Ese otro 2011

Ricardi, acompañado por su abogada y un familiar, al abandonar la cárcel salmantina de Topas, en 2008. / Efe

Ni presidentes de Gobierno. Ni campeones de Liga o científicos artífices de descubrimientos que pasarán a la Historia. Su escenario es la calle. Su vida tiene tintes grises. Nunca soñaron con protagonizar, siquiera, una página de un periódico, pero sus destinos han puesto en entredicho el sistema judicial o han abierto periódicos por ser el rostro de una denuncia o de un delito escabroso. Han pasado del anonimato al foco de atención de la Historia con mayúsculas, la mayoría de las ocasiones, a su pesar. Estas son las pequeñas viñetas de personajes, sin nombre propio, que han escrito el año que cerramos y que seguirán rubricando el que despierta. Un año aún en blanco que despega de este fascículo viejo que es ya 2011 y que se ha escrito también con estas historias en minúscula a golpe de sonrisas y lágrimas callejeros. Historias que dibujan el mundo, lo mueven, lo decoran…  En este post recordarán o conocerán, por primera vez, a un toxicómano, un asesino, un enfermo terminal o una madre que busca desesperada a su hija. Ellos escribieron otro 2011.

Ocurrió con Rafael Ricardi, un gaditano condenado por una violación que  nunca  cometió. Pasó 13 años entre rejas; el tiempo que la Justicia tardó en reconocer su error. Ricardi abandonó la prisión el 25 de julio de 2008. Sin embargo,  hasta que el  31 de diciembre de 2010 no percibió su compensación por una vida perdida; 555.600 euros; 120 euros por cada uno de los 4.630 días encarcelado por error. 555.600 euros que no compensan 13 años de prisión, pero al menos, que le permiten una casa, un viaje, esos regalos a sus nietos…en definitiva, una vida, a cambio de una pesadilla. Con la indemnización, Ricardi daba el portazo al 2010. 2011 ha sido el año de su ‘segunda’ vida. Este año lo ha pasado en el anonimato; recuperando y aprendiendo a vivir su libertad, pero aún le queda un capítulo para olvidarse de aquella historia que le condenó.  En 2012  será testigo en  el juicio contra Juan B. G. y Fernando P. G, los dos jerezanos acusados de cometer una decena de violaciones entre 1995 y 2000 en El Puerto y en Puerto Real, una de las cuales supuso su condena por error y que la revisión del llamado ‘caso Ricardi’ permitió su detención. El cautivo era y es un hombre sencillo,  pero su caso puso a la Justicia en primera línea. Un toxicómano, que vivía debajo de un árbol, demostró que la balanza y, quienes la sustentan, no son infalibles. Ricardi sólo le puso rostro a aquellas debilidades. David contra Goliat.

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José también es un hombre sencillo. El gallego pasó tres años en prisión provisional por el asesinato de una prostituta a la que solía reclamar sus servicios.  Un jurado popular consideró que no había pruebas para condenarlo y la Audiencia Provincial de Lugo lo absolvió. Corría febrero de 2011. Ya libre, y en casa, en el mismo lugar en el que se encontró el cuerpo de la víctima con la cabeza destrozada, confesó a un periodista de La Voz de Galicia con soltura:“La traje y la maté”El mismo hombre que no supo más que escupir monosílabos y contradicciones en la sala y que negó haber acabado con la vida de la única persona que figuraba en la agenda de su teléfono móvil, decía ahora que él era el responsable y único culpable. La Justicia, y sus vericuetos, de nuevo, de trasfondo. El fiscal jefe de Lugo aclaró que la confesión periodística “no influía” en los procesos a seguir. José sigue libre, porque la Ley dice que no se puede juzgar dos veces a un individuo por el mismo delito. Eso sí, aseguró que estaba arrepentido.

