Crisis en el pastillero español, ¿quién sufrirá las consecuencias?

Por un lado miles y miles de enfermos crónicos que llevan décadas sobreviviendo (o casi) a base de fármacos; muchos con escasos recursos económicos. Por otro los hospitales españoles que han alcanzado tal nivel de desarrollo ya, en todos los órdenes, que bien podría decirse que están entre los mejores del mundo: profesionales altamente cualificados, habitaciones individuales o con pocas camas (salvo excepciones), tecnología de última generación y los más novedosos fármacos. ¡Y esto es ciertamente loable! Porque indica la evolución positiva, sanitaria y social, habida en España en las últimas décadas.

En cuanto al ámbito doméstico, conozco a bastantes personas mayores que no vivirían hoy probablemente si no fuera por las pastillas que toman en varias dosis diarias. De hecho existen unos pastilleros magníficos, manejables y sencillos, que hacen las “delicias” de estos enfermos cuando, una vez a la semana, despliegan sobre la mesa camilla el arsenal de medicamentos que guardan en el cajón de la cómoda y empiezan a distribuir en los casilleros (“mañana”, “mediodía”, “tarde”, “noche”...) la dosis correspondiente a cada hora y día de la semana. Pero aún hay más: estos enfermos, ante el temor a agotar las “reservas”, y con la aquiescencia de la Administración sanitaria que nunca se preocupó demasiado de hacer políticas de prevención y de racionalizar el consumo de fármacos, parecen estar siempre dispuestos a “engordar” su arsenal farmacéutico... —“Por si se me acaban...”, comentan— mientras van acumulando cajas y cajas que no consumirán jamás.

En definitiva, el consumo descontrolado, la inútil acumulación y el despilfarro en materia de fármacos es más que notorio en nuestro país. Como si se nos hubiese olvidado que las pastillas hay que pagarlas. “Como a los jubilados se las dan gratis”, argumentará más de uno, sin reparar en quién paga. Miren si hay que pagar los medicamentos que según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), las Comunidades Autónomas les deben a las farmacias más de 1.930 millones de euros por este concepto. FEFE dice que de las 21.364 farmacias que hay en España, 15.263 tienen problemas de cobro; algunas muy serios; hasta el punto que pueden cerrar. Recuérdese si no las huelgas (insólitas hasta ahora) protagonizadas por las farmacias de Castilla La Mancha. Y eso que los españoles no somos parcos a la hora de pedir que nos recete “algo” a nuestro médico; más de 8 recetas solicitamos al año por habitante; o sea, que no es un problema de gasto, sino de quién y cómo se paga. En los 11 primeros meses de 2011 solicitamos, por cierto, más de 891 millones de estos papelitos “crípticamente garabateados”, llamados recetas, que supusieron un gasto total de 10.248 millones de euros; un 1,84% más que el año anterior (o sea, que no nos estamos corrigiendo a la hora de pedir), aunque sí gastamos menos euros (un 8,69% menos), supongo que debido, sobre todo, a la política de apoyo a los medicamentos genéricos. Resumiendo: no parece que vaya a descender la demanda de fármacos en las farmacias... aunque cada día esté más claro que escasea el dinero para pagarlos. ¿Quién lo sufrirá? ¿Quiénes serán las primeras víctimas de esa falta de recursos?

Pero, con todo, en este terreno, en el de las oficinas de farmacia, no es en el que peor están las cosas, ni en el que más se han disparado las alarmas, que, mal que bien, van tirando como va tirando el país, instalado ya en su depresión colectiva, con listas millonarias de paro y ciclo de recesión económica a la vista. Donde se ha encendido de verdad la luz roja —entre otras cosas porque la patronal farmacéutica, Farmaindustria, es un lobby muy poderoso y sabe mover los hilos que le conviene para dar a conocer el problema— ha sido en la dispensación de medicamentos que las grandes multinacionales del sector hacen a los hospitales. Las últimas cifras facilitadas por Farmaindustria al respecto hablan de una deuda acumulada de 6.369,3 millones entre todas las comunidades autónomas. Cifra que mejor no pensarla ni traducirla a pesetas porque marea. Y esto no es todo; porque cuando la ley marca un plazo máximo de 50 días para pagar, los pagos se están haciendo a una media de 552 días, ¡casi dos años!, con el coste añadido que esto conlleva, al tener que pagar intereses. Porque los intereses se pagan, claro. Pues, aunque la industria farmacéutica “fíe de buen grado” los medicamentos a los hospitales cuando la Administración se los compra, al cabo de algún tiempo empieza a pedir lo que es suyo y las consejerías de Salud respectivas, que son las que tienen las competencias ahora, han de pagar lo que deben, más los intereses.

