Antonio Meño, punto y final

Han cerrado una puerta y ha abierto otra. Y lo han hecho de un portazo, con la cabeza gacha, entre lágrimas y sensación de batallas perdidas. Juana Ortega, madre de Antonio Meño, ha reconocido no poder más y ha decidido poner fin al litigio por el que ha empeñado su vida y la de su familia. Unas vidas por otras. La de Antonio, que quedó en coma hace 22 años por una negligencia médica durante una rinoplastia, y la de su familia, que desde entonces no ha pasado ni un día que no estuviera dedicado a intentar que la Justicia ponga en su sitio al anestesista causante del error.  Este punto y final lo cierran con un millón de euros en el bolsillo y cero dignidad. Lo dice ella, entre lágrimas de sal y rabia de fuego. No lo suscribe el abuelo, que habla y es nuestro portavoz, porque ella está harta, cansada y hastiada. 22 años de sufrimiento dejan mella y pocas fuerzas. Y él, con las canas de sabiduría en la cabeza, lanza la pregunta que cae como una losa. “¿Qué importa una indemnización ante la muerte en vida de un hijo?”. Y repite; mucho dinero y poca dignidad.

Repasemos los hechos. Antonio sólo tenía 21 años cuando su vida quedó unida una cama. Cuerpo y mente paralizados. Ahí empezó el periplo judicial. En 1993, un juzgado de primera instancia condenó al anestesista por negligencia a pesar de que éste negó hechos, errores y culpabilidades. Tampoco claudicó con la sentencia en la mano y, cinco años después, la Audiencia Provincial le dio la razón y le absolvieron. Se iniciaba la batalla por la verdad y la dignidad. La familia presentó recurso y a los 10 años, el Tribunal Supremo confirmó la absolución (según la resolución, Antonio se había ahogado en su propio vómito) y obligó a los Meño a pagar 400.000 euros a los demandados por gastos judiciales. La injusticia alcanzaba tintes de burla. Una familia obrera hipotecada para indeminizar al causante de aquella muerte en vida. Y no cejaron en su empeño. En noviembre de 2010, un nuevo testigo logró que el Supremo reabriera  el caso. Mientras, presenciamos su dolor en la calle. Juana y Antonio padre se trasladaron con su hijo incapacitado a la plaza Jacinto Benavente de Madrid a denunciar la mísera actuación de la Justicia. No fue un día ni dos. La familia pasó 522 días en la calle. Su coraje  elevó su desgracia a una causa que asumieron muchos hogares y que hizo sentir como suya a la opinión pública. No podía ser menos. Una familia entera viviendo en la intemperie de la calle bajo el crudo invierno y el despiadado calor con su hijo en coma no era una situación que dejara indiferente a muchos. Y el dolor de la familia Meño removió conciencias. Allí estaba Juana con sus 64 años y su tierna mirada sometida a la crudeza del asfalto sin pedir más que justicia y paz. Y, siempre junto a ella, Antonio, su marido y eterno reivindicador. Dos padres que no tenían nada más que perder y que se apropiaron de la calle para reivindicar una causa que no podía sustentarse en ninguna conciencia; ni la moral ni la legal en la que se desenvuelvían jueces y abogados.

Esta historia se ha acabó de escribir el jueves, 14 de julio, en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid. Hasta allí acudieron las dos partes del litigio: la familia y las seis aseguradoras de la clínica. Unos cargados de sentimientos y reivindicaciones y, otros, de cifras imposibles de poner precio a una vida y tanto sufrimiento. El objetivo era rubricar un acuerdo que evitara llegar a un nuevo juicio, después de que no se alcanzara un consenso en el primer acto de conciliación celebrado el pasado 28 de abril. Las víctimas pedían 1.650.000, justo la cantidad que se les reconoció en 1993 en la única sentencia favorable qu lograron.

El consenso llegó con la entrega de un millón de euros que paga el error que cometió hace 21 años el anestesista. "No había otra forma", explican. Si no aceptaban el regalo envenenado tendrían que seguir litigando diez o doce años más. Y hay que tener muchos recursos para dar una “vida digna” a una persona que no puede valerse por sí sola. El otro lado de la historia apenas se ha trastocado. El anestesista no ha pagado. Él sigue ejerciendo en un hospital público y nunca ha reconocido la culpa de su error. Y ella,  la madre,  dice que el verdadero justiprecio llegaría si él fuera condenado y tuviera que cuidar a enfermos como a su hijo. Sólo así podría saber la magnitud de su error. En cambio, estamos ante una madre rota que siente que ha vendido a su hijo. Pero las fuerzas ya no llegan. "¿Qué haces? ¿Qué camino coges? No puedes hacer nada", pregunta esperando la respuesta que la salve de la indignidad. El abuelo la contradice. “Sé que Juana y Antonio piensan así, pero creo que los padres de Antonio Meño han de sentirse muy orgullosos de su lucha y sobre todo de su dignidad ante la falta de dignidad de la aseguradora y la del verdadero culpable que sigue ejerciendo sin inmutarse en un hospital público”, afirma. Y ahonda en la brecha. “Los abogados de las aseguradoras han de sentirse muy orgullosos por haber conseguido doblegar la dignidad humana de una familia que sólo pedía justicia, denegada durante 22 años a base de artimañas”.

No es justo tampoco para ellos el acuerdo, añade el abuelo, porque “22 años de sufrimiento, la muerte en vida de un hijo y, la lucha encarnizada contra una injusticia de este calibre no estarán nunca pagadas con dinero alguno. Palabras de repulsa para quienes en todo este tiempo se han lucrado con los engaños a la familia Meño. Bravo por vosotros [los padres] que nos habéis dado una lección de lucha sin descanso ni cuartel”. Ahí quedan.