Darío Adanti (Mongolia): “El humor se contagia: cuando se juzga un chiste la Justicia se vuelve chiste”

La libertad de expresión, que está en boca de todos a la vista de las últimas sentencias que han valido juicios y condenas para tuiteros, raperos y artistas por expresar ideas, opiniones o chistes, ha llevado a las CCOO a celebrar este miércoles un acto en el que han sellado su compromiso en la defensa del derecho a expresarse libremente. “Estamos en una crisis democrática y de derechos” y “en el sindicato nos vamos a movilizar siempre que veamos que hay riesgo para la democracia”, ha manifestado el secretario general del sindicato en Madrid, Jaime Cedrún. “No podemos recluirnos en la defensa a ultranza del elemento material de la acción sindical” porque “vivimos un tiempo de acogotamiento en nuestras sociedades”, ha añadido el secretario general de la organización, Unai Sordo.

“El humor tiene una cosa y es que se contagia: cuando se judicializa un chiste la propia justicia se convierte en un chiste” y acaba siendo “una parodia de sí misma”, ha apuntado el confundador de la revista Mongolia, Darío Adanti. En la mesa redonda por defensa de la libertad de expresión que ha organizado CCOO en el Centro Cultural Puerta de Toledo en Madrid han participado también la tuitera condenada y absuelta Cassandra Vera, la portavoz de la Plataforma por la Cultura, Gloria Parra, y la magistrada y portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Begoña López Anguita. El debate ha sido moderado por el director de Infolibre, Jesús Maraña.

La revista Mongolia se ha visto seriamente amenazada y casi abocada al cierre desde que el mes pasado un juez les obligara a pagar 40.000 euros por vulnerar el honor al torero José Ortega Cano en un cartel que presentaba al diestro con cuerpo de extraterreste y una pancarta: “antes riojanos que murcianos”. Adanti ha explicado que este episodio “no merece ni un párrafo en la historia de la sátira”, pero el propio Ortega Cano reconoció en una entrevista a La Vanguardia que lo que realmente “colmó su paciencia” y le empujó a denunciar fue otro cartel de la revista con la Virgen de la Caridad con la cara de Donald Trump sosteniendo a una yacente Hillary Clinton. “A mí lo que me asusta es ver que la religión católica es un poder realmente fáctico, relacionado con el poder económico, y equipo de propaganda del Gobierno”, ha sostenido el cofundador de la publicación satírica.

Una de las denuncias que más se han repetido en las intervenciones ha sido la desproporción de las condenas aplicadas, ya que la banda terrorista ETA se encuentra inactiva en la actualidad y un tuit o una canción no pueden suponer un riesgo real, así como el calvario judicial que atraviesan muchos de los condenados por enaltecimiento del terrorismo “Lo que estamos viviendo en Madrid, en Valencia o en Barcelona les ha ocurrido a otros compañeros en Euuskadi desde hace muchísimos años y, por ende, ahora nos lo aplican a nosotros”, ha sostenido Cassandra. “El humor y el rap son lo más peligroso porque sus críticas llegan al pueblo. Turquía tiene a más de 25.000 humoristas y tuiteros condenados. Somos un Estado autoritario de facto, pero lo próximo es convertirse en un Estado totalitario”, ha apuntado.

En la cuestión jurídica, la portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia que “el tipo penal nunca puede afectar al derecho fundamental” y que “se está castigando a la opinión”. Según ha indicado, la Justicia española con las sentencias a artistas y tuiteros ha actuado en contra de la última directiva de la UE –en fase de transposición a nuestro ordenamiento jurídico--. Ésta contempla que los delitos de provocación de actos de terrorismo tienen que suponer “un riesgo real” de que se cometa un acto terrorista, circunstancia que no se da en ninguno de los casos. En su opinión, otras sentencias como la del rapero Valtonyc, condenado por injurias a la Corona, van en contra de lo dictaminado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya determinó en el caso de las fotos quemadas del rey que “los delitos de odio solamente están destinados a proteger a minorías vulnerables, en ningún caso a las instituciones” como la monarquía.

Para finalizar, se ha leído un manifiesto firmado por Comisiones Obreras y los allí presentes. En él se ha denunciado el recorte “al ejercicio de la libertad de expresión”, pero se ha denunciado también “la persecución sistemática y organizada con el sindicalismo de clase” en las últimas huelgas generales –el sindicato denuncia que hay más de 300 sindicalistas imputados por ejercer el derecho de huelga--. En el marco de este “retroceso en los derechos” , el documento destaca que “si desde el Gobierno se atacan los principios básicos, si se recortan los derechos de la ciudadanía, se ahoga la democracia”.