El control del gasto sanitario, una batalla perdida

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Trinidad Jiménez, en una reciente comparecencia parlamentaria. / EFE

Cómo en la célebre serie de dibujos animados Tom y Jerry, un gato un poco tonto e indolente si se quiere, Tom (la Administración), se empeña en someter al ratón Jerry (la industria farmacéutica) a lo largo de una guerra interminable, con trucos y desastres de por medio, en la que siempre pierde el dueño de la casa, en este caso el ciudadano, que ve como una gran parte de la riqueza nacional adscrita al capítulo de gasto sanitario, más del 8% del PIB, se va por el desagüe —dinero empleado en adquirir medicamentos— que, a decir de los expertos, en un 35-40% del gasto es ineficiente o, dicho en otros términos y con palabras más rotundas: hasta un 40% podría ahorrarse de la actual factura farmacéutica el Estado si se hiciesen bien las cosas de una vez.

Entonces, ¿a qué viene tanta celebración de pactos entre Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas, con foto y parabienes? ¡Ah!, es que son 1.500 millones de euros al año los que ahorramos, han dicho enseguida los políticos, siempre dispuestos a apuntarse éxitos. Ya, pero es que a los fabricantes de genéricos, que son la familia pobre del gran lobby farmacéutico, “los estamos asfixiando”, me comenta un experto, con largo recorrido y experiencia en esto del gasto en medicamentos. Un genérico, para quien no lo sepa, es aquel fármaco con la misma composición e idéntica capacidad terapéutica que uno de marca, pero más barato. De modo que hasta aquí, todo correcto; si el fármaco equis cuesta diez, y es igual de eficaz que el que cuesta veinte, ¿por qué comprar el caro? O sea, que no hay nada que objetar a la propuesta, pero, “yo no hubiese tocado para nada los genéricos”, concluyen distintos profesionales de la salud, tras exponer sus argumentos.

¿Qué argumentos? Y es que... Toda esta estrategia de ahorro basada en atacar el eslabón más débil de la cadena de la industria farmacéutica puede venirse abajo de un día para otro si estos fabricantes, los de los genéricos, empiezan a descuidar sus productos o a relajarse en los obligados controles de calidad a qué deben someterlos, acuciados por la necesidad de abaratar costes “como sea” ante el nuevo tijeretazo anunciado la semana pasada, tras el pacto entre Ministerio y comunidades autónomas, de recortar los precios de estos fármacos en un 25%, con la disculpa de que su uso en España ha de impulsarse. Un consumo que está hoy en torno al 6%, muy lejos todavía de ese 30-35% de media que estos fármacos representan en la factura farmacéutica de la Unión Europea.

Por lo tanto, uno de los argumentos que esgrime el Ministerio al proponer el pacto (aumentar el consumo de genéricos), además del del ahorro, no está tan claro que vaya a beneficiar a la larga al usuario ni a estabilizar el sector, al menos en lo que al apartado económico se refiere. Y, en cualquier caso, de una factura farmacéutica global que sobrepasa los 12.000 millones de gasto al año, sólo en medicamentos, algunos cientos de millones de ahorro por la rebaja en el precio de los, ya baratos, genéricos no parece tanto... frente a los riesgos. “Lo que nos faltaba... que los genéricos cogiesen ahora mala fama si se produjese algún fallo o descuido en su fabricación. Con lo que está costando implantarlos”, clamaba otro político, adscrito al ramo sanitario, consciente de que la gran industria hará todo lo posible por desprestigiar y arrinconar a sus competidores, los fabricantes de genéricos. De hecho poco o casi nada ha dicho hasta ahora Farmaindustria, la gran patronal farmacéutica, con respecto al reciente pacto; y es que el gran recorte no va por ahora con ellos.

¿Qué hacer, entonces, para que esta pelea entre Tom y Jerry acabe de una vez? ¿Será posible un pacto entre esa industria poderosa y los Estados democráticos para que ésta modere los precios, investigue de verdad, y atienda, en definitiva, a la demanda natural de la sociedad de “más salud para los ciudadanos”? ¿Será posible conseguir que una de las industrias más poderosas del mundo, junto con la armamentística, asuma una política de servicio al bien común, que es lo que se supone que debería primar en un negocio que se nutre de la vida y la salud de las personas?

