Peleas entre rejas

Bernardo cuelga el teléfono pensativo. Su semblante es serio. Sin mediar palabra, el extremeño de 42 años se dirige al gimnasio del Módulo 6 en el que cumple condena por el asesinato de una anciana de Cortegana, Huelva, en 1994. Allí, en la prisión de esta ciudad cumplió los primeros años de condena, pero ahora ha cambiado aquellas rejas por las del centro penitenciario Puerto III situado en el Puerto de Santa María, Cádiz, en el que convive junto a otros 140 internos bajo la atenta mirada de dos funcionarios de prisiones. La cárcel, inaugurada en 2007, tiene capacidad para 1.008 internos aunque su ocupación media oscila los 1.174, según Instituciones Penitenciarias.

A Bernardo sus compañeros le apodan el “Mataviejas” aunque su historial no se asemeja al del célebre  José Antonio Rodríguez Vega, quien acabó con la vida de 16 ancianas entre 1987 y 1988 en Santander.  Tras su ingreso en prisión,  no volvió a ver la calle. Fue asesinado en 2002 por dos compañeros de reclusión porque, según alegaron, era un chivato y un violador. La ley de la cárcel acabó con la vida de un criminal que no tuvo piedad con sus víctimas.

Bernardo tampoco deja indiferente a sus compañeros. El pasado mes de abril le concedieron un permiso del que no regresó. Un mes después, el 3 de mayo, lo devolvían al centro acusado de quebrantamiento de condena. Con estos antecedentes, no iba a tener muchas oportunidades de volver a traspasar las fronteras de Puerto III. Por eso, aquella llamada le solivianta. Eran las cinco de la tarde del 22 de septiembre y acababan de negarle el permiso para  acudir al entierro de su madre. “Voy a cortarme las venas y a ahorcarme con los cordones. Me han comunicado que mi madre ha muerto y la dirección no le deja asistir al sepelio”, anuncia a varios de sus compañeros de celda que no dudaron en avisar a los guardianes. Bernardo les ve acercarse y no lo piensa dos veces. Coge un palo de fregona y lo blande hacia el funcionario que intentaba repeler la agresión. No tuvo mucha suerte. El trabajador de la prisión consigue reducirlo, separándolo del resto de los internos para evitar nuevas agresiones.

El recluso había perdido la batalla, pero no pensaba arrojar la toalla. La aparición del Jefe de Servicios, que ya había sido alertado del incidente, le es indiferente y mantiene su intención de suicidarse por lo que considera un desagravio para sus derechos. Según fuentes penitenciarias,  la dirección del centro le había negado el permiso para acudir al sepelio de su madre, a pesar de que los servicios sociales tenían preparada la documentación para la salida y así lo aconsejaban porque iba a ir acompañado de vigilancia policial.“No hay un motivo claro. Unos dicen que fue porque no había agentes disponibles. Otros, porque desde Madrid argumentaron que había una orden de alejamiento en vigor y no podía regresar a su pueblo”, alegan.

Esto ocurrió el pasado 22 de septiembre. Un día antes el conflicto saltó entre los reclusos en el Módulo 1, en el que  se concentran los presos más conflictivos, cuando  uno agredió a otro compañero al negarse a entrar a su celda.No son hechos aislados y así lo denuncia el sindicato ACAIP. Según esta organización, en estos momentos hay dos compañeros de baja por agresiones de internos. “Una de ellas ocurrió el 6 de Octubre cuando a un funcionario le rompieron el dedo con una silla por haber retirado un pincho de fabricación casera a un interno. Otro compañero está de baja desde el mes pasado por una salvaje agresión en aislamiento de la que se salvó una compañera tras el intento de una reclusa de clavarle un bolígrafo”, relatan.

Según estas mismas fuentes, estas agresiones son consecuencia de la masificación de un centro que, a pesar de ser nuevo, está preparado para una capacidad máxima de 1.008 internos -y que en la actualidad oscila entre los 1.650 y los 1.700 internos-, y tiene una mala clasificación interior. Sin embargo, añaden, es imposible contabilizar este tipò de ataques ya que, según explican, el protocolo en estos casos permite que no transciendan, salvo que exista un herido. "En este caso, los sindicatos sí nos enteramos". Las otras rellenan un expediente y siguen su curso. A pesar de ello, continuan, Puerto III tiene 'el honor' de ser uno de los centros con menores denuncias de los reclusos y una conflictividad mesurada. Por eso, fue uno de las cárceles escogidas para albergar a seis de los diez internos más conflictivos del país. Los llamados Kies, los capos entre los capos por su confictividad, su historial penitenciario o por los delitos cometidos, a los que se les aplica un régimen de Especial Seguimiento, FIES, en los módulos de aislamiento en los que conviven juntos, aunque cada uno en una celda. Tenerlos vigilados al minuto para adelantarse a sus planes es uno de las prioridades de los funcionarios que los vigilan, aunque no sobran. De hecho, el módulo que suele albergar a más de 40 presos peligrosos suele estar vigilado por cinco o seis funcionarios, a lo sumo, por turno. Sin embargo, todos ellos llegaron a Puerto III porque, según fuentes penitenciarias, el buen funcionamiento del módulo de aislamiento goza de cierta fama  en el mundo carcelario.

