Pegarle al médico, ¿otro efecto colateral de la crisis?

Gráfico sobre las causas de la agresión, incluido en el 'Estudio de Agresiones 2011' elaborado por la OMC.

Ahora que las pastillas, con toda probabilidad, se restringirán, o que las listas de espera se alargarán sine die; que las colas en las consultas no tendrán fin o que los médicos no darán a basto, que las enfermeras se verán desbordadas en los centros de salud y hospitales… Ahora que en la sociedad española cunde el desánimo, que parece que se han instalado el miedo y la depresión o que se está volviendo más agresiva a causa de la situación económica mientras se observa desazón por todas partes…, no sé yo qué tal les va a ir a los profesionales sanitarios en su relación con los pacientes, sabiendo, además, que muchos de los que acuden a ellos, llegan a la consulta enfadados, desesperados, “hundidos”… o con un dossier bajo el brazo y diciéndoles, a poco que se descuiden, que están mejor informados… y, por supuesto, saben “mucho más” que el propio médico. “Todo está en Internet”, doctor.

Lo cierto es que, al hilo del interrogante que plantea el titular, las agresiones al personal sanitario no paran de crecer. En el último año, y en lo que se refiere a los médicos, el incremento de agresiones respecto al año 2010 fue de un 9,2%, según la Organización Médico Colegial (OMC). En total, en 2011, fueron 496 los médicos agredidos, 45 más que en el año anterior. Y lo más preocupante: un 22% de las agresiones fueron también físicas, no sólo verbales. Sin duda, un despropósito. ¿Las causas? Tan absurdas como no estar de acuerdo con la atención recibida, no haberle recetado el medicamento solicitado, negarse a dar una baja, tener que esperar demasiado a que le atendiesen o, simplemente, haberle dicho al paciente lo que no quería oír.

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Pero el problema de las agresiones no acaba en los médicos. De hecho, las enfermeras aún las sufren más; éstas, al están en “primera línea” en el momento de llegar los pacientes al centro sanitario, son las que, con frecuencia, han de enfrentarse primero a las situaciones violentas. Un estudio de la Universidad de Zaragoza de hace unos años concretaba que del total de agresiones habidas en centros de salud y hospitales, ¡que son miles! —dos organizaciones de peso, como son la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideran que un 25% de la violencia que se detecta en el entorno laboral se produce en el ámbito sanitario—, el 47% de ellas era a enfermeras frente al 33% a los médicos y el 20% restante al personal administrativo y celadores. En síntesis, quienes vienen ocupándose, más detenidamente de estudiar y analizar esta situación, que empezó a ser alarmante a partir del año 2005, señalan que al menos un 4% de los aproximadamente 225.000 médicos que hay ejerciendo en España ha sufrido alguna vez una agresión física y en torno al 50% amenazas. En  cuanto a las enfermeras, el sindicato de enfermería SATSE concluye que al menos el 80% del personal de enfermería ha sido víctima, alguna vez a lo largo de su carrera, de agresiones físicas o verbales.

Es en este contesto (¡y con la que está cayendo! que diría un castizo), en el qué cabe preguntarse si la Administración sanitaria, y la propia sociedad, también, están ya concienciadas y suficientemente preparadas para prevenir esas agresiones que, muy probablemente, de aquí en adelante ocurrirán. Aunque, ¡ojalá no!

Hace unas semanas, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía emitía una nota en la que informaba de que “un total de 39.240 profesionales sanitarios han adquirido ya habilidades para evitar situaciones de conflicto”. Esto, traducido a un lenguaje más claro, quiere decir simplemente que las enfermeras y médicos andaluces están preparándose  —el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones puesto en marcha por la Junta data del año 2005— para resolver con éxito las posibles contingencias que puedan presntársele es este terreno. La formación a través de un curso virtual en la página web (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), se imparte desde hace tres años y quienes la reciben adquieren las habilidades sociales necesarias para evitar situaciones conflictivas en su relación con los usuarios. Saber cómo actuar frente al paciente o el familiar que llega nervioso, desbordado por la situación, o tener herramientas para trazar de forma inmediata el perfil del “alborotador”, es fundamental para evitar los insultos o “desactivar” una posible agresión.

Porque, en el aspecto jurídico, las cosas parecen ya más claras y que van mejorando. En esta misma nota el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dice que sus servicios jurídicos recibieron notificación durante el pasado 2011 de hasta 174 sentencias condenatorias (42 más que en 2010) a otros tantos agresores de profesionales sanitarios andaluces, de las que 22 fueron calificadas por el juez respectivo de delito de atentado. En total los abogados del SAS tramitaron el año pasado 242 denuncias.

Extremadura y Andalucía, con el 6,5% y 3,8% respectivamente de las denuncias, son las comunidades que más agresiones a médicos tramitan si se establece este cálculo por cada 1.000 profesionales, pero, si se computan globalmente las agresiones, la comunidad andaluza sigue ocupando el primer lugar (un 26% del total de denuncias tramitas en todo el Estado), pero no Extremadura. En esta lista el segundo lugar lo ocupan Madrid y Valencia (14% del total).

Ante tal situación, las soluciones que la Administración sanitaria ha encontrado, aparte de la formación específica —algo que debería facilitarse a todos los profesionales susceptibles de verse inmersos en este tipo de conflictos—, pasan  por implementar los recursos electrónicos como el timbres antipánico o el botón de alarma silenciosa en los ordenadores, que a su vez deberán estar interconectados; y también pasa por poner más vigilancia jurada, cámaras de seguridad, etcétera. Aunque como dice el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, lo que hay que procurar es que la agresión no salga gratis. Que el agresor sepa y tenga claro que puede ir a la cárcel, pues su acción ya no es una simple falta, si no un “atentado a funcionario público”. Un acto que va a  acarrearle pena de cárcel.