Indiana, Juliana… y otras historias de exclusión

Una inmigrante, ante un cartel contra la retirada de la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles', durante la protesta realizada el pasado 1 de septiembre ante el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. / Juan Carlos Hidalgo (Efe)

A Indiana le sorprendió el embarazo sin regularizar su situación y, de fondo, con los grandes titulares  del Ministerio de Sanidad que decían que se cortaba el grifo de la Sanidad pública para los que no tuvieran Seguridad Social. Y tuvo miedo. Tampoco tenía los bolsillos llenos; apenas los euros suficientes para pagar esa habitación de alquiler en un piso compartido y una alimentación razonable para ella y su hijo. No fue a la primera consulta. Ni a la segunda. La tercera, ni la tuvo en mente. Ningún ginecólogo le dirigió su embarazo y el bebé inició su trayectoria vital dentro de su madre ajeno a las circunstancias. Y ella prosiguió adelante con los consejos de amigos y familiares. Hasta que un día se derrumbó. Su cuerpo cayó derrotado en una acera de la calle O’ Donell. El desmayo la atacó cuando menos lo esperaba, entre un vaivén de gentes que iban y venían al ritmo de la ciudad y sus preocupaciones diarias. Ella no quería, pero fue su cuerpo quien dijo basta. Y el bebé protestó. Se diluyó en el asfalto. A Indiana la llevaron de urgencias al Hospital Niño Jesús. Los médicos hicieron frente a lo que tenían. Un embarazo perdido y una madre en peligro de morir. Por el bebé no pudieron hacer nada y a la joven la derivaron al hospital para que recibiera la atención que precisaba. Indiana no atendió las llamadas de su cuerpo, porque temía ser deportada y en el camino, entre el miedo y la necesidad, se quedó el bebé que deseaba. El miedo y la falta de dinero. Este caso no está entre las historias de exclusión que ha presentado la ONG Médicos del Mundo, pero  podría ser uno de ellos.

El caso lo comentaba el pasado 1 de septiembre con Rafael Sotoca, miembro de la dirección de Médicos del Mundo, tras la entrada en vigor del Real Decreto. Sotoca aseguraba entonces que aún era pronto para anticipar los verdaderos efectos de la norma que, a su juicio, se harían reales unos meses después y así ha sido. Entonces, preveían los problemas. “No tenemos cifras oficiales pero calculamos que unas 150.000 personas se quedarán sin asistencia. Sin papeles, no hay tarjeta sanitaria y, sin tarjeta, no hay médicos ni consultas. ¿Qué les queda? Una atención asistencial , que nunca puede compararse. No sabemos lo que va a pasar. Intentaremos proporcionar asistencia paralela a través de nuestros dispositivos, pero lo que van a conseguir a largo plazo, y a falta de la respuesta que se proporcione desde cada Comunidad Autónoma, es crear una sanidad para pobres. Es una vuelta atrás que generará problemas y víctimas”, vaticinaba.  Entonces, se hablaba de tácticas de supervivencia que habían empezado a notar entre los inmigrantes sin papeles como el intercambio de tarjetas que, según la organización,  complicaría a largo plazo la asistencia al entremezclarse los historiales sanitarios de diferentes personas. Ahora, aquellos pronósticos están ya sobre la mesa  y, lo peor, son reales. La ONG ha recogido su experiencia  en un informe, llamado Semáforo de la aplicación de la reforma sanitaria a los tres meses de su entrada en vigor, que hoy, Día del Migrante, sirve de denuncia.

Dos mujeres inmigrantes, durante una consulta médica. / medicosdelmundo.org

Comienza el informe diciendo que el Real Decreto Ley 16/2012 ha supuesto un cambio sustancial en las normas relativas al acceso a la asistencia sanitaria de la ciudadanía. Este cambio es especialmente relevante para las personas extranjeras que no se encuentran en una situación regular, estableciéndose que, a partir del 1 de septiembre pasado, pierden el derecho a la asistencia sanitaria y solo tendrán garantizado el acceso la asistencia sanitaria en los supuestos de urgencia por enfermedad grave o accidente, asistencia al embarazo, parto y postparto, menores de dieciocho años, solicitantes de asilo y refugio y víctimas de trata que se encuentren en periodo de restablecimiento y reflexión. Indiana no conocía los supuestos y tuvo miedo de preguntarlos; miedo de que la pidieran los papeles y la subieran a un avión.

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El documento llama la atención sobre algunas verdades ignoradas. Dicen que los inmigrantes en situación irregular no son los que más acuden a la Sanidad, pero sí es un colectivo ‘especialmente vulnerable’  porque tienen más dificultades y barreras administrativas. Por eso, estos tres meses los médicos de la ONG han sido asesores, acompañantes y mediadores ante la Administración en todos los casos de vulneración del derecho a la salud que han llegado a sus oficinas. Es el caso de Juliana, cubana, con residencia en Baleares y cuyo permiso caducó  en julio de 2012 aunque está pendiente de un documento de la Embajada Cubana para renovarlo. Sufre hipertensión arterial, diabetes, glaucoma, hipotiroidismo y depresión, causada por la muerte de su hijo hace pocos meses, pero no tiene tarjeta sanitaria.