Entonces,  ¿por qué aumentan las agresiones en el resto del recinto? Las mismas fuentes apuntan al incremento de la droga en las cárceles, especialmente de heroína, que ya no se pinchan sino que fuman y que los convierte en más agresivos. “Las agresiones son cada vez más importantes y más frecuentes”, apuntan fuentes penitenciarias. “La única forma de pararlo es la investigación policial fuera de las cárceles, pero los recursos son limitados”, explican. La droga entre rejas es uno de los males endémicos del sistema penitenciario. Su vía de entrada suele ser en las comunicaciones con familiares, amigos o abogados. Hay una fórmula infalible, lo que en jerga taleguera se conoce como “los empetados”, esto es, introducir la droga vía rectal. “Ahí los simples cacheos no sirven, aunque sí las radiografías que, sin embargo, los jueces de vigilancia penitenciaria no pueden autorizar a discreción”, explican estas fuentes.

El sindicato ACAIP apunta a otro causa. Los módulos de respeto, una de las armas de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para la reinserción de los presos en la sociedad han “masificado” el resto de módulos. “Si los módulos de respeto sólo tienen cupo para unos 70 presos, el resto asumen más internos de los debidos, es decir, pueden pasar de unos 110-130 a unos 150-170 mezclándose reincidentes, peligrosos, agresores sexuales…con lo que crece la conflictividad”, denuncian desde el sindicato.

El primer módulo de respeto se creó  en 2001, en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, con la clara intención de que, si funcionaba, todos los centros penitenciarios contaran con uno. La propia directora general de Instituciones Penitenciarias lo definía como "lugares de convivencia pacífica" en los que se desarrollan programas de tratamiento que  ofrecían a los internos recursos formativos, laborales y sociales. Un antes y un después en el sistema penitenciario. En suma, se trataba de un nuevo programa en el que los internos aceptan ciertas responsabilidades a cambio de acceder a unos "módulos intermedios" en los que se fomentan las relaciones interpersonales, la responsabilidad y la participación activa y directa en el funcionamiento diario del centro. Sus huéspedes son seleccionados entre los mejores de la cárcel pero son ellos los que, al final, deciden su ingreso a cambio de firmar un contrato en el que se comprometen a acatar una serie de normas como reglas estrictas de limpieza en las celdas y en los espacios comunes y se les prohíbe cualquier acto de violencia así como la posesión y consumo de drogas. El seguimiento es individualizado. Cada preso tiene sus actividades asignadas así como su horario, tanto para las actividades funcionales, formativas y de ocio. De esta forma, si incumplen las reglas –como negarse a someterse a un examen de tóxicos o no realizar las tareas asignadas-, pueden ser expulsados temporal o definitivamente por la iniciación de un expediente disciplinario.

El sistema se exportó a todo el país de forma que diez centros ya contaban  en 2009 con, al menos, un módulo de respeto. Los elegidos fueron  Alicante II, Algeciras (Cádiz), Málaga, Topas (Salamanca), el psiquiátrico de Alicante, Teixeiro (A Coruña), Albolote (Granada), A Lama (Pontevedra) y Pereiro de Aguiar (Ourense).  Y la fórmula sigue extendiéndose. Así, Instituciones Penitenciarias asegura que si en el año 2005 había un módulo en una sola cárcel, hoy se extiende a 117 en el que viven 1.738 reclusos.

Bernardo no estaba en un módulo de este tipo. Con él, apuntan, cometieron otro error tras la agresión. En un principio fue trasladado a la enfermería, donde fue sedado, pero el subdirector médico lo trasladó a otro módulo. “Debían haberlo mantenido aislado. Ahora, está en otro más conflictivo. Quizás vuelva a intentar cargar contra otro funcionario”, concluyen.