Antidisturbios: la ETT de la Policía

Un agente se separa del grupo de diez policías que blinda el Congreso de los Diputados. Forma parte de la Unidad de Intervención Policial, UIP, más conocidos como “antidisturbios”. Mueve una valla para asegurar el espacio de seguridad frente a los manifestantes del movimiento 15-M, unos veinte, que intentan traspasarlo. No ha tenido contacto con ellos. El cerco levantado, que les reduce su espacio vital, les solivianta y uno de ellos inicia una serie de gritos que se sucederán durante más de media hora. “¡Policía represora¡”, repiten ya no uno, sino todos en un mismo grito. Se acercan a las vallas e intentan moverlas. Los agentes se lo impiden y el contenido de los gritos cambia: “Asesinos, maltratadores, ¿así  tratais a vuestras mujeres?”. Dos viandantes que se acercan al tumulto vociferante preguntan a un policía a qué se deben esos insultos. Él se encoge de brazos y prefiere no contestar. Los gritos durarán aún una hora. La valla permanece inamovible. Los policías también. Cualquiera de estos ciudadanos podía haber sido detenidos por insultos a la autoridad. No hay detenciones. Ésa no es la consigna.

Otra imagen: un acto del PSOE. Varios manifestantes insultan a los políticos que protagonizan  un mitin del partido. Los agentes de la UIP los identifican y detienen.  Los gritos apenas han durado diez minutos. ¿Por qué los agentes reciben órdenes de mantenerse a distancia en unos casos y en otros se les piden que los detengan? Recientemente hemos visto otras fotografías mucho más duras: periodistas detenidos, bofetadas a una chica… que  han inundado la Red y los medios de comunicación. El movimiento 15-M, de hecho, ha creado un grupo de forenses, abogados y otros expertos para canalizar las denuncias por agresión contra la Policía. Pero, ¿y ellos? ¿qué piensan ‘los uniformados’ de las acusaciones de maltrato policial y de las actuaciones de sus compañeros? Daniel, nombre supuesto de un jefe de grupo de una unidad de la UIP y Emilio Martín Dueñas, secretario de acción sindical de la Unión Federal de la Policía, UFP, hablan con cuartopoder.es de los hechos recientes y de sus actuaciones. “Son hechos aislados, que han ido dirigidos, en todo caso, a evitar un mal mayor y que nunca hubieran existido si la situación no se hubiera llevado a este extremo. Nosotros tenemos nuestros canales internos para investigar estos hechos y así se hará. Lo que sí tenemos claro es que hay que llegar a un equilibrio entre lo que queremos evitar y lo que debemos asumir”. La situación no es fácil. En estos momentos, se sienten objeto de insultos, del rechazo social, y la persecución judicial.

“Nosotros no cuestionamos al movimiento 15-M, pero sí a los antisistema que se han apropiado de la calle o de sus reivindicaciones”, añade Emilio. Daniel, que ha estado a pie de calle durante todo el mes de agosto en Madrid, diferencia: “Hay que frenar actitudes porque no toda la masa se comporta igual. Al individuo que insulta, que desobedece o que se comporta de forma agresiva debemos identificarle e instruir una denuncia, pero ¿qué pasa? Que no la aceptan y, si no lo hacen, no puedes entregársela. Lo saben y lo utilizan. Ésa es su consigna: ante nuestras denuncias, no firman”. ¿Y qué pasa cuando los manifestantes se rebelan, saltan el cordón de seguridad y agreden a los agentes? Emilio lo tiene claro. “Deberíamos proceder a detenerlos, pero ni tenemos hombres para ello ni los juzgados de Plaza de Castilla están preparados para recibir una noche a 200 detenidos. Así es que…”. Así es que, nada.

Lo cierto es que el sentimiento que existe entre los antidisturbios es que dos malas acciones individuales han puesto en entredicho la labor de una unidad que nació en 1990 para realizar tareas al servicio de la seguridad de la sociedad y en momentos muy difíciles. Agentes siempre disponibles, con capacidad de respuesta, dotados de medios propios que les permitan desplazarse a cualquier rincón en el que se les requiera, en el mínimo tiempo y con máxima seguridad. “Hemos contribuido a  mejorar la seguridad y la protección de muchos concejales vascos en tiempos muy difíciles, pero esto o no se sabe o no se quiere contar”, afirma Emilio.