Miembros de la asociación SOS Bebés Robados, durante una manifestación celebrada en Madrid el pasado mes de septiembre. / Efe

2011 puso también rostro a una trama de bebés sustraídos y adoptados irregularmente que había durado décadas y sobre la que aún no se ha escrito el final a pesar de que la Fiscalía ha archivado la inmensa mayoría de los casos. Estos días,  la asociación ‘SOS Bebés Robados” protagoniza una campaña en todo el territorio  para recoger  firmas hasta llegar a las 500.000 necesarias para acudir al tribunal de Estrasburgo. La asociación ha escogido un Belén de Navidad en el que, junto a San José y María, hay una cuna sin niño para representar a los familiares que les han robado. Cuartopoder se hizo eco de uno de estos casos, el de  Dolores Chumillas. Era una más. Una madre de 65 años que buscaba a su hija desde 1978 a la que ni siquiera conocía y que, aseguraba, le habían arrebatado de sus brazos. El suyo era un guión con pocas pistas y muchos vacíos. Su caso sigue sin resolverse, pero al menos ha visto la luz. Hasta que su reclamación no se unió a los más de 260 casos de madres nadie la creía. 2011 les sacó del olkvido a mujeres como Dolores.  Unidas en el dolor forjaron una causa común. Algunas investigaciones tuvieron resultados y algunos de los hijos perdidos fueron encontrados. Otras esperan esa oportunidad. Quieren verlas antes de morir. Contarles su historia y decirles que no los abandonaron ni la vendieron.
La siguiente historia no tiene un solo nombre y apellido, sino muchos. En mayo de 2011, Lorca y sus habitantes sufrieron la mayor catástrofe sísmica del último medio siglo en España. Aquel temblor no fue un pequeño seísmo de los que frecuentemente sacudían la zona. Alcanzó en la escala Richter 4,5 puntos. El epicentro se situó a cuatro kilómetros al norte de la ciudad. El temblor hizo que los habitantes del núcleo principal, en el que viven unas 60.000 personas, entre ellas 14.000 inmigrantes, se echaran a la calle por miedo a una réplica. A las 18.56, Lorca se asomó al apocalipsis. Un segundo terremoto, de 5,1 grados, sacudió el corazón de la ciudad a lo largo del eje de la falla. Los muros comenzaron a agrietarse. Empezaban 48 horas intensas y terribles.  Una de las imágenes más impactantes fue el desplome de uno de los bloques de la urbanización Puerta de Lorca. En pocos segundos Lorca se colapsa. El terremoto afecta en mayor o menor grado a 4.100 de los cerca de 6.500 edificios de la ciudad. Cientos de inmuebles han quedado inservibles, y además la gente no tiene ánimo de volver a ocuparlos. El despliegue de medios es propio de una gran catástrofe. El Gobierno moviliza a la Unidad Militar de Emergencia. Más de medio año después, un millar de familias de Lorca siguen desplazadas de sus viviendas.

En mayo se celebraba el juicio contra el yerno de la familia de joyeros Tous, Lluís Corominas, por matar el 9 de diciembre de 2006 a uno de los hombres que pretendían asaltar la casa familiar en una urbanización de Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Ocho meses después, el caso sigue visto para sentencia. Después de que un jurado popular lo absolviera al concluir que había actuado en defensa propia, ahora será el Tribunal Superior de Justicia quien deberá emitir sentencia después de que el pasado 21 de diciembre volviera a sentarse en el banquillo de los acusados.

En el primer juicio, celebrado en la Audiencia de Barcelona, se reabrió el debate sobre los límites de la legítima defensa. La fiscal no pudo ser más explícita: “si Corominas era absuelto se abriría una puerta peligrosa para la paz social del Estado”. La duda estaba en si concedía o no veracidad a la versión de Corominas a la luz de las pruebas. El yerno, que en la declaración policial, alegó que había visto una pistola en manos de uno de los ladrones, admitió en el juicio que la imaginación le jugó una mala pasada y que, al observar un “movimiento brusco” se vio “muerto” y disparó. La fiscal, sin embargo, negó la legítima defensa porque no hubo agresión. Según el representante público, los asaltantes, no pusieron en riesgo a Corominas. Para la fiscal, esa tarde, un grupo de ladrones de origen albanokosovar intentó robar en el chalé de los joyeros. Un auxiliar observó la escena por las cámaras de vigilancia y alertó a Corominas, que cogió su pistola y se acercó en su todoterreno hasta un Renault Megane aparcado en la calle, donde aguardaban dos de los asaltantes. En pocos segundos y a menos de un metro de distancia, disparó dos veces. Uno de los tiros impactó en la cabeza de Sinani Gazmend, que murió dos días después. La fiscal consideró que este actuó de forma consciente y que no fue víctima del pánico: “En una situación así, lo lógico es salir corriendo. Él pudo hacerlo. En vez de eso, disparó”.

