Víctimas de segunda

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Paco Zaragoza comienza la charla con firmeza, seguro de sus palabras. Sus ojos no mienten: hablan del pasado. Desde los 31 años, carga con la condena de haber sido una víctima de un atentado de la banda terrorista ETA en la época del  plomo. Años de sufrimiento silencioso y de sonoras bombas y disparos letales. Su discurso es conocido y no se amedrenta cuando asegura que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado son “los apestados de las víctimas del terrorismo”. Paco no habla por hablar y  esgrime argumentos en forma de cifras: 600 agentes asesinados y el 70% de los heridos. “Somos el grueso de las víctimas, pero no tenemos derechos”, insiste. Por eso, junto a otros como él, constituyó la Asociación de Víctimas del Terrorismo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con apenas subvenciones, intentan que les escuchen. Pero siguen sintiéndose al final de cola.

A pesar de los avances, de la superación de antiguos miedos y del reconocimiento de las víctimas, ellos se sienten relegados. “De nosotros nadie habla”, dice. Y los argumentos de quienes dicen que el uniforme lleva implícito el riesgo, para ellos, está demasiado gastado. “Morir no nos va en el salario. Nosotros firmamos un contrato como servidores públicos, no para morir. Hay que desterrar esa idea arraigada de que los policías y los guardias civiles tienen la obligación de sufrir en silencio, como si sufrir atentados fuera en el sueldo.  Sobre todo, en aquellos años en los que nos enviaban a morir arriba, en muchas ocasiones,  por la ineptitud de los mandos o la falta de medios. ¿O ya nadie se acuerda de cuándo morían cien policías al año y de cómo los agentes heridos debían incorporarse al trabajo sí o sí? Y, si no salías a la calle, te arrestaban. Bueno, ahora, les quitan el sueldo”, argumenta.

Los ojos de Paco tienen el pasado marcado en las retinas. Grabados con un cincel de metralla y amonal. Difícil de curar. Imposible de olvidar. Lo recuerda todo y ya han pasado 22 años. El 18 de diciembre de 1988, era uno de los agentes que componían la compañía de reserva general con base en Logroño. Eran la unidad de élite de los antidisturbios, dispuestos y preparados en una hora en cualquier punto. Allí sólo llevaba dos años, aunque a sus espaldas contaba con otros ocho en la misma unidad por toda España.  Ese día les habían llamado para prestar un servicio extraordinario en un partido de fútbol en el País Vasco. Solían subir con frecuencia.

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Salieron por la tarde desde el cuartel de Atocha, entonces el hospital Militar, un edificio donde las medidas de seguridad brillaban por su ausencia. “Su única protección consistía en apostar taquillas contra los cristales de la ventana”, cuenta. Ese era su blindaje. Iban cuatro furgones, aunque sólo el primero disponía de inhibidores de frecuencia. Al llegar al peaje de Ermua observaron una furgoneta R4 estacionada en un lado. “Nos estaban esperando. Era una trampa”. Una trampa cargada de amonal y tornillos. Explotó al pasar el furgón en el que iba Paco. “El jefe murió en el acto: un cristal le partió el cuello y no se enteró de nada. El conductor perdió un ojo. Otros dos agentes sufrieron daños en la pelvis y en la espalda. Sólo uno de los policías salió ileso”, narra. El furgón quedó destrozado. Cuando los agentes heridos escaparon de aquella trampa, los terroristas les esperaban en el exterior para rematarlos. Las balas cayeron sobre ellos a discreción mientras los compañeros acudían en su ayuda y abrían fuego. El tiroteo no se cobró más heridos, pero los terroristas huyeron. “Días después, los detuvieron a todos. Era el

‘comando de Eibar’, uno de los más duros”.

Los agentes no llegaron a cubrir el servicio, pero los aficionados exigieron que el partido se celebrara sin policía y así sucedió. “Iba contra las normas, pero se lo permitieron. Había dos muertos sobre la mesa y les dio igual”. Con la explosión, también resultó herido un sacerdote que pasaba por allí. A los heridos los trasladaron a los hospitales de San Sebastián y Mondragón, pero todos pidieron el traslado a Logroño. Querían salir de allí. Aquella misma tarde, Paco salió del centro y en un coche se trasladó a su casa. Ese mismo día lo hospitalizaron por las heridas en la espalda que aún perduran. No volvió a vestir el uniforme. La espalda quedó dañada, pero su mente nunca fue la misma. Y llegó el sufrimiento y las noches en vela. Las pesadillas. “No puedes evitar pensar que es culpa tuya; que podías haber hecho algo más, pero no es cierto. Te sientes culpable y no lo eres”, afirma.

