Polétika: los PGE son una “oportunidad perdida” para distribuir el crecimiento

Las más de 500 organizaciones y movimientos sociales que conforman la Plataforma Polétika han elaborado un nuevo informe que recoge “los pasos atrás” que se han dado en esta supuesta “legislatura del cambio”. Esta plataforma, que realiza un monitoreo de la actividad del Ejecutivo y los partidos políticos, ve en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una herramienta que mide muy bien las prioridades del Gobierno y la ejecución real de las políticas comprometidas. Pero los PGE de 2018, según consideran, “van camino de convertirse en una oportunidad perdida para hacer llegar el crecimiento económico de los últimos cinco años a todas las capas de la sociedad”.

Polétika se dedica al seguimiento y análisis de los compromisos electorales y la actividad parlamentaria en materia de derechos desde el año 2015. En este nuevo informe critican que tras 18 meses de Gobierno y casi dos años desde que comenzara la XII Legislatura, “las políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, dentro y fuera de nuestras fronteras, siguen atascadas”. Es por esto que, advierten, “sin cambios urgentes” en la actitud del Gobierno y los partidos políticos que se traduzcan en acuerdos legislativos y presupuestos ambiciosos, estaremos “en riesgo de dar por perdida esta Legislatura”.

Iniciativas en papel mojado

Publicidad

Polétika recuerda que destacó como positivos ciertos avances logrados tras un año de Gobierno de Mariano Rajoy, pero que algunas de estas iniciativas han quedado en “papel mojado” por falta de avances o de presupuesto. Es el caso de “la muy anunciada Ley contra el Cambio Climático y Transición Energética, que no termina de llegar. “El Gobierno no está a la altura de la urgencia climática que enfrenta nuestro país”, sostiene la plataforma. “La lucha contra el cambio climático no está entre sus prioridades y el presupuesto destinado a medio ambiente se ha reducido en un 56,5% desde 2008.

El caso es similar al de la Ley para erradicar la Violencia contra la Infancia, sobre la que no hay avances a pesar de contar en principio con el respaldo de todos los grupos políticos. De hecho, este último es un compromiso adquirido por el PP en periodo electoral, reforzado por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, pero ni siquiera aparece en el Plan Anual Normativo de 2018 elaborado por el Ejecutivo.

Nulos avances o retrocesos

Las organizaciones que componen Polétika, como Oxfam Intermón, Greenpeace y Médicos del Mundo, recuerdan el incumplimiento del Gobierno de la cuota de acogida de refugiados en España –solo se ha alcanzado un 14,5% de la cifra comprometida--. En cuanto a la agenda humanitaria, la falta de voluntad político del Gobierno ha sido “la tónica general”, con “la venta de armas como caso más flagrante”. Polétika sí reconoce que el Congreso, en especial UP y PSOE, ha sido fiel a sus compromisos electorales, en materia de presupuesto humanitario, control y transparencia del comercio de armas y cumplimiento de la cuota de refugiados.

Por otro lado, la ILP propuesta por los sindicatos que demanda una nueva prestación para las familias sin ingresos sigue “atascada en el Parlamento”. Polétika demanda “un esfuerzo desde el Estado para lograr un suelo común para el conjunto de las rentas mínimas y para que el sistema de protección social llegue a todos los hogares sin ingresos”. Sin embargo, lamenta que en este sentido esta está siendo “una legislatura perdida gracias al bloqueo del PP y la complicidad de Cs”.

En cuanto a la escasez presupuestaria para los pactos comprometidos destaca el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Polétika destaca que la propuesta de los PGE presentada a principios de abril, “incumple los compromisos adquiridos y pone en riesgo la aplicación de las medidas aprobadas”. Por otro lado advierte del riesgo que supone para las mujeres y menores que han sufrido violencia “la aprobación del Anteproyecto de Ley presentado por PP y Cs sobre custodia compartida impuesta, no previsto en sus programas, y que ésta se aplique en casos en los que exista condena por maltrato”.

El Gobierno además “frustra las esperanzas para garantizar una sanidad universal”, a pesar de que existe una mayoría parlamentaria que lo respalda. “El Ejecutivo ha utilizado su 11 prerrogativa de veto para impedir cualquier reforma que revierta los efectos del Real Decreto Ley 16/2012. En lo que respecta a la política del medicamento, a pesar de una iniciativa positiva a principios de legislatura, el Gobierno sigue evitando mejorar la transparencia y avanzar hacia un sistema de fijación de precios justo y equitativo para revertir el actual sistema de acceso a los medicamentos”, critica la Plataforma.

En cuanto a las medidas que tienen que ver con la calidad democrática, Polétika destaca que los grupos parlamentarios no han avanzado “nada” en incorporar mecanismos reales de participación ciudadana en la toma de decisiones. Al respecto de las reformas del sistema fiscal internacional, las ONG explican que el Gobierno no muestra “liderazgo ni ambición” en el calado de las reformas. Tan solo destaca el compromiso de revisar la lista de paraísos fiscales antes de final de año.

Otro de los grandes fracasos para las organizaciones está en el ámbito de la educación, donde “las fuerzas políticas han demostrado, una vez más, “su incapacidad para sacar adelante un Pacto de Estado”. “Discrepancias en cuestiones fundamentales como la financiación o el procedimiento de elaboración del texto, nos alejan de un Pacto entre las fuerzas políticas para la aprobación de una Ley estable, duradera, consensuada y que promueva la equidad”, lamentan.

Algunos avances

En estos casi dos años de Legislatura, Polétika señala algunos “avances significativos”. Entre ellos, el cumplimiento del 95% de la cuota comprometida de reasentamiento en España de refugiados sirios desde otros países de Oriente Medio. También la aprobación de determinadas modificaciones en la Ley de contratos públicos que evitan que las subcontratas bajen salarios para ganar concursos públicos o el pacto para alcanzar prácticamente los 1.000 euros de sueldo mínimo en 2020. El desbloqueo de la derogación de la Ley Mordaza ha sido “muy celebrado” por las ONG, según indican en el informe.