Andalucía encabeza las voces que dudan de la constitucionalidad del Decreto que regula los recortes sanitarios

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Imagen de archivo de la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero. / Efe

Ahora que los expertos han espulgado ya el Real Decreto-Ley 16/2012 que regula los recortes sanitarios dispuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, publicado el martes, 24 de abril, en el BOE, parece que de él se desprende una cierta improvisación, además de acumular, según dicen, no pocas lagunas jurídicas que hacen pensar a algunos  partidos políticos y a muchos técnicos sanitarios en su inconstitucionalidad. Si fuera así, y se confirmara esta inconstitucionalidad, ¡vaya ruido para tan pocas nueces! Aunque el mal ya esté hecho y, al tratarse de una cuestión ideológica, no se olvide, el quebranto para el Sistema Nacional de Salud (SNS) ya es enorme y las grietas abiertas en el mismo serán muy difíciles de sellar. Como dice Joan Carles March, profesor de la Escuela de Salud Pública de Andalucía, “el Gobierno está haciendo una política que lo único que pretende es abrir espacios para los servicios privados de salud y a las aseguradores privadas”. Si esto es así, insistimos, poco le importará al presidente Rajoy que sea o no constitucional el real decreto ley de medidas urgentes, pues, a la postre, lo que se persigue es propiciar un río revuelto para “ganancia de pescadores”. Parece claro, pues, que hay una intención, perversa y oculta, a fin de impulsar a las clases medias hacia los seguros privados con lo que éstas, principales sostenedoras del sistema público de salud hasta ahora, al tener otros seguros, dejarían de financiar el aseguramiento público con la consiguiente descapitalización del mismo, avocando con ello a la sanidad pública a ser un servicio con trabajadores, pensionistas, más una especie de beneficencia para los pobres.

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Pero, volviendo a la realidad del decreto ley de medidas urgentes, una nota de prensa de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía revela la preocupación y el malestar existentes en el Ejecutivo andaluz en funciones —también se percibe que rezumaba impotencia— por no poder evitar las medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy  y que, según esta nota, estas medidas llevarán al SNS a un retroceso de décadas.

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Después de denunciar “la intención del Gobierno central de desmantelar el SNS tal como lo conocemos hoy día”, tilda al decreto de promover una “contrarreforma”, asegurando que pone en jaque una de sus características básicas: el acceso universal de todos los ciudadanos a la atención sanitaria pública. Para añadir a continuación que el retroceso nos lleva hasta los años 70 del siglo pasado, cuando se conquistó el derecho universal a la asistencia sanitaria (Ley General de Sanidad de 1986) que garantizaba, ya,  la protección de la salud de todos los españoles. Mientras que el modelo que propone el PP, se dice desde el departamento que dirige María Jesús Montero, significa pasar a “una sanidad sólo para los asegurados y la beneficencia”.

El real decreto ley es un embate a la justicia social y al Estado del Bienestar, y tiene un impacto directo, sobre todo, en los más débiles y en las clases medias que son, sin embargo, las que más contribuyen a su sostenibilidad.

También la consejería de Salud de Andalucía duda, como se han señalado en el primer párrafo de este artículo las dudas de otros, de que “el Gobierno pueda utilizar un Real Decreto de Medidas Urgentes para introducir cambios estructurales sobre el sistema sanitario”. Y anuncia —como ha hecho el PSOE— que serán sus servicios jurídicos los que determinen, después de estudiar la norma recién aprobada, si ésta entra en colisión con la Constitución, con las competencias autonómicas o con otras leyes orgánicas como la Ley de Extranjería. Si fuera así, la Junta, seguramente, la recurriría ante el Tribunal Constitucional, aunque, por ahora, nada se haya concretado al respecto.

Se recalca, asimismo, desde la consejería de Salud que, otra vez, se vuelve al pasado, creándose una situación similar a la que había hace 40 años, cuando existía un “sistema insolidario”, donde sólo tenían derecho a la prestación sanitaria los que cotizaban a la Seguridad Social y la beneficencia.

La sanidad andaluza se opone también el copago —más de 1,5 millones de pensionistas de esta comunidad tendrán que pagar, por primera vez desde que existe el SNS, un 10% por los medicamentos— y a todas aquellas medidas recaudatorias (pago por prótesis o por uso de ambulancias no urgentes, entre otras) que, definitivamente, perjudicarán a los más débiles, pues son estas personas las que se benefician, generalmente, de las prestaciones de rehabilitación, tratamiento de hemodiálisis, tratamiento oncológico, etcétra; prestaciones que, no se olvide, siempre estan indicadas por el médico.

Con todo, no es lo más importante el perjuicio económico o asistencial que este real decreto de medidas urgentes pueda causarle a los españoles, no. Lo que más “duele” a todos los que defienden un sistema sanitario público, universal y gratuito, es ese “cambio solapado de modelo” que abre la vía al desmantelamiento del SNS.

En definitiva, el reto que el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy plantean a la sociedad española no es baladí. Lo que a la postre se está dilucidando —aunque nadie entre los populares lo diga— es si hay que seguir considerando la asistencia sanitaria como un derecho, o pasamos a entenderla y a disponer de la misma como “impenitentes clientes” o “asegurados”; asegurados que sólo serán atendidos en función de lo que paguen, con las consiguientes repercusiones en la cohesión social y en la salud pública.

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