Estamos acostumbrados a la imagen de un antidisturbio poblando las calles vestidos de uniforme azules, vigilando edificios  como la embajada de EEUU, la de Arabia, la sede del PP, la del PSOE… en partidos, conciertos, manifestaciones, concentraciones. También suelen formar el segundo cinturón de protección en la protección de los reyes de España y altas personalidades nacionales y extranjeras; establecen controles y otros dispositivos policiales de vehículos, personas, despliegues “de seguridad” . Sin embargo, se suele ignorar su actuación y auxilio en caso de graves calamidades o catástrofes públicas, en situaciones de alerta policial declarada, bien por la comisión de delitos de carácter terrorista o de delincuencia común o su intervención en motines y encierros. También se les reclama para la custodia en los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs, o comisarías, para el traslado de inmigrantes a sus respectivos países o a otros puntos de la geografía nacional o para reforzar los servicios de comisarías. Son el perfecto comodín. Son, se definen ellos mismos, la ETT de la Policía. “Pocos saben que fueron los agentes los que compraron  de su dinero balones de fútbol en el CIEs de Tenerife a los que no tenían nada o de cómo en el 11-M los mismos policías que sacaban los cuerpos de los fallecidos por la mañana asistían a los familiares de las víctimas de madrugada en el Ifema. Eso nunca sale. ¿Si somos tan malos por qué tenemos que defender a los buenos?”.

Rechazados por la sociedad y abandonados por los políticos. A la Delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, ni está ni se la espera. Tampoco esperan mucho más del ministro del Interior, Antonio Camacho, que ya ha declarado que los agentes se han “extralimitado”, pero sin ofrecer una solución a la complicada situación que puede volver a repetirse. A unos y a otros, los agentes les piden directrices, normas de actuación o, como se conoce en su jerga, un protocolo policial, un guión al que acudir para conocer los límites de su actuación y los de los demás. Saber cuáles son sus límites les ayudaría. ¿Por qué nadie ha escrito ese protocolo? ¿Por qué nadie escribe las líneas de la que debería ser su actuación para disolver una masa que no se quiere ir? “Una persona no desaloja un sitio cuando se lo pides por favor. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. La calle es suya”, argumenta Daniel. ¿Y qué haces? “Desalojarlos uno a uno. Los coges de los brazos y las piernas, te los llevas mientras el resto empieza a insultarte: maltratadores…y cosas del estilo”. ¿Se dirigen esos insultos al policía o a las autoridades que les obligan a desalojar una zona? Y hablamos de un desalojo pacífico. ¿Qué pasa cuando estás ante una masa? ¿Y cuándo ésta es violenta y promulga el no respeto a las autoridades o a los uniformados? . “Siempre utilizar los medios para causar el mal menor. La detención sería un instrumento, pero  contando con los efectivos adecuados, si los tuviéramos. Hoy por hoy, en estas situaciones necesitamos a los policías para mantener el cordón policial. En Francia, cuando ocurrió la oleada de quemas de coches, pudieron efectuar detenciones porque ellos son diez veces más que nosotros", explica Emilio. La UIP cuenta con 2.600 agentes aunque el catálogo establece que deberían ser 2.800.

