Vuelo 747: peligro de expulsión

Viernes de finales de julio. Dos agentes de  la Unidad de Expulsiones de la Brigada Provincial de Extranjería se dirigen a recoger a M. L, ciudadano panameño al que deben extraditar esa mañana. Contra él pesa una orden de expulsión por varios delitos de malos tratos. Durante el trayecto del CIES al aeropuerto, los policías no intercambian muchas palabras con su “paquete”. Apenas las necesarias, pero la tensión se masca en el ambiente. El no quiere ser extraditado y sus custodios temporales saben que puede causar problemas a la hora de subirlo al avión. Van de paisano. No quieren alertar a los demás pasajeros del vuelo comercial. Llegada la hora, los agentes se suben al avión. Uno se sienta en la ventana. Otro, en el asiento del pasillo. En medio, el panameño al que cubren las manos con una manta para que nadie advierta las esposas.

Los asientos se van llenando. La algarabía de los turistas no distrae a los agentes. Uno de ellos advierte que, tan sólo tres filas antes, hay tres chavales hablando en euskera con trazas similares a la estética de los kale borroka. Entiende lo que dice y presta atención a la conversación. Los agentes saben que, desde hace años, los itinerarios a Latinoamérica con escala a Venezuela y Cuba son muy frecuentados por simpatizantes y miembros de la banda terrorista ETA. El pasaje ya está completo. Las azafatas avisan de que el vuelo saldrá en apenas unos minutos. “Sin incidentes”, piensan los agentes y se cruzan las miradas. La falsa calma se quiebra. El repatriado gesticula, se mueve y comienza a recitar, a gritos, una letanía. “¡Maltratadores¡ ¡Socorro¡ ¡La policía me está pegando! Ayúdenme!”. Los gritos se acompañan de golpes a diestro y siniestro. Los agentes se levantan, le piden que se tranquilice y piden calma a sus compañeros de vuelo. Para su sorpresa, algunos de ellos ya se han levantado y se han puesto “del otro lado” y les increpan insultándoles.  Los agentes, estupefactos, se miran. De pronto, uno de los jóvenes en los que se ha fijado el agente se levanta y se dirige hacia él. “¡Txakurras! ¡sois una panda de maltratadores!”, grita. Uno de los policías se dirige hacia él y le ordena que se siente. El joven le desafía con la mirada y se da cuenta de su error: ha llamado la atención sobre su presencia.

El panameño continúa revolviéndose. Los agentes intentan paralizarle. Aviación Civil impide que los policías lleven armas o porras y sólo consiguen reducirlo pasados quince minutos. Ya está hecho, pero lo agentes saben que, ahora, toca bajarlo. Descienden del avión, mientras el pasaje les increpa. No entienden nada. Ellos custodian a un delincuente y sus conciudadanos les acusan a ellos. No ha habido agresión. Ni maltrato. No hay presunción de inocencia para ellos. Sólo la tripulación les ayuda. Una azafata serena, mira al panameño y, antes de bajar del avión, se dirige a él y le dice: “Ya has conseguido lo que querías ¿eh? Ya no gritas”.

El vuelo despega. Hay tres sitios vacíos. El panameño ha conseguido lo que quería: no será expulsado del país. Uno de los agentes, tras entregar al retenido a sus compañeros del aeropuerto para abrirles diligencias por agresiones, se dirige al hospital. Tiene la muñeca rota; tres semanas de baja. No ha sido un hecho aislado. La semana anterior, en otros vuelos con destinos diferentes, agentes de la Unión de Intervención Policial (UIP), han tenido problemas semejantes. Más agentes de baja.

Desde el Ministerio del Interior es habitual arrojar cifras que nos hablan de las repatriaciones realizadas con éxito. Son los datos, aseguran, de una de las armas más efectivas para paliar las tasas de criminalidad y para luchar contra la inmigración irregular. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró hace apenas un mes que  se debía a los vuelos de repatriación de inmigrantes, junto al control de fronteras, el éxito en el descenso en 2009 en 7.200 inmigrantes ilegales llegados a nuestras costas.  En 2009, además, los agentes de  la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros (BEDEX)  han expulsado a un total de 7.591 delincuentes reincidentes. Unas expulsiones que son ordenadas judicialmente y que implican la prohibición de entrada en España y en los países miembros de Schengen durante los próximos diez años.

Sin embargo, no existe la misma transparencia para facilitar  los datos de las “repatriaciones frustradas” y, mucho menos, del montante de dinero del erario público que nos gastamos en pasajes y dietas de los policías de estos vuelos que no llevan a ningún parte. Y, mucho menos, aunque a casi nadie le importe: ¿Cuántos agentes estuvieron de baja el año pasado por incidentes como el relatado?