Cuando todo era bonanza económica, no había problema. Engordaba la deuda, engordaban los intereses, se retrasaban los pagos uno, dos años..., pero al final siempre había una partida de dinero que la Hacienda correspondiente lograba sustraer de alguna partida presupuestaria y se pagaba parte de la deuda... Y la industria, otra vez, volvía a “fiar de buen grado” los fármacos... Y otra vez la deuda empezaba a engordar... Y de nuevo más intereses.

El sistema es perverso, como se ve. No se puede vivir a crédito y, encima, no ser capaces de controlar una partida de gasto tan importante como es el de la farmacia hospitalaria, capital en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). Y más, cuando se sabe —existen estudios que lo demuestran— que, siempre, frente a los ingentes esfuerzos que hace la Administración sanitaria (española y europea, no vaya usted a pensar mal ahora de este azorado país que es España) para reducir la deuda promoviendo, por ejemplo, el consumo de medicamentos genéricos o tomando medidas puntuales y tan radicales como la reducción de los precios, las multinacionales del sector son tan poderosas y sibilinas que en un plazo de tres, cuatro meses ya han remontado otra vez en la curva de ingresos para colocarse al mismo nivel que tenían cuando se tomaron las medidas. ¿Cómo? Sacando nuevos productos al mercado o publicitando nuevas presentaciones del mismo fármaco. Es decir: cualquier esfuerzo que hace la Administración sanitaria para reducir su factura con la industria farmacéutica, ésta, en tan sólo un trimestre consigue corregir ese desvío a la baja, remontar, y seguir ingresando lo mismo, o más.

Es probable, por tanto, que la Administración se equivoque dirigiendo sólo sus tiros a las empresas farmacéuticas; debería ocuparse también de los usuario del SNS; sobre todo de aquellos que creen tener “todo el derecho” (y poca conciencia, desde luego, dado lo mucho que los españoles podemos perder si se va al traste nuestro sistema público de salud) para consumir los medicamentos que quieren y en las cantidades que les da la gana. Quizá deberían preocuparse más de los ciudadanos de a pie las autoridades sanitarias, ¿no? Desde luego a la industria hay que exigirles ya que desmonte esta especie de feria de los medicamentos con la que bombardean a diario a la población, consolidando con ello el mensaje de que “sin pastillas no se puede vivir; uno no es nada”. Pero dudo que el poderoso lobby farmacéutico consienta que se haga “algo” a ese respecto; así que seguiremos viendo cómo hay pastillas (milagrosas) para todo: para engordar o adelgazar, para aumentar el vigor sexual, para reducir el colesterol, para modelar la figura, etc. Pastillas que, si bien es cierto, en estos casos, cada uno paga de su bolsillo, no es menos cierto que contribuyen a crear cierta afición y adicción a los fármacos que luego, ya se ve, no paramos de pedir con receta.

Esta es la realidad. Una realidad sobre la que conviene abundar para entender lo difícil que está la situación. Cada español debe a la industria farmacéutica 135 euros de media por  medicamentos dispensados en los hospitales; si bien los ceutíes sólo deben 5 euros cada uno, esto se ve “altamente compensado” con los 305, 253 y 224 euros respectivos que debe cada cántabro, valenciano o castellano. Y si se distribuye esa deuda de 6.400 millones de uros por comunidades autónomas, vemos que Andalucía, por ejemplo, debe 1.523,7 millones y tarda en pagar una media de 746 días. O la Comunidad Valenciana que, teniendo 5 millones de población frente a los 8,5 que tiene Andalucía, se retrasa en los pagos 884 días, la que más de toda España, además de deber 1.292,5 millones de euros. Y así, en general, las 17 autonomías, además Ceuta y Melilla.

¿Cómo podría arreglarse esto? Pues no parece fácil, a no ser que se dejen de adquirir medicamentos... hasta que se pague lo que se debe. Pero ya sabemos como les iría a los enfermos si esto ocurriese. Así que esa opción la Administración la descarta; ni se la plantea. Pero no ocurre así con la industria que “deja caer” la idea del “desabastecimiento hospitalario” si no se les paga, o amenaza con tener que despedir en sus fábricas. También recurren estos fabricantes a algo más sibilino como es —tal vez conscientes de que tienen muy difícil cobrar por ahora— el mensaje de “que la imagen internacional de España se esta desmoronando”.

Y probablemente tengan razón; ser moroso en los pagos, en un capitalismo sin alma como el que nos gobierna ahora, no está bien visto. Así que todo son pulgas para el perro flaco: por un lado los españoles se han habituado demasiado a los fármacos, por otro no hay dinero para pagarlos. En tercer lugar la industria que no sabe qué hacer para cobrar... Y en medio esos cientos, miles de ciudadanos que necesitan cada día sus pastillas para vivir o al menos poder mantener una cierta calidad de vida. ¿Quién será el primero en ceder? ¿Cuál es la parte más débil por la que se romperá esta cadena? Se admiten apuestas... Atención, pues, viejecitos, cuidado con acumular demasiadas pastillas... A lo peor las vais a tener que pagar.