La mafia china, entre rejas
Difícil, muy difícil. Los policías especializados en inmigración china destacan la dificultad de introducirse en la comunidad china, muy hermética, que mantiene férreas sus costumbres y reglas y no suele integrarse en el país en el que residen. Mucho más difícil lograr infiltrar a un agente o tirar del hilo en una investigación. El idioma lo hace aún más difícil. La Operación Emperador ha roto esos moldes. Esta semana las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han asestado un golpe mortal contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales orquestado por miembros de esta comunidad a nivel europeo. De hecho, y de momento, es la intervención policial en la que se ha incautado más dinero sin que su procedencia sea la droga. Tres años de investigación policial y una instrucción dirigida, desde hace año y medio, por el juez Fernando Andreu, que ya estuvo al frente de sumarios como el de la 'Operación Avispa' contra la mafia rusa, el del 'secuestro del Playa de Bakio' o el de la desparición por Pertur y que ahora instruye también el 'caso Bankia'. Un juez de apariencia tímida y mano firme ante las demandas y peticiones de acusaciones y defensas, que no se amilana ante las dificultades y que se sensibiliza ante las penurias de los ancianos 'arruinados' por los bancos.
Las cifras de la Operación deslumbran y aún no ha finalizado la investigación. Once millones de euros incautados. 600 policías, además de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. 124 registros de domicilios y locales. 122 cuentas corrientes de personas físicas embargadas y 235 de empresas. 202 vehículos intervenidos. 83 detenidos, 17 españoles, 58 chinos y ocho de otras nacionalidades. No serán los únicos. Aún se espera que se materialicen veinte órdenes internacionales de detención tramitadas a Alemania, Israel, Suiza, Bélgica, Italia, Andorra y la propia China. Armas, obras de arte… y diamantes por valor de 600.000 euros hallados en una oficina de Madrid y que pertenecen a uno de los detenidos. Son algunos de los datos conocidos hasta el momento.
Los investigadores estiman que la trama lavaba entre 200 y 300 millones de euros al año desde 2009, esto es, aproximadamente, unos 1.000 millones de euros que han salido silenciosamente de España, sin declarar, y cuyo destino principal era China. Allí, la red invertía en negocios inmobiliarios. El núcleo duro de la red, según fuentes judiciales, estaría formado por unas veinte personas. Al frente de la trama, digna de un guión televisivo, estaba el empresario chino Gao Ping, un hombre elegante y un conocido coleccionista de arte contemporáneo que había fijado su residencia en la elitista zona madrileña de Somosaguas. Gao Ping era el capo, el cerebro, el que nunca se manchaba las manos, pero el que daba las órdenes mientras llevaba una vida dotada de una aparente normalidad. Igual que su familia, mujer y tres hijos, a quienes se veía pasear por los alrededores de la urbanización. "Tímidos, educados y siempre con una sonrisa en su rostro", asegura un vecino. Si en la comunidad china impera la ley del silencio, en la urbanización se respeta la intimidad del vecino.
Gao Ping era un empresario con una afición muy conocida por la cultura y el arte, las publicaciones, los deportes y otros asuntos filantrópicos, que empezó a coleccionar obras de arte contemporáneo chino. Debido a este interés, y tal como figura en su web, fundó la Fundación de Arte y Cultura y el Centro de Arte Contemporáneo Iberia situado en el Distrito Artístico 798 de Dashanzi, en Pekín. La misión del centro es fomentar el desarrollo del arte contemporáneo en China y su intercambio con el resto del mundo. Tal era su influencia que se le veía relacionarse con las principales espadas del mundo del arte en ferias como ARCO. Incluso organizó dos exposiciones con el Instituto de arte valenciano. De hecho, el IVAM adquirió una colección de fotografías documentales que reflejan escenas cotidianas chinas en 2008 por casi medio millón de euros para, justifican, enriquecer su colección con fotografía china documental y conceptual. La institución valenciana argumenta que, aunque la cantidad abonada puede parecer elevada, no lo es si la comparamos con una compra similar de 99 obras de Vanguardias Rusas en los años 1991 y 1998 con un coste de 465.901 euros. Gao Ping también es dueño de una galería de arte chino contemporáneo muy cerca del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid.
El arte no era su única afición. Patrocinaba el equipo de fútbol de Fuenlabrada a través de International Trade City Import-Export SL, una de sus empresas con sede en Embajadores y en la que figura como administrador único. También es administrador en otras ocho entidades y ejerce de consejero, secretario y apoderado del Centro Cultural Hispano Chino S.L.
