“Este modelo dificulta el acceso a la vacuna por precio y capacidad de producción”

Cuando llegue la vacuna, ¿cómo se pagará? ¿Será accesible a todo el mundo que lo necesite? Mientras la ciencia avanza a la máxima velocidad posible para encontrar tratamientos y vacunas que mitiguen la pandemia de coronavirus, muchos expertos en Salud Pública llevan meses haciéndose esas preguntas. En España, varias plataformas y organizaciones han expuesto su visión del asunto y defendieron un acceso universal, es decir, considerar la vacuna contra la covid-19 como bien público. Al principio de la pandemia hubo cierta esperanza para que el modelo fuera otro. La OMS propuso compartir la información sobre las investigaciones. Sin éxito. La carrera por la vacuna está abierta y con muchas empresas implicadas.

¿Por qué si todos los líderes mundiales dijeron que la vacuna iba a ser un bien público al final ha resultado que no es así? “Ha pasado que las empresas vieron que había un hueco, presionaron fuertemente a los Gobiernos, se movieron fuertemente en los laboratorios que tenían las investigaciones y bloquearon esa posibilidad”. Son palabras de Fernando Lamata (Madrid, 1954), especialista en Salud Pública y que ha desarrollado diferentes cargos de responsabilidad tanto en el Ministerio de Sanidad como en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha donde fue Consejero de Sanidad. Además, es presidente honorífico de la Asociación Acceso Justo al Medicamento. De todo el modelo de patentes y monopolio de la vacuna, de cómo hemos llegado hasta aquí y de qué puede hacer aún los Gobiernos hablamos con él en cuartopoder.es.

¿En qué punto está la carrera por la vacuna?

Lamata resume lo que más conocemos de las diferentes vacunas: “En China está la vacuna de Sinopharm, en fase 3 y ya se ha patentado. Todavía no ha cumplido la fase 3 que sería la que chequea la efectividad. La fase 2 chequea la seguridad, y ajusta las dosis. La 3 chequea ya que es eficaz, que protege y que permite evitar el contagio. Todavía están ahí investigando, están haciendo los ensayos clínicos en Brasil. En Rusia estarían en la misma situación, con Putin colocando la vacuna “Sputnik” en esta carrera. Y luego en Occidente las más nombradas han sido las de Oxford, de AstraZeneca, y la de Moderna, en EEUU. También tienen Pfizer o Johnson and Johnson, de la que se van a hacer ensayos en España. Están en fases 2 o 3 todas estas vacunas”.

Para este experto, “esto muestra ya una de las consecuencias de este modelo”. “La pena es que no se haya hecho una coalición para trabajar en una vacuna que llegara antes con menos gasto y menos riesgo para los pacientes de ensayos y los de después. El fenómeno este de la carrera y de no compartir conocimientos sino competir hace que se quintupliquen las investigaciones. La OMS había pedido compartir eso en un pool común, es decir, que todos los trabajos de investigación se compartieran en la propiedad intelectual. Ese llamado no ha sido atendido y cada uno ha ido por su lado. En ese sentido tenemos ese espectáculo en la carrera por conseguir la vacuna”, afirma.

¿Cómo funciona el modelo? Los orígenes

“La clave desde mi punto de vista está en este modelo de financiar la investigación y pagar los medicamentos a través de patentes”, destaca Lamata. La clave, el origen, según explica, “está en lo que la industria farmacéutica consiguió a lo largo del siglo XX y finalmente con los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”. Fueron firmados en 1994, sometidos a la OMC, y suscritos por una mayoría de países.

“Lo que hacen es reconocer las patentes de los medicamentos. Hasta entonces las patentes se consideraban en muchos casos anatema, en otros estaban prohibidos, como en España. Decían los Gobiernos y los países que si se ponían patentes a los medicamentos se crearía una barrera por el monopolio que haría difícil el acceso a un bien que tenía que ser público. Estos argumentos estaban en la ley española y en otras legislaciones del mundo. Es en EEUU donde las empresas empiezan a conseguir que el Gobierno desmonte esa barrera. En Europa empiezan en los años 60, y en España es en 1992”.