Ejemplos de disturbios violentos se han vivido en Barcelona durante las celebraciones de Liga, Copa del Rey y Copa de Europa del 2006 y 2008; la celebración del Mundial 2010; el macrobotellón, los altercados de las fiestas de Pozuelo en 2009… Durante estos actos, se degeneró en la rotura colectiva de mobiliario urbano, quema de contenedores, agresiones generalizadas, saqueo de comercios, ataques a los servicios sanitarios de incendios y de seguridad… antes de la intervención policial. En este contexto, explican,  la  intervención debería  basarse en el uso progresivo de medios. Por ejemplo, avisar por megafonía que habrá una intervención policial, el movimiento táctico de vehículos, el  despliegue de agentes, el uso de las escopetas policiales con detonaciones sin carga (sin pelotas de goma) y, finalmente, el uso de escopetas policiales y medios no letales (las pelotas). Se busca minimizar el riesgo de daños colaterales producidos por la intervención policial y por los disturbios. “La utilización de pelotas puede provocar lesiones, al igual que el uso de la defensa o al uso de la fuerza por parte del agente en una detención con resistencia activa. Pensar que se puede dispersar a miles de personas con 200 agentes sin el uso de pelotas es caer en un error o estar dispuesto a asumir un elevadísimo número de heridos de la policía y los alborotadores", afirma un policía experto en seguridad ciudadana que lanza varias preguntas.

El debate no se centra sólo en los medios, sino en la necesidad de defenderse de las acusaciones, de las denuncias y de la caza al policía desatada el pasado verano. Los Mossos estudian la posibilidad de que sus agentes lleven cámaras incorporadas en sus cascos. La idea les parece bien. De hecho, han empezado a grabar sus intervenciones, no sin ciertas complicaciones. “Cuando te acercas a grabarlos interponen sus móviles, sus manos o cualquier objeto para taparse la cara. ¿Por qué? Si ellos actúan  bien, son pacíficos y somos nosotros los violentos ¿no?” Hay imágenes en las que se reflejan insultos, agresiones, desnudos de algunas manifestantes, que se han puesto en manos de la Jefatura pero que según un responsable sindical no verán la luz. "Podría ser un arma de de defensa, una forma de demostrar a lo que estamos expuestos, pero no se quiere hacer público. ¿Por qué? ¿No hay que dar una versión global de los hechos?", pregunta Alfredo Perdiguero, de la UFP. Grabarles sirve también para conocer su modus operandi, el perfil de los manifestantes... datos con los que trabaja la Brigada Provincial de Información  de Madrid y que permiten afirmar que los que alborotan las manifestaciones son siempre los mismos y son individuos que no reconocen normas y menos a aquellos que las hacen cumplir.

Mientras, siguen recibiendo órdenes contradictorias. Un ejemplo son las instrucciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, firmadas el lunes 22 de agosto con ocasión de la reunión del 15M que tuvo lugar en la Plaza de Oriente de Madrid con motivo de las cargas policiales realizadas contra manifestantes laicos y la de una concentración prevista para ese día frente a la embajada de Libia en Madrid para celebrar el día de la victoria sobre el régimen de Gadafi y en la que se esperaba la asistencia de aproximadamente 100 individuos. Ninguna de las dos iniciativas había sido comunicada a la Delegación del Gobierno, pero en el caso del 15M la indicación para la UIP fue situar "un equipo a distancia, en evitación de incidentes" mientras que para los manifestantes contra Gadafi se ordenó comunicar a los posibles concentrados que la concentración no estaba autorizada por la Delegación de Gobierno y, si persistían en en su actitud, identificar a los más caracterizados.

¿Qué pasará a partir de ahora? Se presenta un otoño caliente y lo saben. De momento, tienen en mente algunas acciones si los políticos no les ofrecen soluciones. “Que a nadie les extrañe que los agentes no acudan a trabajar si la presión crece contra nosotros o no nos dan soluciones”. Apelan al espíritu de  unidad de la UIP para conseguir que una amenaza así se cumpla a pesar del peligro de apertura de expedientes y sanciones a los agentes. Pero, sobre todo, les preocupa que se extienda la creencia de que un policía maltrata por sistema. “Que la gente sepa que no nos levantamos cada mañana pensando: 'voy a joder a este'. Nos levantamos para realizar un trabajo y a ser posible sin incidencias. Eso será síntoma de que no ha ocurrido nada; que en las calles prevalece la seguridad y la paz social”, insiste Emilio. Daniel se encoge de hombros, mira a su compañero y esboza una sonrisa. “¿Que qué haremos? Tener paciencia”, dice. Emilio, y añade: "Esto no es un problema de la Policía, sino de la sociedad en su conjunto. La Policía no puede estar bajo sospecha”, concluye.