Juana Ortega, madre de Antonio Meño, responde entre lagrimas a los periodistas, el pasado julio, a la entrada de los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. / Ángel Díaz (Efe)

2011 también ha saldado viejas cuentas. Antonio sólo tenía 21 años cuando su vida quedó unida una cama por una negligencia médica durante una rinoplastia. En aquel momento, en el que él dejaba de sentir la vida, su familia iniciaba una lucha para que la Justicia responsabilizara al anestesista causante del error. En 1993, un juzgado lo condenó por negligencia a pesar de que éste negó hechos, errores y culpabilidades. Cinco años después, la Audiencia Provincial le dio la razón y le absolvieron. Se iniciaba la batalla por la verdad y la dignidad. Diez años después, el Tribunal Supremo confirmó la absolución (según la resolución, Antonio se había ahogado en su propio vómito) y obligó a los Meño a pagar 400.000 euros a los demandados por gastos judiciales. La injusticia alcanzaba tintes de burla. Una familia obrera hipotecada por tener que indemnizar al causante de aquella muerte en vida. Salieron a la calle para hacer público su dolor. Juana y Antonio padre se trasladaron con su hijo incapacitado a la plaza Jacinto Benavente de Madrid a denunciar la mísera actuación de la Justicia. La familia pasó 522 días en la calle. Allí estaba Juana con sus 64 años y su tierna mirada sometida a la crudeza del asfalto sin pedir más que justicia y paz. Y, siempre junto a ella, Antonio, su marido y eterno reivindicador. Dos padres que no tenían nada más que perder y que se apropiaron de la calle para reivindicar una causa que no podía sustentarse en ningún argumento moral ni legal.

El 14 de julio de 2011, en el juzgado de instrucción 15 de Madrid,  la familia y las seis aseguradoras de la clínica rubricaron un acuerdo que se saldaba con la entrega de un millón de euros y cero dignidad, según Juana, la madre. Pero si no aceptaban el regalo envenenado tendrían que seguir litigando diez o doce años más. Y hay que tener muchos recursos para dar una “vida digna” a una persona que no puede valerse por sí sola. El otro lado de la historia apenas se ha trastocado. El anestesista sigue ejerciendo en un hospital público y nunca ha reconocido la culpa de su error. Y ella,  la madre,  dice que el verdadero justiprecio llegaría si él fuera condenado y tuviera que cuidar a enfermos como a su hijo. Sólo así podría saber la magnitud de su error.

Otra lección de dignidad. Touhami Handaoui murió el pasado mes de julio proclamando su inocencia. Lo habían condenado a 16 años de cárcel por robar y violar a una adolescente. Hace cinco meses se declaró en huelga de hambre para exigir la revisión de su caso. Y llevó su demanda hasta las últimas consecuencias. Su protesta apenas se escuchó. A este albañil marroquí lo detuvieron en fue detenido en diciembre de 2003. Un golpe de mala suerte. Fue al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja (Alicante) para realizar un trámite relacionado con su coche… y allí le apresaron. Una menor que estaba en el cuartel reconoció su voz y desde el primer momento le acusó de ser el hombre que le había violado. Examinó 500 fotografías y lo señaló. Cada vez que fue llamada al juzgado, se ratificó. El acusado fue excarcelado en agosto de 2004 en espera del juicio, que tardó más de cuatro años en llegar. No intentó huir. La niña volvió a señalarle en el juicio sin dudarlo. Otros testigos acompañaron aquella firmeza. El Instituto Nacional de Toxicología descubrió en una prenda de la víctima una manchita de esperma que no correspondía al procesado. El tribunal lo consideró “irrelevante”. El 23 de febrero de 2009, lo sentenciaron a 13 años por agresión sexual y a tres años más por robo con violencia. Touhami fue a dar con sus huesos a la prisión de Teruel en mayo del año pasado y pidió la revisión de su condena. Se creía víctima de un error judicial. “Prefiero morir antes que admitir mi culpa”, repetía. El 21 de enero pasado se declaró en huelga de hambre hasta el final. Y cumplió.