Esa era su cara conocida. Tenía otra; la que desentrañaban en dependencias policiales: organización criminal, blanqueo de dinero, falsedad en documento oficial, contrabando, delito contra la Hacienda Pública, coacciones, amenazas y delitos contra los derechos de los trabajadores son algunos de los delitos que la Udyco y la Udef de la Policía, la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado y la Audiencia Nacional atribuyen a esta macro red. Su fin era ganar y lavar millones de euros, defraudando al Estado a través de instrumentos jurídicos y contables para los que contaban con empresarios y funcionarios españoles que les proporcionaban la coartada legal cuando era preciso. De Gao y unos ocho dirigentes más dependían los tres clanes de los que estaba formada la organización y que, según sospecha Anticorrupción, actuaban coordinadamente. Hay otra X en este entramado que aún nos queda por conocer, un empresario clave en la trama, de nacionalidad holandesa, que proporcionaba la estructura internacional para blanquear el dinero a cambio de una comisión que variaba según las cantidades a limpiar.
La investigación estalló el martes 16 de octubre. El desembarco policial no fue fácil. Hubo que coordinar hasta el último detalle para que nadie pudiera alertar a otros implicados. Se buscaba detener a la mayor parte de sospechosos de forma simultánea. Así se ejecutaron más de cien entradas y registros en domicilios, locales y naves industriales de distintas provincias de España. La operación principal se centró en el 'China Town' madrileño, el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, y sede de unas 400 empresas en su mayoría chinas, pero se extendió a otras localidades madrileñas como Getafe, Parla, Pozuelo y ciudades como Zamora, Barcelona y Málaga. La mayor parte de los comercios investigados se dedicaban a productos habituales del Todo a 100. Ése era el negocio y una de las principales tapaderas. De hecho, importaban contenedores a través de puertos como el de Barcelona y Valencia con productos típicos de estas tiendas, muchos de ellos falsificados, y declaraban una cantidad inferior a la que traían. El excedente se convertía en dinero negro que se utilizaba en nuevos negocios y locales. Entre sus actividades estaban la explotación de trabajadores orientales ‘importados’ por las mafias de la inmigración. Muchos eran regularizados por letrados y funcionarios ‘comprados’ a cambio de dinero. Los trabajadores eran para ellos ‘mercancia’. Y así los trataban. En la investigación constan algunas denuncias por accidente laboral.
El resto se blanqueaba en otras actividades como la prostitución o casinos ilegales. Se evadían impuestos también gracias a la corrupción de funcionarios a los que pagaban comisiones y a la falsificación de los documentos de importación. En esta parte destaca, por notoriedad, el concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, José Borrás Hernández, como presunto receptor de cantidades de dinero de la trama a cambio de supuestos servicios de protección en las empresas del polígono, un sargento de la Guardia Civil; un inspector de Policía y una funcionaria. Los investigadores sostienen que cobraron distintos sobornos a cambio de facilitar licencias y de la actuación impune de la organización.
¿Cómo operaban? Según el portavoz de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, su modus operandi seguía tres líneas de actuación. Uno muy sencillo, que consistía en enviar personas como correo a China y, en cuyos equipajes, en lugar de droga llevaban grandes cantidades de dinero. Un segundo que utiliza empresas de envío de remesas especializada. Empleaban documentos de identidad falsos que les permitían mandar a la vez numerosas remesas de pequeñas cantidades. La red, incluso, había creado su propia empresa de envíos para facilitar las transferencias.
Y una última, que empleaba a terceros, y que utilizaba el sistema llamado de compensación, para lo que contaban con la colaboración de ciudadanos españoles que poseían dinero negro oculto en paraísos fiscales. Estos enviaban las partidas a China y la red se las abonaba en metálico en España. De esta forma se escapaban del control de Hacienda a cambio de la “compensación” fijada. No les importaba que el dinero que percibían procediera de inmigración ilegal, extorsión o cobro de deudas. Esta mafia trabajaba como cualquier otra mafia, extorsionando y cobrando sus deudas con violencia cuando había que emplearla. Practicaban la usura y castigaban con violencia a quien no devolviera sus deudas o préstamos. Las deudas se cobraban usando la violencia con ellos o con sus familias, tal y como se ha acreditado en las diligencias policiales. El gran capo no se manchaba las manos en estas tareas. Para ello tenían un equipo de personas concretas que se encargaban del trabajo sucio. Los matones.
También han sido arrestados miembros de despachos de abogados, que supuestamente daban apariencia legal a las operaciones fraudulentas, y al actor de porno, Nacho Vidal y su hermana, María José. Según fuentes de la investigación, la participación de ambos es "menor", y se limitaba a facilitar facturas falsas para blanquear parte de los beneficios de sus negocios. Habrá más detenciones y los libros de contabilidad arrojarán más datos.