Fátima es marroquí. Está en situación administrativa irregular y sin tarjeta sanitaria, aunque sí está empadronada. Fue diagnosticada de un carcinoma de mama en estadio 2. Tras la cirugía, en la que se le extirpó una mama, está en tratamiento farmacológico y recibe seguimiento médico.No tiene tarjeta sanitaria y no puede acudir a su médico, con lo que realiza ningún seguimiento. Según la ONG el 19 de septiembre, el Consejero de Sanidad de Castilla-la Mancha indicó que “los inmigrantes sin tarjeta sanitaria que reciben tratamientos crónicos por enfermedades podrán seguir recibiéndolos sin coste alguno”. Sin embargo, la medida no se ha concretado y la realidad es que Fátima no recibe atención. Ellos llamaron a su puerta. Otros como Indiane se retraen de pedir ayuda o asesoramiento, dicen, «por desconfianza, miedo o desconocimiento de sus derechos. Aún así los que son atendidos no tienen cubiertos los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus patologías. La mayoría, no dispone de dinero para hacer frente al pago de tratamientos crónicos que suele tener un elevado coste».

A la realidad de la calle, se le complica la diferente respuesta otorgada por las distintas comunidades autónomas. Algunas los rechazaron desde mayo de 2012 no atendiéndoles  o retirándoles las tarjetas sanitarias. Otras  han interpuesto recursos de inconstitucionalidad o han declarado que van seguir atendiendo a todas las personas en sus servicios de salud empleando diferentes estrategias. Pero no todas han detallado de qué forma administrativa van a aplicar o no el RDL. En unas se busca soluciones administrativas para mantener la cobertura sanitaria para todas las personas, mientras que en otras se aplica el Real Decreto incluso yendo más allá de lo que marca otorgando, por ejemplo, al personal administrativo la potestad de decidir lo que es o lo que no es urgencia o negando atención a mujeres embarazadas y menores.

Mapa elaborado por Médicos del Mundo: en rojo, las CCAA que aplican el Real Decreto; en verde, las que no lo hacen, y en amarillo, las que lo aplican solo parcialmente. / medicosdelmundo.org

Sólo 6 comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia) han desarrollado algún documento para detallar qué tipo de actuaciones deben ejecutar. Pero ni en esto se ponen de acuerdo. Algunos, detallan procedimientos muy complejos, otros solo contemplan afirmaciones vagas. Y la práctica se complica aún más cuando en cada centro de servicio se está aplica una práctica distinta, según las ordenes implícitas de las gerencias provinciales, de la jefatura de servicio o según el criterio del las mismo personal administrativo o sanitario que recibe al paciente. Tres meses de aquella conversación, Médicos del Mundo constata que el desigual desarrollo de la reforma sanitaria está provocando caos, desinformación, prácticas discriminatorias por parte de algunos centros y confusión en las personas inmigrantes.

Sin embargo, ellos hoy en el día del Migrante quieren destacar que el trabajo conjunto de profesionales sanitarios comprometidos, de organizaciones humanitarias y plataformas ciudadanas como “Yo sí sanidad universal” permite a muchos recibir la atención que necesitan en el sistema público de salud. Personal sanitario objetor, voluntariado y trabajadores de ONG que han actuado como mediadores. Esta intervención ha marcado la diferencia entre la desatención y la atención sanitaria para decenas de personas como Isaac, a quien un hospital de Zaragoza negó los antirretrovirales que necesitaba para tratar el VIH y que finalmente logró acceder a ellos, o Andrés, enfermo crónico que defendió su derecho a seguir recibiendo tratamiento y lo consiguió en el hospital de Fuenlabrada. Pero la solución no pasa por paliar los casos particulares. El derecho a la sanidad debe ser universal.

Su labor es pedagógica también. Para derrotar tópicos como el que los inmigrantes colapsan los servicios de atención primaria y suponen un coste elevado para el sistema sanitario público. “En realidad, las personas inmigrantes usan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona”, aseguran y lo acreditan con informes como el de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria en 2008, el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza o el de Ángel Alberquilla, técnico de Salud Pública de la Comunidad de Madrid con datos de 2009, que demuestra como en todas las partidas estudiadas -consumo de medicamentos, visitas a consulta y hospitalizaciones- las personas extranjeras utilizan menos los servicios sanitarios.

Este testimonio vital, recogido caso a caso, lo avaló ayer el Tribunal Constitucional en un auto con un argumento contundente: limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no solo a su salud sino a la de toda la sociedad, apunta. Y va más allá; el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone.  La decisión judicial, que se traducirá en una sentencia, llegaba tras el recurso del Ejecutivo contra la decisión del País Vasco trató de eludir el cumplimiento de los recortes sanitarios. El Gobierno vasco argumentó que el colectivo de sin papeles es “el que resulta más afectado por patologías infecciosas” como el VIH, la tuberculosis, la meningitis tuberculosa, el paludismo y la hepatitis B, “que presentan una prevalencia en la población inmigrante superior a la española y cuya falta de seguimiento puede dar lugar a un estado de alarma social por deterioro de la salud pública”. Dejar a estas personas “sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población”.  Una ONG, un Tribunal Constitucional… quizás el Real Decreto no pueda cumplir su año de vida sin modificaciones que afecten a su esencia.