2011 también se llevó la vida de Ramona, de 90 años y víctima de un infarto cerebral masivo.  La familia pidió ‘permiso’ a la Justicia para retirarle la sonda nasogástrica. Dos jueces de Huelva lo archivaron. La orden de quitar la vía, una iniciativa pionera en España, partió de la Junta de Andalucía y se emitió a petición de la familia. “La habían convertido en una máquina de bombear sangre. Y eso puede ser viable técnicamente, pero no es admisible ni humano”, afirmaba su hijo, José Ramón Páez. El hospital Blanca Paloma, privado pero concertado con la Junta de Andalucía, acató la orden. La sonda nasogástrica fue retirada. Ramona  “no quería vivir amarrada a unos tubos”.

José Bretón participa en una reconstrucción de los hechos en octubre pasado. / Efe

José Bretón es otro de los nombres de la crónica negra de 2011, que aún pervivirá este año. Bretón es padre de los pequeños desaparecidos en Córdoba el 8 de octubre y a quien un juez mantiene en prisión incondicional sin fianza  acusado de delitos de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y simulación de delito. Esta decisión la tomó tras realizarse una recreación de lo que el padre afirma que ocurrió en el parque Cruz Conde, donde dice que los perdió. La tarde del 8 de octubre, una cámara de seguridad enclavada en la puerta de ese parque captó su imagen. Pero no la de sus hijos.El caso está bajo secreto sumarial y en 2012 podría ser el año de su resolución.

En este año se han escrito condenas célebres como la del ‘pistolero de Olot’ al que un magistrado de la Audiencia Provincial de Girona ha condenado a 60 años de prisión por asesinar a cuatro personas el 15 de diciembre de 2010 a tiros. La sentencia considera probado que el 15 de diciembre de 2010 Puig acudió sobre las 7.45 horas con un rifle de caza mayor al restaurante La Cuina de l’Anna, y que allí disparó contra Joan Tubert y su hijo Angel, constructores para los que trabajaba. Tras acabar con la vida de ambos, el asesino se dirigió a la oficina de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de Olot, donde acabó con la vida de dos de sus empleados, Rafael Turró y Anna Pujol. No sirvió la atenuante de trastorno de personalidad, que alegó su defensa. El jurado popular aceptó las conclusiones de los psiquiatras del Instituto de Medicina Legal, que afirmaron que estaba en plenas facultades mentales cuando cometió los asesinatos. El veredicto argumentó que el pistolero actuó “con premeditación” y eligió cabalmente a sus víctimas. Tampoco la atenuante de colaboración, a pesar de que Puig confesó y colaboró en la reconstrucción de los hechos.

2011 cierra sus páginas sin que el preso más antiguo pase la Nochevieja en su casa. El Gobierno concedía apenas hace unos días el indulto a Miguel Montes Neira, quien ha pasado más de la mitad de su vida en prisión, recorriendo las cárceles de media España. Desde 1976, amontona más de 30 condenas por delitos menores aunque en su historial no se lee ningún delito de sangre. Sin embargo, ese permiso para salir a la calle no llegó en Navidad y tampoco lo hará en Nochevieja después de que la junta de tratamiento del penitenciario de Albolote denegara el permiso extraordinario solicitado por su familia porque, según alegan, no reúne los requisitos necesarios, es decir, no se halla ante la muerte, enfermedad grave de un familiar o por paternidad. Miguel debía haber quedado libre en 2010 por una acumulación de condenas, pero la Justicia rechazó refundirlas argumentando que eso sólo se puede hacer en delitos que pueden ser juzgados en el mismo proceso. Y los que él ha cometido están espaciados en el tiempo. Su libertad es ahora cuestión de tiempo.