Lamata apunta a que la batalla la fue ganando la industria y la ganó definitivamente el mencionado año 1994. Y destaca además los datos de beneficios: “Si tú miras los beneficios de la industria cuando no había patentes, ves que desde el año 50 hasta el 94, las ganancias sobre ventas están en un 10%, que es el doble que la media de la industria no farmacéutica. Tenían una ganancia importante aún no habiendo patentes. Es decir, se ganaba dinero y las empresas investigaban, las universidades investigaban. Y la empresa que llegara primero ganaba un poco más pero aún así en abierta competencia los beneficios de todas eran altos. A partir de que se generalizan las patentes ya los beneficios se cuadriplican, estamos en un 23% de beneficio reconocido, pero si escudriñas un poco las cuentas, ves que el beneficio sobre venta hablamos de un 40-45% frente al 5% de las grandes empresas no farmacéuticas. Hablamos de un beneficio exagerado que se produce por el monopolio, que permite poner precios muy altos que generan una barrera de acceso para todos los medicamentos”.

¿Cuál es la consecuencia de todo esto? “Que los países que no pueden pagarlo se mueren por no poder pagar el medicamento. 10 millones de personas mueren al año en el mundo por no poder pagar medicamentos. Los que podemos pagar, países como España, lo que hacemos es gastar más dinero del que deberíamos y se saca de otras necesidades y recursos. En España pagamos aproximadamente unos 8.000 millones de euros más de lo que deberíamos, de excesos de beneficio, por pagar la investigación y la fabricación”, señala Lamata.

Las vacunas contra la covid-19, la compra anticipada

¿Y qué pasa con las vacunas en la actualidad?. Exactamente lo mismo. Así lo explica: “Si tienes la patente, tienes el monopolio. Puedes fijar el precio, puedes darle la vacuna a quien quieras y no dársela a quién no quieras. El primer efecto es que no se comparte la información. Duplicas la investigación, aumentas los riesgos para los pacientes y el tiempo. Segundo efecto: las empresas están también presionando con esta carrera para que el discurso llegue cuanto antes a la ciudadanía. La coherencia del discurso es precisamente que las empresas hubieran compartido la información. Lo que se pide es que se acorten los procesos de revisión, que lo hacen las agencias de autorización de medicamentos. Se les pide a las agencias que se acorten los tiempos y las exigencias de los ensayos clínicos. El siguiente efecto: como esto aumenta el riesgo para los pacientes, lo que dicen a los países es que las venderán si eximen de fallos a las mismas. Entonces, en los acuerdos que se están firmando con las empresas se incluye que el país renuncia a exigir responsabilidad y asume las indemnizaciones, si las hubiera. ¿Siguiente efecto? el precio lo va a poner la empresa, y va a poner el que quiera. En la vacuna china han dicho que la pondrán a 120 euros, la de Moderna a 37 euros y otras vacunas todavía no han dicho el precio. Lo lógico sería, si no hubiera patente, que el precio fuera el de coste de fabricación”.

.Lamata prosigue su análisis de la situación recordando que en esa carrera, EEUU, por ejemplo, hace compra anticipada. Antes de que exista la vacuna, antes de que sepamos si es eficaz. “Ya acepta el modelo de la empresa de que va a tener la patente, renuncia a la herramienta que tiene el Gobierno, de licencia obligatoria. Es decir que si tú produces la vacuna y es eficaz y la autorizamos, tú me pones un precio a precio de coste, y si me lo pones por encima estando en pandemia, te aplico licencia obligatoria por interés de salud pública y te la pago a precio de coste. Y autorizo a que fabriquen genéricos cualquier otra empresa a precio de coste. Esa sería la reacción normal. Pero la reacción del Gobierno de EEUU, que es favorable a que las empresas farmacéuticas tengan patentes y ganen esa enormidad de dinero, es hacer la compra anticipada”.

Y aquí llega la respuesta europea. “Automáticamente, la UE que estaba valorando qué hacía, empieza a pensar en compras anticipadas. Como no se decidía la Comisión, hay una coalición de cuatro países: Holanda, Italia, Alemania y Francia que dicen que van a hacer compra anticipada. Entonces la Comisión dice que se hará desde allí. En definitiva, todos van para no quedarse fuera, para no estar inermes ante la opinión pública en caso de que haya titulares de prensa diciendo que nuestro país se queda atrás”.

