La doble cara de la igualdad en las prisiones

El Plan de Acciones para la Igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito penitenciario se firmó como uno de los compromisos de Instituciones Penitenciarias en mayo de 2009. Un año después, funcionarias de prisiones denuncian que el plan no se ha puesto en marcha. El que respecta a las funcionarias, está por llegar.

Hace un año la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, la subdirectora general de Programas del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, Teresa Blat Jimeno, y la subdirectora general de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Concha Yagüe, presentaron el Plan de Acciones para la Igualdad en el ámbito penitenciario. Por primera vez, se afrontaba una política global de género en Instituciones Penitenciarias para acabar con las discriminaciones en razón de género, conocer las características de las mujeres encarceladas, atender sus necesidades y erradicar la violencia de género. Las conclusiones aún no se han presentado y fuentes penitenciarias aseguran que “se ha quedado en una mera declaración de intenciones”.

A falta de estas conclusiones, la carencia llega también del otro lado de la reja. A pesar de que las ‘ramificaciones’ de Igualdad se extendieron a las cárceles, en el tintero se quedaron las pretensiones de 2.000 funcionarias. No existe, ni se espera un Observatorio de Igualdad para las funcionarias de prisiones. Y hace falta, aseguran desde la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación de Prisiones, un movimiento que trabaja desde el 2009 para reivindicar lo que ellas consideran “un derecho” y que la Directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, califica en sus intervenciones como “un privilegio”.

Trabajan en las cárceles de Tenerife, Castellón, Puerto 2, Villena, Arrecife de Lanzarote, Bonxe u Orense. Hace un año apenas se conocían, pero se han unido por la causa constituyendo una asociación. La única forma de hacerse visibles. Sin subvenciones. Sin ayudas y, aseguran, sin afiliación ideológica. Cada una de un color, pero unidas en su lucha.  Y es que, debido a lo que ellas consideran una mala interpretación de la Ley de Igualdad, se ven forzadas a trabajar en prisiones con varones, cuando su plaza de trabajo se creó exclusivamente para trabajar con mujeres presas. No tienen opción. La Ley obliga a todas las funcionarias que accedieron al puesto antes de 2007, momento en el que sí existían esas condiciones a pesar de que, en su mayoría, rechazan trabajar con hombres presos “en un mundo tan masculinizado como el penitenciario”. Ana, vicepresidenta de la asociación, dice: “rechazamos que, ahora, por decreto tengamos que  trabajar con violadores, maltratadores, y hombres condenados por delitos sexuales”. Por eso, reclaman objeción de conciencia. Dicen que sus reclamaciones están íntimamente unidas a una mejora de la situación de las presas, de las que un 80% han sido víctimas de malos tratos.

Precisamente –destacan–, una de las firmantes de dicho plan, la hoy Subdirectora general de Tratamiento de la Institución, Concepción Yagüe, concluyó en un trabajo, cuando era directora de Alcalá de Guadaira –una prisión exclusivamente destinada a mujeres–, la importancia que para la mujer maltratada y encarcelada tiene la lejanía del agresor y el referente de mujer independiente que le pueden ofrecer las propias funcionarias de prisiones.

En este año en el que llevan alzando la voz se han encontrado con varios muros: desde los que rodean al Ministerio de Interior o el de Igualdad como los alzados en el interior de muchas prisiones. Se sienten solas y abandonadas, incluso por algunos de sus compañeros o compañeras. Y creen que están perdiendo la carrera: “existe una huida masiva de funcionarias a puestos de oficinas, puestos menos remunerados”, denuncian. Muchas de ellas, además, están de baja por las diversas situaciones de presión que se han creado en su trabajo. No pueden acreditarlo con cifras oficiales porque, en la mayoría de los casos, la causa de la baja no se identifica como tal por el miedo a las consecuencias.  También se han creado otras situaciones, ya en el interior de las celdas, a la hora de inspeccionarlas, en los pasillos o en las duchas. Aún no saben cómo, desde Interior, piensan garantizar la seguridad de las funcionarias en el desempeño de sus funciones en los departamentos de hombres, máxime teniendo en cuenta la masificación, escasez de personal  y la alta tasa de conflictividad de la mayoría de los centros penitenciarios.  ¿Y la de sus compañeros? “Si hay un altercado, ponemos en peligro también su seguridad e intensificamos la presión en su trabajo”, afirman.

A pesar de todo, estas funcionarias consideran que la Ley de Igualdad no es la culpable sino su gestión posterior. Tras su promulgación, se publicó el Real Decreto 1836/08 que la desarrolló, y, a partir de ahí, se aplicó retroactivamente en el ámbito penitenciario sin un estudio previo de impacto de género ni consulta alguna a los afectados. “Sólo pensaron en la igualdad en las pruebas de acceso. De esta forma, se vulneran derechos y libertades  sin crear un proceso de transición libre y democrático como se ha hecho en Cataluña, lugar en el que se aplicó de forma voluntaria entre los trabajadores y en el que aún existen doce mujeres de escala femenina que lo han querido así, o en el resto de Europa”.

Su propósito no consiste en ser iguales a los hombres. Tampoco demostrar que pueden trabajar con reclusos, sino un reconocimiento a su trabajo y a su posición. Acceder al cuerpo de funcionarias de prisiones sólo para mujeres, la Escala Femenina, tenía sus particularidades, como mayor puntuación para poder entrar, muchas menos plazas a concurso que en la Escala Masculina y práctica imposibilidad de promocionar en el puesto de trabajo. Todas, condiciones que ellas aceptaron y superaron, y que ahora ignoran.

Ayer, en el Congreso, el impacto de género volvió a ponerse sobre la mesa con un escándalo de fondo, las destituciones de la cúpula de Alcalá Meco tras las denuncias de agresiones por algunas de las internas. Otra parte del problema. Según fuentes penitenciarias, tras la aplicación de estas normativas sobre Igualdad, se ha detectado  un aumento en el número de hombres en contacto continuo y directo con reclusas y a la inversa mientras que, antes, el contacto era puntual y se limitaba a la consulta médica, a las entrevistas con los  educadores, con el director o trabajadores sociales, entre otros.

Sin embargo, dicen desde la asociación, “el impacto de género en las prisiones no debe reducirse a las agresiones. El problema es más extenso y más profundo”, afirma Ana. Y proporciona datos. “No hay que más indagar en la dos últimos concursos de plazas de funcionarios y en los que se puede observar que ha existido una huida masiva de funcionarias a puestos de oficina. ¿Para qué tanto curso de género? ¿Para dejarlo en un cajón?”, se preguntan.  La lucha sigue. Igual que el curso de la Ley. Al menos, les queda aquella frase de la Premio Nobel de Paz  2003, Shirin Ebadi,  que ellas han convertido en su bandera: “Si no puedes eliminar la injusticia, por lo menos cuéntasela a todo el mundo”.