La sanidad, la educación, la justicia… ¿a dónde va este país?

Pancarta en el exterior del Hospital Virgen de Salud de Toledo, en cuyo vestíbulo se ha encerrado una quincena de personas, en protesta por el cierre de las urgencias nocturnas y otros ajustes en materia sanitaria. / Pérez Herrera (Efe)

Al final, hasta la peor adicción puede parecernos normal cuando se alarga en el tiempo. Lo que está haciendo el Gobierno del PP para que el Estado español retroceda medio siglo, en lo que se refiere a la conquista de derechos civiles y desarrollo social, se sigue aceptando por una gran mayoría de españoles como si no tuviese importancia o no fuera con ellos. Pero con el paso del tiempo, algún día, la clase media y los más débiles (que cada día que pasa incrementan en número esa gran multitud) recordarán, entre lágrimas, cómo los populares tejieron una red perversa de leyes y normas con el fin de someterles e incrementar su sufrimiento. Decir, como le acabo de oír al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que la privatización de la sanidad madrileña “no es un problema de recursos ni de que sea gratis, sino de una gestión más eficiente”, es, sencillamente, la desvergüenza de un cínico, por no calificarlo con un vocablo más grueso. ¡Qué inmoralidad la suya! Nada más pronunciarla debería haber dimitido. Porque, ¿qué pinta él, entonces, como presidente del Ejecutivo madrileño si no es capaz de “pelear”, cuando menos, por alcanzar la mayor eficiencia de su Gobierno? ¿No es su primera obligación conseguir que su gestión sea eficiente sin inventarse atajos como son las privatizaciones? ¿Si no es capaz de eso, qué hace presidiendo un Gobierno?

Pero el presidente de la Comunidad de Madrid y sus consejeros tienen claro dónde está el negocio y cómo han de actuar para asegurarse en el futuro sus buenas plusvalías y seguir instalados en el Poder. Y si no, qué decir del exconsejero madrileño de Sanidad entre 2008 y 2010, Juan José Güemes, que, cuatro años después de privatizar los análisis clínicos de seis hospitales públicos, termina recalando en el consejo de Administración de la empresa Unilabs, que es la que ahora los gestiona. ¡Hombre!, puede alegarse que ha estado ya tres años en “el limbo” después de dejar el Gobierno, y que, como ha dicho la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el pobre, con algo ha de seguir ganándose la vida (o algo así). Ya, pero seguro que puede ganársela ¡y muy bien! en cualquier otra empresa y no en un negocio del que él fue arte y hasta ahora ha sido parte también. Digo “hasta ahora” porque acaba de dimitir... Sí, ha dimitido cuando le han descubierto; aunque ya nunca podrá negar que se le ha visto el plumero.

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Mas, para no desesperarse sólo con los desmanes de la sanidad madrileña —un abuso de poder manifiesto, a mí entender— échese una mirada a la Comunidad de Castilla–La Mancha y obsérvese cómo desde ayer miles de manchegos se restriegan los ojos, pues no dan crédito a lo que ven. Por el momento, 21 centros de salud han cerrado sus puertas por la tarde y a las urgencias nocturnas. Esto quiere decir que si uno tiene la mala suerte de enfermar a partir de las 15,00 horas o por la noche, tendrá más tiempo de morirse en la carretera pues los servicios médicos que antes tenía a media hora, ahora los tiene a una hora u hora y media. Y aprovecho para recordar que en esta comunidad ya se cerraron escuelas y que el despido de profesores interinos ha sido masivo. Por lo que parece que la región castellano manchega, gracias a María Dolores de Cospedal, su presidenta, está cayendo en la inanición; inanición cultural y sanitaria, sobre todo.

De aquellos tiempos en los que la España rural agonizaba en la cama bajo la vigilancia del “médico de cabecera” porque no había manera de trasladar al enfermo a un hospital en un tiempo suficiente para salvarlo, se pasó a disponer de una red sanitaria de primer orden bajo la cual cualquier español, viviese donde viviese, se sentía atendido y seguro, sanitariamente hablando. Ahora volvemos a los tiempos de Maricastaña... Y si no que se lo pregunten ya a los manchegos y, más adelante, a los castellano-leoneses, etcétera.

