La batalla sanitaria de Madrid

En el Paseo de la Palmera de Sevilla, una de las avenidas emblemáticas de la ciudad, luce una grúa enorme junto a un cartel que reza “ampliación de instalaciones”. Se trata de la clínica privada Nuestra Señora de Fátima que, ante el “negocio sanitario” que, parece, se avecina, quiere estar preparada. Muy cerca de allí, a menos de un kilómetro, el complejo hospitalario público Virgen del Rocío, el primero en actos médicos de España y uno de los más cualificados del Estado, modelo a seguir por la integración que ha hecho entre asistencia, docencia e investigación, lucha por mantener su cartera de servicios, por no reducir camas, o para no cerrar quirófanos ni plantas. Es la paradoja: mientras los buitres del capital financiero, que huelen ya el negocio sanitario, se preparan para aumentar sus dividendos a costa de la enfermedad, el pueblo español, en su mayoría condenado a seguir siendo usuario de la sanidad pública pues nunca tendrá recursos suficientes para pagarse una sanidad privada, permanece aletargado, sin reaccionar, viendo como los muros de uno de los sistemas sanitarios públicos mejores del mundo, el español, se derrumban.

Menos mal que nos queda aún Madrid. La “marea blanca” que el domingo pasado sacó en esta Comunidad a decenas de miles de personas a la calle para defender la Sanidad Pública —uno de los mayores logros de la reciente democracia, no se olvide—, es, quizá, la última esperanza que le queda a este país para no irse a la mierda, si se me permite el exabrupto.

La situación es grave. Tan grave como para que colectivos y organizaciones sanitarias, por lo general muy desunidas y en desacuerdo —especialistas de hospital, médicos de familia, enfermería y hasta los usuarios—, se hayan manifestado juntos por las calles de Madrid, decidan hacer huelga los días 26 y 27 de noviembre y el 5 y 6 de diciembre y, si esto no se arregla, hacer una huelga indefinida (quizá). También se han encerrado en 20 centros sanitarios y han recogido más de 368.000 firmas, que han entregado al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, para que se respete, en su estatus actual, el Hospital de La Princesa. ¡Y lo acaban de conseguir! El hospital seguirá teniendo los mismos cometidos que hasta ahora. Lo que viene a confirmar que la unión hace la fuerza y que cuando se lucha no todo está perdido.  Un aliciente más para esa mayoría de profesionales sanitarios dispuesta a pelear para salvar la sanidad madrileña de las garras privadas.

El Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público del Gobierno de la Comunidad de Madrid supone, sencillamente, un cambio radical de modelo sanitario. Con la privatización de 6 hospitales y la entrega de al menos un 10% de los centros de salud a gestión privada se dará el golpe de gracia al sistema de salud, no sólo al de Madrid, sino, probablemente al del resto de España. Porque, si la batalla sanitaria de Madrid se pierde, detrás vendrán otros gobiernos regionales que harán lo mismo. Bien porque gobierna en esas comunidades el PP, bien porque, aunque la gestión de otras regiones esté en manos de gobiernos de otro signo ideológico, éstas quedarán en minoría y tan aisladas que no tendrán más remedio que acatar las directrices del gobierno central y lo que proponga la mayoría.

Y que no aturda el PP los oídos de la gente con la machacona idea de que la sanidad pública es cara e insostenible en la actual situación. En la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por la empresa privada Capio Sanidad, una cama al año, según UGT, cuesta casi el doble que lo que cuesta en el hospital Clínico (público) que hay al lado. Frente a los 674.950 € que cuesta anualmente la cama gestionada por Capio, los 337.565 € que le supone al Clínico. Y en ambos casos las pagan los españoles con sus impuestos, no se olvide. Capio Sanidad recibe al año de la Administración 494 millones de euros para gestionar las 927 camas que tiene la Fundación Jiménez Díaz y la misma Administración sólo le entrega al Clínico 333 millones para que atienda sus 987 camas. Como se ve, el negocio parece redondo para los gestores privados. Así, pues, queda claro que a la Administración (o sea, a los españoles) acudir a un centro sanitario privado va a suponerle, además de más dinero, recibir un peor servicio, salvo si se consideran “atención sanitaria de calidad” esas flores que adornan las entradas de las clínicas o el hilo musical que suena en todas ellas. Por lo demás, de todos es sabido que, en general, los mejores profesionales, las mejores instalaciones, las tecnologías más avanzadas, las técnicas y recursos terapéuticos más novedosos han estado y están en la sanidad pública.