Si miramos hacia atrás y repasamos la historia reciente, hay pocas esperanzas de que esto ocurra. Hace más de veinte años que los gobiernos europeos, en cuanto ven que el gasto farmacéutico se dispara en las estadísticas y las curvas de nivel de gasto se elevan casi en vertical, se aprestan a tomar medidas. En España, es un ejemplo, el gasto en la partida de farmacia se ha duplicado en los últimos diez años; en la década de los 80 del siglo pasado y en gran parte de los 90, el incremento en el gasto sanitario cada año no bajaba de dos dígitos. Ora pongo precio fijo a los antiinflamatorios o exijo un visado para dispensarlos, ora pido control extra para los ansiolíticos, ora obligo a la Gran Farma, como la llamó John Lecarré, a compensar al Estado por los gastos añadidos que supone la aparición continuada de un nuevo fármacos, no siempre necesarios.

El resultado es que, en tres meses apenas, la industria compensa aquella merma en sus ingresos que los gobiernos por decreto o por un pacto amistoso le exigen. Asombra ver esas cuadrículas en las que los países de la Unión Europea (Francia, Italia, España, Alemania, Holanda, etc.) suben y bajan por las curvas que representan el gasto, en función de las medidas puntuales que toman para reducir la factura farmacéutica, mientras la industria, impasible al desaliento, toma enseguida las suyas que les llevan, como digo, en pocos meses a resarcirse de “las pérdidas”. Tres meses bastan casi siempre, cuatro o cinco a lo sumo, para que todo vuelva al mismo sitio y el gasto en medicamentos siga creciendo, que es lo que el negocio exige.

En esta ocasión también ocurrirá así, vaticinan los expertos. El pacto de la pasada semana, con ser un buen principio, si no para acabar si al menos mitigar las desavenencias en ese estado de reinos de Taifa en que se está convirtiendo España, morirá de inanición dentro de algún tiempo. Si las estrategias no varían, no variarán los resultados. Así llevan Tom y Jerry dos largas décadas discutiendo por el control del gasto farmacéutico. Seguro que hoy la industria tiene ya nuevos fármacos preparados, en disposición de ser lanzados al mercado; fármacos que presentará, cómo no, como la panacea terapéutica, aunque luego, en muchos casos, sean simples variaciones de otros ya existentes. En el año 2009 se incorporaron al arsenal terapéutico (hoy compuesto por 14.350 especialidades farmacéuticas frente a los 8.273 que había en el año 2001, por ejemplo), 25 nuevos principios activos presentados en 612 formas diferentes; es decir, que el negocio y el marketing exigen la diversificación de los productos para multiplicar su rentabilidad; esto está claro. El gran lobby farmacéutico promoverá a partir de ahora nuevas campañas publicitarias y más incisivas. Campañas subliminales y otras artimañas que nadie como esta industria sabe manejar para ganarse el favor de los profesionales y usuarios.

¿No cabe entonces esperanza alguna de que esto cambie? Sí, claro que cabe; la esperanza es lo último que se pierde. Y más en salud. A decir de los expertos el problema se solucionaría en el momento en que se fijasen los precios de los fármacos a partir de la utilidad terapéutica que tienen. Dos medicamentos que curan igual deben costar lo mismo, y no como ocurre ahora que hay medicinas que teniendo la misma utilidad que otras cuestan casi 100 veces más, por la única razón de que una lleva en el mercado diez años por ejemplo, y la otra acaba de salir y se presenta como “lo último de lo último”. Si la industria se dedicase a investigar de verdad para obtener nuevas moléculas con nuevas opciones terapéuticas, comentan las fuentes consultadas, y se dejasen de introducir sutiles variaciones en la estructura molecular de viejos fármacos que ya tienen probada su eficacia, a los que tratan de avalar, por supuesto, con los ensayos clínicos correspondientes que justifiquen la inversión que han hecho para vestir al nuevo fármaco (que no es más que otra copia de medicamentos ya existentes), el gasto sanitario sería más soportable y se reduciría, ¡sólo con eso! en más del 20%.

