Víctimas del atentado de Burgos se querellan contra Interior
Dicen que las heridas tardan en cicatrizar; mientras, las paredes se derrumban. Se resquebrajan los muros, mientras los ánimos tardan en borran recuerdos. Y las heridas, las físicas y las psíquicas, siguen abiertas. Estos días se han cumplido los aniversarios de dos atentados de la banda terrorista ETA. El primero, el 29 de julio de 2009, cuando la banda terrorista atentó contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos. En sus objetivos figuraba una matanza. La realidad es que no hubo víctimas mortales, pero sí más de 60 heridos y daños materiales que aún hoy siguen visibles. El otro, tan sólo un día después y trasgrediendo pautas anteriores de no actuar en las islas, en Mallorca. Aquí los terroristas tuvieron más suerte o más pericia. Los agentes Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà Lezaun fallecieron tras la explosión de una bomba adosada a los bajos de un coche de la Guardia Civil estacionado en la calle junto a un cuartel sin cámaras de vigilancia.
¿Qué tienen en común las dos acciones, además de las víctimas elegidas y la banda terrorista, como parte activa? Las quejas de los agentes, siempre verbalizadas a través de sindicatos, del estado en el que se encuentran los cuarteles de la guardia civil y la falta de seguridad que convierten a la Benemérita y a sus familias en presas fáciles. Quejas que vienen de largo y a las que, desde Interior, se acallan con un plan de inauguraciones de nuevos acuartelamientos. Igual que el atentado de Mallorca marcó un hito porque los terroristas se atrevieron a cruzar el mar y actuar en las islas, en el de Burgos, también por primera vez, los heridos han presentado una querella ante la Audiencia Provincial de Burgos para que el juez investigue los dispositivos de seguridad de que disponía el inmueble en los días del atentado con el claro objetivo de demostrar que el Ministerio de Interior no fue diligente en su tarea de evitar el atentado terrorista.
Según consta en la citada querella, las medidas de seguridad no eran las adecuadas, máxime “cuando el cuartel de Burgos era objetivo de ETA” y reclaman a Interior que remita a la Audiencia toda la documentación intervenida al comando Vizcaya, desmantelado en el año 2008, en el que consta, dicen, información sobre el atentado a la casa cuartel. También pide que el citado ministerio aporte al Juzgado las actuaciones contra el dirigente terrorista Mikel Karrera, presunto autor intelectual del atentado de la casa cuartel y detenido en Bayona hace dos meses junto a otros compañeros de la banda, por el interés que puedan aportar a esta causa la información requisada a estos dirigentes para conocer los planes de la banda respecto a la casa cuartel de Burgos.
Además, y en orden a fijar la falta de diligencia, solicitan al instructor del atentado que aporte las medidas de seguridad que tenía el cuartel como cámaras, alarmas, luces de emergencia, efectivos de vigilancia, salidas de emergencia, inhibidores de frecuencia, blindajes o la aplicación de la normativa de riesgos laborales en la casa cuartel. De momento, la iniciativa ya se ha presentado y de su admisión o no a trámite se sabrá, posiblemente, en septiembre.
Reconstrucción física y psíquica
Mientras, las cifras del atentado en Burgos dibujan el mapa de la reconstrucción y la vuelta o no a la normalidad. Interior ha destinado quince millones de euros a reconstruir la casa cuartel de la que sólo queda la estructura de hormigón de un edificio de 14 plantas que se ha empezado a revestir con nuevas fachadas para que pueda estar operativo a finales de 2011. El dinero no podrá cerrar otras heridas que aún tardarán un poco más. Un año después, doce agentes sigue de baja por estrés postraumático, según datos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Algunas de las 93 familias que residían en la casa cuartel han preferido hacer las maletas y cambiar su destino. El resto, esperan realojadas en viviendas alquiladas a inmobiliarias y promotoras. Diferentes formas de enfrentarse a un mismo hecho.
Se han gestionado 1.575 expedientes por los daños materiales provocados por el atentado y se han destinado 7,5 millones de euros para subvenciones. Sin embargo, no todos quieren volver a la normalidad de antes del atentado. En algunos pisos de los inmuebles situados junto a la casa cuartel, cuelgan carteles en los que se leen palabras en contra de la casa cuartel. Algunos vecinos tienen miedo y muchos han cambiado sus pautas de comportamiento.
El 30 de julio de 2009, los agentes Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà Lezaun fallecían tras hacer explosión una bomba adosada a los bajos de un coche de la Guardia Civil estacionado en la calle junto a un cuartel sin cámaras de vigilancia en Palmanova. En este caso, no habrá demanda judicial pero los sindicatos denuncian que existen graves carencias en materia de vigilancia en el cuartel elegido para el atentado. Faltan medios, personal y recursos. No hay inhibidores que impidan utilizar mandos a distancia para detonar artefactos, ni cámaras de seguridad para controlar los accesos. Para contrarrestar la falta de medios, los agentes usan su ingenio y mucha diligencia. Aseguran que se fijan más en los vehículos próximos al cuartel, en las matrículas, hay más controles y más exhaustivos. También se ha ampliado el perímetro de seguridad del cuartel y los vehículos policiales se estacionan, ahora sí, a cubierto. Tampoco se espera un aumento de la plantilla por decisión –confirman– de la Dirección General. En definitiva, no hay recursos, y los que existen se destinan a los nuevos cuarteles.
Informe sobre las casas cuartel
La reconstrucción y la propia existencia de las casas cuartel es un tema polémico dentro del propio cuerpo. Algunos insisten en que es un modelo de viviendas obsoleto frente a los que aseguran que es la única forma de tener una casa en una profesión con un alto nivel de movilidad y bajos sueldos. El caso es que, mientras existan, los agentes quieren que se cumpla la normativa de riesgos laborales. Con este objetivo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha realizado un informe para mostrar a Interior un mapa de la situación en la que se encuentran los cuarteles en toda España; un dibujo desolador –definen– a pesar de que no se han abordado más que aspectos básicos como la existencia de vídeos de vigilancia, el perímetro de seguridad, medios técnicos… Desde la asociación, afirman que han testado 1.600 cuarteles de los 2.700 que existen. Aunque sus conclusiones no se podrán conocer por motivos de seguridad pero –y ése era el objetivo–, sí las tienen sobre la mesa en la Dirección General de la Guardia Civil. Uno de los datos más reveladores es que un 50% de los cuarteles no cumplen las necesarias medidas de seguridad y adolecen de requisitos tan elementales como disponer de un chaleco antibalas personal, o de la mampara para traslado de detenidos en el caso de los vehículos o de defensas personales.
