Mujeres sin alma ni libertad

Como si de una algarada se tratase, algunos miles de personas (2.500, según la Policía Local y 5.000 según los organizadores) gritaron el sábado pasado ante el hotel Meliá de Sevilla, insultos y consignas contra quienes celebraban el IX Congreso de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción (FIAPAC), un encuentro científico en el que se han dado cita más de 600 profesionales de 48 países a fin de analizar el drama humano que cada año viven millones de mujeres en el mundo por el hecho de tener que abortar. Mujeres, en muchos casos, víctimas de violaciones, de la ignorancia más atroz y de las leyes represivas e injustas de los Estados. Mujeres a las que no hace tanto tiempo la Humanidad les negó el alma y ahora pretende negárseles también la libertad.

Frente al intento de la ciencia y la razón de poner orden y sosiego, establecer parámetros de justicia y equidad, conciliar valores de progreso y de desarrollo humano para evitar tanto sufrimiento, unos individuos..., difíciles de calificar, viven atrapados en un pensamiento circular que les anula para ver más allá de su ombligo o, ¡quién sabe si lo hacen manipulados por consignas mercenarias! En cualquier caso, son individuos incapaces de la más elemental generosidad, como es ponerse en el lugar de esas mujeres que viven el drama del aborto, mientras ellos se dedican a vociferar absurdas consignas como “¡No existe el derecho a matar!” Como si hubiese alguien que, estando en sus cabales, desease hacerlo.

Sus mensajes, torticeros y falaces, no sólo ofenden a la inteligencia humana, no sólo son egoístas más allá de lo aceptable si se mira desde la posición en la que están estas personas, las protagonistas de este drama; sus mensajes son también consignas que ponen en su punto de mira, para acusarles, a quienes más están haciendo por evitar el sufrimiento de la gente: los profesionales de la medicina en general y en particular los que actúan en este campo.

En fin, para completar este cuadro absurdo de tenaces individuos empecinados en frenar el progreso de la especie, el día antes de la “gran manifestación del sábado”, hubo una foto fija durante gran parte de la mañana en la mediana que separa a la gran avenida que pasa por delante el hotel Meliá, en la que se puso de manifiesto, claramente, la incoherencia de estos vociferantes pro-vida. Mientras a penas una docena de “adalides de la vida” exhibían pancartas alusivas al tema y conversaban y reían amigablemente, un bebé envuelto en ruido y humo, bajo una nube de contaminación, acunado en el carrito con el que su madre había acudido a la manifestación, miraba atónito a los coches que pasaban a toda velocidad cuando conseguía abrir los ojos. No creo que fuera este el mejor lugar para el bebé ni la forma más correcta de defender su vida lo que estaba haciendo con él la madre.

Dicho esto, hay que denunciar que existen estrategias nacionales, según parece, para que la Ley de Salud Sexual, Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Parlamento español, y que entró en vigor el pasado 5 de julio, sufra todo tipo de zancadillas, trabas y objeciones, según de qué Comunidad Autónoma se trate. Además, la falta de financiación y apoyos para que las clínicas acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desarrollen con normalidad su actividad está llevando a éstas a una situación límite.

En cuanto a trabas y zancadillas, en Madrid y Cataluña, por ejemplo, la demora para que una mujer pueda obtener una cita para practicarle un aborto, puede ser de tres, cuatro semanas. Una barbaridad si se tiene en cuenta que estas mujeres sufren un verdadero drama, emocional y físico, en ese momento, y que cada día que pasan en esa situación es añadirles gratuitamente sufrimiento. Sin embargo, comunidades como Asturias o Andalucía han reducido el plazo a una semana. Asimismo, otras como Cantabria y la citada Cataluña entre ellas, exigen a estas mujeres el pago de la IVE por adelantado. En cambio, otras han firmado acuerdos con la Consejería de Salud correspondiente y con sus hospitales para que de forma automática las clínicas acreditadas se hagan cargo de estas personas, si lo desean, para que les solvente el problema cuanto antes. Navarra por su parte se ha declarado “objetora”, más o menos; es decir, el 100% de sus médicos, aseguran allí, renuncian a practicar la IVE. Y lo mismo ocurre cuando se trata de dar información. En Galicia y en Madrid la información es “muy cerrada, poco clara, y a veces tendenciosa”, se queja Eva Rodríguez, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI); como que no se quiere dar. También equívoca, pues remiten a Asociaciones privadas pro-vida, por ejemplo. Es decir, con tanta “desigualdad en la aplicación de la ley”, señala esta portavoz, “podría decirse que se está creando una ley del aborto particular en cada Comunidad Autónoma”.

Sobre este “ir por libre interesado” de cada Comunidad Autónoma, cabe decir, como resumen, que hay que demandar —y así lo han hecho ya los profesionales sanitarios en este IX Congreso de FIAPAC— un reglamento que sea de obligado cumplimiento para todos y que garantice al mismo tiempo, no sólo la igualdad de acceso a las IVE, como ya estableciera la ley en su momento, sino que regule, también, otros aspectos como la educación sexual de los jóvenes, la formación de los profesionales en el tema del aborto y, de una vez por todas, el acceso a la anticoncepción.

Y hablando de educación sexual... A pesar de que los últimos datos disponibles acreditan que se han reducido notablemente las IVE desde 2008 para acá, en más de un 3%, debido a la bajada de la inmigración y a la venta libre de la píldora del día siguiente sobre todo, nunca va a ser suficiente el esfuerzo que se haga en este terreno. Todavía son muchos los embarazos no deseados; concretamente, en 2008 se practicaron 115.812 interrupciones voluntarias de embarazo. Es decir, muy probablemente, más de 100.000 mujeres han solicitado este año ayuda ya para abortar o van a hacerlo. Afortunadamente para ellas, en España la ley les protege. Y además les facilita que puedan interrumpir su embarazo libremente antes de las 14 semanas; si lo dejan para más tarde tendrán que justificar la interrupción demostrando que peligra su salud o su vida o que el feto tiene graves anomalías.

En cualquier caso, la portavoz de ACAI, Rodríguez, asegura que “aún fallan los métodos de prevención”. “O está mal visto o no se entiende, cuando se es casi adolescente, solicitarle a quien tu amas y te ama que se coloque el preservativo”, explica. “Sí, es cierto”, continua diciendo, “que los jóvenes de hoy, en general, están más concienciados del problema que puede acarrearles un embarazo no deseado, pero también lo es que mantienen más relaciones sexuales que antes y se las inician más precozmente”.

Lo que los profesionales que trabajan en este campo piden, es que se les dé más herramientas a los jóvenes; y, por supuesto, más información y si es posible de forma continuada. “Que se les ayude con guías y material de apoyo a protegerse, por ejemplo, sobre las enfermedades de transmisión sexual”, insiste la portavoz de ACAI. “Que se les faciliten canales de acceso para conocer mejor los métodos anticonceptivos, se les prescriban y una vez prescritos se les haga un seguimiento”. Porque muchos de los embarazos no deseados se producen en ese tiempo —un tiempo, que a veces se demora medio año— que va desde la primera visita al médico para solicitar información y un “plan anticonceptivo” a la implantación real de un DIU, por ejemplo. O cuando después de una primera visita al médico, tras mucho esfuerzo y autoconvencimiento de que lo que se está haciendo es lo correcto para tener más controlados los riesgos de embarazo, no se le hace más seguimiento a esa persona. Ni la paciente acude más al médico ni éste vuelve a acordarse de ella. Y, claro, así no habrá manera de acabar con este drama que cada día afecta a cerca de 300 mujeres de media.