Si dejasen las grandes marcas de pensar en el envoltorio (ahora presentamos el fármaco en forma de chiche, mañana como inhalador, más tarde como pastilla disoluble o jarabe) y se ocupasen de hacer I+D+I  de verdad, los gobiernos seguramente no tendrían los problemas que ahora tienen para la financiación de la prestación farmacéutica; es más, avalarían con presupuesto y colaboración política a la industria que ahora sí, aceptaría trabajar (de verdad) para mejorar la salud de los ciudadanos.

El resto de los acuerdos en el pacto suscrito entre Ministerio y comunidades autónomas, son “letra pequeña” a decir de algunas fuentes consultadas. La llamada factura en la sombra que se ha probado ya en alguna autonomía, como Cataluña, y sobre la que se corrió un tupido velo, al generar no pocas dudas sobre su conveniencia y eficacia, al menos desde un punto de vista político, no tendrá ahora, si se implanta, mejores resultados de los que ya tuvo. Quienes entienden de esto dicen que no servirá para mucho (a la hora de concienciar al usuario y de informarle en qué se gastan los dineros públicos) y sí generará conflictos y dudas cuando en dos procesos terapéuticos similares las facturas no coincidan... En fin, un galimatías que sólo el tiempo dirá si resulta o no eficaz.

Como la propuesta que en su día ya implantara en Galicia, con rango de experiencia piloto, la antigua ministra de Sanidad del PP, Ana Pastor, hoy secretaria ejecutiva de Política Social de los populares. Pastor acaba de anunciar y rescatar aquella idea de “ajustar la dosis a las necesidades del paciente”; se lo lanza a la cara a Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, aduciendo que con aquella medida se consiguió un ahorro en antibióticos del 35%. Pero en este blog sabemos que aquello fue un fiasco. Hubo tantos problemas que de aquel proyecto que nunca más se habló; si en cambio se sabe, que costó sus buenos dineros.

Y es que no es nada fácil para el usuario español, acostumbrado a recibir de su sistema sanitario todo gratis con recursos hasta ahora, prácticamente, sin límites (hay ahora mismo en España pacientes crónicos que siguen tratamientos que le suponen al Estado más de 300.000 € de gasto al año y el Sistema Nacional de Salud lo asume), entender que ha de ser moderado en la demanda, que debe cuidar lo que tiene, que no puede pedir el Cielo porque sí... aunque alguien se lo esté prometiendo. Los recursos sanitarios también tienen su límite; lo que se necesita es gestionarlos bien para que duren. 

9 Comments
  1. Eulalio says

    Me pregunto, ¿los médicos no pueden recetar lo que quieran? No he leído nada al respecto. ¿Por qué no recetan genéricos siempre? ¿Por qué no se obliga de alguna manera a recetar un porcentaje en genéricos? ¿Por qué se deja a su albedrío?

  2. trevor says

    Porque la calidad y la eficacia de los genéricos es menor que la de los originales, y no sirve para todo el mundo

  3. Uriuri says

    trevor; el único caso en que la eficacia de los genéricos significativamente más baja es cuando se necesita tener una concentración del fármaco en sangre bastante constante, cuando es importante que sea muy constante (p.ej: en immunosupresores, despues de un transplante). En la gran mayoría de casos, el genérico es igual de efectivo.

  4. teler says

    primero la prescipcion de un farmaco ( la receta) es algo qeu solo puede realizar ciertos profesionales no solo medicos y es libre, pero el problema aqui no es la prescripcion es la financiacion, porque se financian farmacos mas caros si hay opciones mas economicas??, porque se traslada al medico la carga del precio del farmaco?? porque no asume esa responsabilidad los politicos??

  5. LadeGuardamar says

    Eulalio, los médicos no recetan genéricos porque los laboratorios farmaceúticos les hacen regalos (jamones de jabugo, viajes, etc). por recetar sus productos. El sistema farmaceútico español es obsoleto, favoritista y con demasiadas corruptelas a costa del bolsillo de los españoles. Ningún gobierno de la democracia ha podido cambiarlo debido a los muchos intereses económicos en juego. Es uno de los grandes retos que la democracia española tiene pendiente.

  6. Wilhemina Dunakin says

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