Del resto de sus compañeros sólo se incorporó el que quedó ileso. Paco se trasladó a su tierra, Valencia, con su familia. “Me retiraron el arma. Lo preferí. Podía haber hecho cualquier tontería”, reconoce. Su familia fue su único apoyo. “Con las bajas laborales, todo eran trabas. El Director General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo recurría todas nuestras peticiones. También hubo retrasos en el pago de la indemnización y, entonces, se produce una segunda victimización y las heridas, que no han cerrado, vuelven a abrirse”. Su mujer, siempre a su lado, ha sido su amiga, su compañera, su enfermera, su psicóloga, su apoyo… “No era persona: estaba hundido, con un tratamiento muy fuerte”, reconoce. Tres años después un tribunal médico le declaraba incapacitado permanentemente.

A los terroristas les juzgaron. Pero a él no le avisaron. Tampoco le llamaron a declarar y, eso que era una de las víctimas. Paco se enteró de que hubo una sentencia condenatoria en 1999 , siete años más tarde. Y volvieron las injusticias. En la resolución judicial, se decía que le correspondía una indemnización por los días que había estado de baja. “La decisión era de enero y a mí me declaró el tribunal médico inútil en agosto. ¿Cómo se entiende? He cobrado ocho millones de pesetas por los días que he permanecido de baja, pero no por las heridas ni por las secuelas”. De nuevo se hurga en la herida de las discriminación y se ahonda en los que los psicólogos llaman  ‘victimización’. El dinero no devuelve la salud, ni cura los desperfectos. Paco camina con dificultad y suele ayudarse de un bastón. Su espalda tiene la marca de tres operaciones y aún puede que pase, de nuevo, por quirófano.

A los terroristas les verá en la calle en 2017. “Bueno, si no se les hubiera aplicado la doctrina Parot, ya estarían fuera”, explica. Desde entonces, no ha desempeñado ningún trabajo. “Intentas dedicarte a otras cosas, pero nada funciona”. Y se siente inútil. El estrés postraumático se ha cronificado. Y no hay solución. Sigue en tratamiento, pero nunca podrá curarse. Ninguno de sus dos hijos ha seguido su carrera. Y, en el fondo, se alegra.

La nueva Ley de Victimas que están cocinando los partidos políticos le sugiere muchas cosas. “Es una nueva apuesta por la negociación: el guión está escrito. Los muertos no han servido para nada. Al final, serán las palabras las que derrotarán a ETA y los heridos seremos para siempre las víctimas invisibles ¿a quién le importa?”, pregunta, no sin cierta tristeza. Paco pide dignidad, justicia, memoria y verdad, reclamaciones que no ve a primera vista en la letra del nuevo texto. “Los que han sufrido el azote del terrorismo, las clases pasivas de las FFAA, no ven recogidas sus reclamaciones. Existe una gran diferencia entre el cobro de una pensión según el año del atentado que puede oscilar entre los 700 y los 1.000 euros. Parece que tenemos la culpa: cambiamos las leyes, pero se olvidan de nosotros. Si la ley es integral, debe acabar con esta discriminación”, pide, mientras hace referencia a la indemnización lograda por el socialista Eduardo Madina, de tres millones de euros. “Dicen que le estropearon su aspiraciones en el deporte. A otros policías también les han amputado piernas y  les han estropeado la vida y sus indemnizaciones no pueden ni compararse”, responde. Muchos de sus compañeros no han tenido derecho a juicio o a ninguna indemnización porque los autores no han sido detenidos o porque se han archivado los expedientes en la Audiencia Nacional, entre otras razones.

La Ley 32/1999, de Solidaridad con las Victimas del Terrorismo, ya provocó agravios y desigualdades entre las víctimas. El cese de un destino a un policía, hasta la resolución de su expediente de pase a jubilación o retiro, que en ocasiones se eterniza, provoca una importante reducción en sus salarios que aumenta el daño psicológico por prorrogar, inútilmente, los trámites. A vueltas con la sobrevictimización. Por eso, dice, el miedo a que vuelvan a aislarles planea sobre sus heridas. Unas heridas que pueden quedar enterradas en un texto.