Privatizar es destruir, en general; pero sobre todo, privatizar es actuar con ventaja para beneficiar a una minoría en perjuicio de la mayoría. Como bien dicen quiénes saben mucho de esto “la sanidad privada es rentable porque sólo se ocupa de aquellos enfermos menos graves y no de las enfermedades complejas o de los enfermos crónicos... Que a éstos... O los ignora o los deriva automáticamente a los hospitales públicos”, precisa Joaquín Carmona, que fuera durante ocho años director General de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía. Y es también rentable, añado yo, porque obliga a los profesionales a hacer más horas extras de las aceptables o, dicho de otro modo, porque ajusta las plantillas de tal modo que, en muchos casos, donde serían necesarias 10 profesionales sólo contratan a cinco.

Se sabe que las batallas importantes convierten su escenario en algo mítico. Madrid lo fue en la Guerra Civil y ahora podría llegar a serlo en su defensa de la Sanidad Pública. Para eso, cabe esperar, que a partir de este momento la sociedad española se conciencie y dé su apoyo a los cientos de sanitarios madrileños que ya están luchando. Apoyar la huelga indefinida de sus profesionales sanitarios a la que se están viendo avocados es lo menos que se le puede pedir a este país que, repito, gozó hasta hace muy poco de un Sistema Sanitario Público que estaba a la cabeza de la sanidad mundial. No se les puede dejar solos; las garras del capital financiero acechan nuestra salud.

¿Se conoce suficiente quiénes son, o qué grupos económicos están detrás de este negocio que engorda su cuenta de resultados gestionando la enfermedad, y que sólo en Madrid representa más de 400 millones de euros? Creo que no. Y eso que cada día los medios de comunicación nos alertan con titulares como estos: “Guerra entre los grupos privados por hacerse con ‘el pastel sanitario’ en Castilla-La Mancha”, “La privatización de hospitales en Madrid abre un negocio de 400 millones de euros”, “La privatización sanitaria pone a la oposición en pie de guerra”.

En general, la banca ha sido la primera en apuntarse a este acoso y derribo del Sistema Sanitario Público. Y no deja de ser perverso ni paradójico. Perverso porque no sólo se han capitalizado los bancos con los fondos que el Banco Central Europeo (BCE) debió poner a disposición de los ciudadanos —según ciertas corrientes de pensamiento económico y no pocos expertos financieros—, sino que, además, están negando el crédito a los autónomos y pequeños empresarios, a las que ha llevado a echar el cierre en sus negocios, mientras que, con el dinero recibido del BCE (al 1%) compran deuda del Estado (a un 6%, por ejemplo); el negocio parece redondo, ¿no?. Y ahora la guinda la ponen cuando compiten entre ellos por ver quien saca la mayor tajada de la privatización sanitaria. Es decir, los bancos rizan hoy el rizo y al ciudadano español no sólo le ahogan, sino que, además, le retuercen el cuello. Y, junto a los bancos, que ponen el dinero, ¿qué nombres y apellidos hay detrás en ese deseo de engordar el patrimonio familiar a costa de la salud de los españoles? Pues, para muestra un botón: en Capio Sanidad —empresa  que va a quedarse con varios hospitales de Castilla La Mancha y de la Comunidad Valenciana, cuando menos— figuran como accionistas destacados Rodrigo Rato, Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal) o Teresa Echániz, hermana del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Comunidad manchega. Hay otros grupos interesados en este desguace sanitario, por supuesto. Ribera Salud es uno de ellos, aunque Capio ya quiere “comérselo”. De esta empresa —Ribera Salud— son accionistas Bankia y la CAM, además de numerosas aseguradoras sanitarias... Es decir, la salud de los españoles (a los que le chuparán la sangre) va a quedarse en manos, con la aquiescencia del PP, de las aseguradoras privadas, la banca, los fondos de inversión sin escrúpulos y una lista restringida de apellidos ilustres como los anteriormente citados.

En fin, creo que cabe ir concluyendo. Y para ello no hay que esperar el resultado de la batalla sanitaria de Madrid. La situación acual exige entrar en acción. Porque, si la sanidad pública pierde, será mucho más cara en adelante para todos, el ciudadano tendrá peores servicios, aumentarán las listas de espera y el despido —que hoy ya es moneda de cambio corriente— estará, además, ligado a la fidelidad a la empresa. O sea, que nadie píe y a trabajar como burros para morirse antes.