreza severa. De este millón, cerca de 750.000 vivían con menos de 242 euros mensuales: sufrían pobreza extrema".

(*) Sato Díaz es periodista.

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