Y, en cuanto a la Justicia, en lo que ésta tiene que ver con la salud, he aquí lo último. Entre Alberto Ruiz Gallardón —el más justiciero y zorro con piel de cordero jamás conocido en ese ministerio— y la suave y sumisa —que parece que nunca ha roto un plato— Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, están acabando con aquellas barreras levantadas con la sangre, sudor y lágrimas de muchas mujeres y alguna que otra “sensibilidad socialista” a fin de proteger a las mujeres más débiles, atrapadas en una cultura secular masculina que les impedía disponer de su cuerpo libremente o acceder a los medicamentos y sistemas de control reproductivos más eficaces.

Recuérdese el tejemaneje que se trae Ana Mato con la restricción al acceso a la píldora del día después —de la que se ha escrito en este blog repetidas veces—, o la reforma anunciada de la ley del aborto que Ruiz Gallardón tiene in mente, y que cualquier día de estos nos caerá encima como una bomba de napalm de la que no habrá posibilidad de salvarse.

La última jugarreta que acaba de hacerle a la sociedad española la ministra Mato, segándole la hierba bajo los pies para que se hunda más en el conservadurismo que el PP propone, con la aquiescencia y aplausos de la Iglesia Católica, es renovar el Comité de Bioética, ya con una amplia mayoría de miembros antiabortistas, y reduciendo de 3 a 2 las mujeres que había entre las 12 personas que lo conformaban hasta ahora. O sea, que sobre asuntos de mujeres... no hay como los hombres para decidir. Más represión para la mujer aún si cabe, y discriminación “positiva” a favor de los hombres, que es lo que esta sociedad necesita, ¿no? Es cómo si la historia hubiese vuelto a girar otra vez hacia atrás y después de tres décadas de progreso social y de conquista de libertades individuales nos obligase el actual Gobierno a regresar al punto de partida.

Así son los conservadores. ¿Es que no hay más remedio? En el siglo XIX era este el guiso: los progresistas tejían durante unos años y los conservadores destejían cuando volvían al poder; en el siglo XX no hubo tantas oportunidades para hacer lo mismo; la izquierda apenas tuvo su oportunidad en el breve tiempo que duró la Segunda República y en el último tercio del siglo, tras la muerte del general Franco. Pero la derecha sigue erre que erre y no pierde un instante si se trata de desmantelar cualquier atisbo de progreso que los españoles hayan conseguido.

En el citado Comité de Bioética aparecen singulares personajes, como Nicolás Jouve de la Barreda, vinculado a uno de los movimientos más rancios de nuestra sociedad como Derecho a vivir que pide la defensa de la vida humana casi, casi, desde que es  imaginada —yo diría que desde que se piensa en el coito, puestos a ser exagerados— hasta la muerte natural. O sea, nada de hablar del aborto y menos citar la eutanasia.

Otros nombres con los que Ana Mato y el Gobierno que representa van a orlar “el justo, imparcial y humanista”, por darle algún título, Comité de Bioética que tanto va “a pelear” (para ir hacia atrás) por el progreso humano y el derecho de los españoles a ser libres y felices en la medida de lo posible, son Carlos Alonso Bedate y César Nombela —ambos se opusieron a la ley del aborto del Gobierno Zapatero—, Teresa López, de la fundación cristiana Acción Familiar, o Natalia López Moratalla, presidenta de la Asociación Española de Bioética, la más conservadora de todas cuantas asociaciones existen relacionadas con esta materia.

Lógicamente, este Comité gozará siempre de amplias mayorías que le permitirán aconsejar al Gobierno que se olvide las células madre embrionarias, de la píldora del día después y de otras propuestas científicas que permitan progresar a este país o que pudieran beneficiar a sus habitantes o hacerles un poco más felices. Lo nuestro, ya se sabe —a lo que le toca a los españoles, me refiero— es el sufrimiento (“la resignación cristiana”, que diría el ínclito cardenal Antonio María Rouco Varela) y la ignorancia perpetua.