Estrategia del independentismo: mantener el conflicto con el Estado internacionalizándolo

BARCELONA.- Regresa hoy la actividad parlamentaria a Catalunya después de que el pasado 30 de enero el president del Parlament, Roger Torrent, dejara en suspenso la investidura de Carles Puigdemont. Se celebra un pleno curioso, no se tratará sobre la investidura, en el que se votarán diferentes propuestas presentadas por los grupos parlamentarios.

Los grupos parlamentarios negociaban hasta ayer a última hora las enmiendas y transacciones a las resoluciones presentadas por los grupos. La tensión parlamentaria regresa a Catalunya y puede haber, como viene siendo habitual, retrasos y aplazamientos. JxCat presenta una resolución para reconocer la figura de Puigdemont. En ella, se considera que la destitución del que era president a través del 155 como ilegal. Votarán a favor los diputados de ERC, queda en duda qué harán los de la CUP, que han presentado enmiendas. Las enmiendas de la formación anticapitalista van en relación al reconocimiento de la DUI del 27 de octubre del año pasado y en un reconocimiento al referéndum del 1-O. Ciudadanos ya se ha puesto sobre alerta, dicen que sería reiterar en “la ilegalidad de la independencia”.

Además, el PSC presenta una enmienda para que empiece a correr el plazo de dos meses para formar Govern o convocar nuevas elecciones. A tal respecto, los letrados del Parlament se han manifestado diciendo que hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el recurso presentado por el Gobierno español sobre la inadmisión de la investidura de Puigdemont no se puede iniciar este plazo. Por su parte, Catalunya En Comú presenta otra resolución para que el Parlament se muestre en contra del 155 y a favor del modelo de inmersión lingüística. Ciudadanos, a su vez, hace lo propio con otro texto que denuncia el bloqueo institucional que tiene lugar en Catalunya.

Acuerdo de Gobierno

Una vez se apruebe en el Parlament el reconocimiento de Puigdemont como president de la Generalitat, JxCat y ERC darían paso, en los próximos días, a anunciar el acuerdo de gobierno que todavía negocian. Sobre este acuerdo, todavía tiene que manifestarse la CUP. Sus votos son necesarios para obtener una mayoría parlamentaria independentista y los anticapitalistas parecen reacios a votar a favor. Lo decidirán las asambleas territoriales cupaires. No parece fácil el acuerdo.

Ayer se filtraba el documento que la dirección de la CUP ha enviado a sus militantes para que decidan en asambleas lo que deben hacer sus diputados en relación al acuerdo de gobierno. En dicho documento, se explica el diseño de cómo sería el autodenominado “Espacio Libre de Bruselas”, donde quedan delimitadas las funciones que tendría Puigdemont y unas nuevas instituciones al margen de la jurisdicción española.

Esta estructura, "Espacio Libre de Bruselas", tendría tres patas. La primera “institución belga” sería la Asamblea de Representantes de la República. Formada por diputados catalanes, representantes municipales y de la sociedad civil tendrá la función de controlar al president y al Consell de la  República. El Consell de la República es el segundo órgano, que tendrá las funciones de materializar la república y representarla internacionalmente.

El tercero, la Presidencia que asumirá Puigdemont. El Espacio Libre de Bruselas iniciaría su trabajo con un acto solemne en Bruselas el próximo 5 de marzo, poco antes de que se produzca la investidura en el Parlament. Para candidato a president de la Generalitat sería Jordi Sánchez, en prisión preventiva.

Estrategia: mantener el conflicto con el Estado e internacionalizarlo

Las diferencias entre JxCat, ERC y CUP son evidentes. Pero, sin embargo, parece claro cuál es el denominador común que marca la estrategia independentista a seguir: mantener el conflicto político con el Estado e internacionalizarlo. Las expectativas independentistas giran, según han explicado diferentes fuentes a cuartopoder.es, en que antes o después la excesiva judicialización del conflicto catalán se resolverá en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Mientras, el acuerdo para formar Govern y programático de gobierno sigue debatiéndose entre las tres fuerzas y se van conociendo cuáles son las principales diferencias --por qué será Sánchez (JxCat) el candidato y no Oriol Junqueras (ERC), también en prisión pero anterior y depuesto vicepresident de la Generalitat, quién controlará los medios públicos de comunicación catalanes o quién será el responsable de la Conselleria de Interior. Sin embargo, más allá de los dos últimos flecos, la disputa entre Sánchez y Junqueras responde a una misma situación: el Supremo debería permitir la salida de prisión para la investidura.

El Supremo parece decantarse por negar la salida de prisión. En ese caso, Sánchez, quien es el mejor posicionado para ser el candidato, recurriría al Constitucional. Si este tribunal también le negara la salida, se estudiaría la posibilidad de que ejerciera las funciones de president de la Generalitat desde la cárcel. Pero, hay algo más: jurisprudencia.

En el año 1987, Juan Carlos Yoldi, preso de ETA y candidato de Herri Batasuna, se presentó a la investidura en el Parlamento Vasco después de que la Audiencia de Pamplona le concediera un permiso penitenciario durante su estancia en prisión provisional en contra del criterio de la Fiscalía. Quizás Sánchez, o en su defecto Junqueras, no puedan asistir a la investidura, pero sería una prueba más que los actuales presos podrían presentar ante el Tribunal de Estrasburgo en el futuro.

Que todo se dirimirá en Estrasburgo dentro de unos años ya se preveía también en la estrategia de defensa del propio Junqueras de solicitar al Tribunal Constitucional, hace un par de semanas, amparo para salir de la prisión provisional. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que la restricción de la libertad debe “siempre adoptarse de forma excepcional” y Junqueras ya lleva más de cien días en prisión preventiva. Esta petición de amparo al Constitucional puede suponer un primer paso para llevar, posteriormente, su caso ante la justicia europea.

En este sentido de la internacionalización del conflicto, el pasado martes 650 juristas de todo el Estado español integrantes del colectivo Praga presentaron una denuncia ante el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa contra la vulneración de derechos humanos en Catalunya por parte del Estado español durante la jornada del referéndum del 1-O.

Además, precisamente la estructura del “Espacio Libre de Bruselas”, así como la presencia de Puigdemont y parte del anterior Govern en la capital belga y la partida de la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, a Ginebra, no presentándose a declarar ante el Supremo la semana pasada forma parte de esta estrategia de internacionalización del conflicto.

El también exdiputado de la CUP y activista social, David Fernández, ofrecía una rueda de prensa, precisamente en Ginebra, en el Club de Prensa, donde denunció algunos hechos del proceso judicial y de la actuación del Gobierno contra el independentismo de los últimos meses. “Líderes de las dos principales organizaciones catalanas, de marcado carácter pacifista, cumplen 130 días encarceladas en un proceso penal de excepción jurídica, más de 150 webs cerradas sin orden judicial, 139 agresiones ultraderechistas, 900 personas investigadas entre ellas 700 alcaldes”.

El independentismo sigue en su causa, a pesar de que en la mayoría de medios de comunicación españoles se ignore gran parte de su actividad. La estrategia: que el conflicto con el Estado español se mantenga, a pesar de asumir nuevas formas para evitar represalias judiciales. E internacionalizar el proceso, esperando que, en un futuro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tome cartas en el asunto. Como último apunte, cabe recordar que el pasado 14 de febrero este tribunal internacional condenaba a España por trato inhumano y degradante a los terroristas del atentado de la T4 en Barajas.