En manos de las empresas

Todo queda en manos de las empresas que han patentado las vacunas. Pero su capacidad es limitada. Lo explica Lamata: “Como empresa vas a poder fabricar tus dosis, pero hay que vacunar a 7900 millones de personas en el mundo, tendrías que hacer contratos, licencias voluntarias con otras empresas de fabricación de medicamentos genéricos fundamentalmente en la India. Estas empresas, AstroZeneca por ejemplo, les dicen que les fabriquen 1000 millones de dosis y dejando en el país para vender al precio de coste. ¿De qué dependerá el precio que ponga AstroZeneca al final? De la presión que tenga de los Gobiernos y de la opinión pública. Si ven que la opinión pública protesta, pondrán un precio más bajo y si ven que no protesta, pondrán un precio más alto”.

“Si hubiéramos optado por el otro modelo que defendíamos, que la patente se compartiera como licencia voluntaria del pool de la OMS, desde ahí se hubiera ofrecido a todas las empresas de genéricos. Por tanto, puedes estar fabricando 4.000 millones de dosis en el primer año. Con este modelo se dificulta el acceso por precio y por la capacidad de producción. La única explicación a esto es no quebrar el modelo de patentes”, prosigue Lamata.

Para este especialista, “el tema de la patente para la vacuna de la covid era una oportunidad que vimos todas las organizaciones. Para una pandemia así pensábamos que las empresas no ejercerían el monopolio, pensábamos que todos los Gobiernos lo pedirían. Todas las declaraciones de jefes de Estado hablaban del bien público de la vacuna, luego han hecho lo contrario, se vieron presionados por EEUU pero no es una justificación del comportamiento”, añade.

¿Qué puede hacer aún el Gobierno español?

Ante esta pregunta, recopilamos las herramientas que aún podría usar el Gobierno, según explica Lamata: “Lo primero, actualizar la legislación sobre licencia obligatoria, que es la herramienta que sirve si en la negociación con las empresas no me hacen caso. Los Gobiernos no han reaccionado con la concesión de patentes. Si yo tengo licencia obligatoria se le puede decir que vendan la vacuna con precio de coste, y si no, con licencia obligatoria autorizo a que se fabriquen en cualquier laboratorio de la India o aquí si tenemos la capacidad tecnológica de fabricación”.

En segundo lugar, “hacer una gran campaña de educación pública, porque si tú no la haces antes de tomar ninguna medida vas a tener el titular de la prensa promovida desde la industria farmacéutica: “España se queda atrás”. Llamarían a Pablo Casado y la oposición política y les dirían que nos van a dejar los socialistas y comunistas sin vacunas. En la prensa lo que domina no es este debate sobre la justicia, las patentes, si van a tener vacunas todos en España o si van a estar a tiempo. El debate es que se da un nuevo paso, un nuevo ensayo clínico, la investigación, etc. Tiene que haber una campaña de educación para explicar esto y lo que queremos cambiar. Defendemos que la vacuna sea accesible en España y en todo el mundo a precio de coste”.

Lo siguiente, es que “la investigación tiene que ser transparente y abierta”. Por tanto, “la información que se dé tiene que ser abierta. Hay una cuestión que puede obligar el Gobierno de España a que en toda investigación con financiación pública la información sea abierta”.

Para Lamata, “si se hubiera hecho alianza con otros Gobiernos europeos en vez de tirarse a manos de las empresas, también hubiera sido más fácil”. En este sentido cabe destacar que el Parlamento Europeo hizo una resolución en el mes de Julio donde se recogen gran parte de estos asuntos y se aprobó por mayoría. “Los grupos parlamentarios aprobaron eso. Tiene que haber una reflexión política para que se piense que esto se debe hacer así. Las recomendaciones son las mismas, podrían perfectamente los líderes de los grupos parlamentarios sentarse con los ministros de Sanidad. No es imposible que el Ministro Illa pueda sentarse con otros ministros. No pierdo nunca la esperanza, sé que es muy difícil, la secuencia de hechos va en la otra dirección”, afirma.

En definitiva, “no es tarde para que los Gobiernos quisieran sentarse y reaccionar”. “Porque además esta sería una primera ocasión para que empezáramos a desmontar el modelo de patentes”. Según señala, las vacunas se pagarían a precio de coste y con el fondo común que se ha generado se pagaría lo que ha costado la investigación. En ningún caso de dejaría sin recuperar lo invertido. “Eso es lo que se debería hacer y se podría hacer todavía. Si se consiguiere hacer con esta vacuna sería una buena puerta para hacerlo con el resto de medicamentos. Es todo el mismo asunto, concluye.