Los últimos pasos de la “trama Retablo”

Verano 2009. Los fieles de la localidad gallega de Paraños reciben la noticia de que el Obispado de Tui había vendido por 60.000 euros la casa rectoral situada en una finca de unos 4.500 metros cuadrados. Estaban indignados; eran ellos, el pueblo, quien había logrado conservar con sus donaciones aquella casa. El entonces restaurador de la Consellería de Cultura, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, se la había adquirido al cura de la localidad, Juan Sobrino, amigo suyo. El sacerdote, además, la había puesto a la venta en Internet por  680.000 euros después de que unas empresas de rehabilitación, seleccionadas por Gómez-Gil,  ‘redecoraron’ el edificio y lo dotaron de una piscina y un porche. La operación era redonda porque cuando se anunció en Internet, Gómez Gil no había abonado el primero de los seis plazos de 10.000 euros pactados con el Obispado. Los vecinos fueron a la Policía. Y así comenzó su andadura una investigación que fue llamada “la Trama Retablo” que destapó una supuesta red de corrupción generalizada en la restauración de arte sacro en las provincias de Pontevedra y Ourense con fondos de la Xunta.  El juez del juzgado número 3 de Santiago, encargado de la instrucción, casi un año más tarde expresaba en un auto que “la casa fue entregada como pago de favores al no ser otros los servicios que vinculan a Gómez-Gil con el Obispado que los relativos a su cargo como restaurador de la consellería y que no ha pagado nada por la casa, ni parece que desde el Obispado se desee cobrar nada”.

Ahora, la instrucción está a punto de finalizar. Once tomos, 3.000 folios y tres años después, el fiscal, Antonio Roma, ha elevado al juzgado su petición para sentar en el banquillo a dos funcionarios de la Xunta y cuatro empresarios. En su lista, sin embargo, no figura ningún sacerdote. Uno de los empresarios  es Manuel Montes Carballa. El fue quien, arrepentido y arruinado, confesó las prácticas de esta organización a la Policía, incluidos los “chanchullos” que permitieron a su firma, Da Vinci, optar a algunos contratos. Contó, por ejemplo, la lista de regalos que tuvo que comprar a los implicados a cambio de recibir adjudicaciones antes de arruinarse y echar el cierre de su empresa. En su relato situaba al ex restaurador Gómez-Gil Aizpurúa y el arquitecto de la Sociedad de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel, como cerebros de la trama.

Su modo de operar era siempre el mismo: Gómez-Gil o Pichel decidían qué trabajos de rehabilitación subvencionaba el Gobierno gallego en las parroquias a cambio de que los sacerdotes encargasen la ejecución a empresas amigas y la dirección de los proyectos a arquitectos relacionados con Pichel, algunos de su propio estudio privado. Así, en una conversación telefónica, datada el 29 de septiembre de 2009, la Policía escucha cómo Pichel afirma: “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre” refiriéndose a la adjudicación de cuatro proyectos para el Xacobeo. El entramado operó entre 2004 y 2009. Durante estos cinco años, según los investigadores, se actuó de forma ilícita en diez expedientes de obras de restauración.

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A través de horas de pinchazos telefónicos, control de los movimientos de cuentas bancarias y seguimientos policiales los investigadores detectaron graves carencias en la fiscalización de las contrataciones por la Xunta, ausencia de documentación preceptiva o de documentos esenciales para acreditar los concursos, fechas manipuladas a bolígrafo… En cuatro contratos, por ejemplo, “no consta en la documentación aportada por el Xacobeo la resolución de Patrimonio” y en dos más la policía ha detectado que este organismo basó su autorización en el proyecto presentado por la empresa adjudicataria mientras el contrato de trabajo se realizaba sobre otro proyecto distinto que elaboró el restaurador de la Xunta.

También hallaron pruebas evidentes de las comisiones, en especie y en metálico, pagadas a Gómez-Gil y a Pichel a cambio de realizar las obras que financiaban el Xacobeo y la Consellería de Cultura. Consta en el sumario que, por ejemplo, la empresaria Carmen Acuña pagó 2.000 euros en billetes de 500 a la red a cambio de recibir contratos, aunque sin duda la más beneficiada fue la firma CBC Márquez Vieira, dirigida por Olga Quintela, una vieja amiga de Pichel, que obtuvo siete de los diez contratos por los que cobró 285.640 euros al Xacobeo. Así, en otro pinchazo telefónico los agentes escuchan a Quintela decirle a Gómez-Gil que le mandaría un presupuesto de 146.000 euros para unas obras y cómo éste le propone que “suba un pelín a las imágenes y que Dios reparta suerte”. CBC llegó a facturar 102.741 euros por dos adjudicaciones distintas para rehabilitar el altar mayor y los dos laterales de la iglesia de San Francisco de Tui. La empresa Alchimia recibió otros dos contratos por 57.442 euros y la firma Tomos, 41.702 euros. De los expedientes administrativos recabados en el Xacobeo se deduce además que las empresas que recibían los contratos entregaban proyectos calcados a los diseñados por el ex restaurador. Hay más. En el proyecto para rehabilitar el retablo de Santo Bieito de Allariz que presenta Gómez-Gil la policía destaca que “la mayoría de fotografías y el texto son idénticos al proyecto de la empresa Tomos que resultó adjudicataria. El color de la tinta, la distribución, el formato y algunos conceptos del presupuesto son idénticos en ambos proyectos“.

Lo curioso es que en algunos informes de la Xunta se expresa cómo el trabajo de ambas empresas, CBC Márquez Vieira y Ábside, era defectuoso. De hecho, fue el Obispado de Ourense quien pidió que no se las contratara porque “se detectaron algunas intervenciones que provocaron graves deterioros en las obras”. Es el caso del retablo mayor del Monasterio de San Rosendo de Celanova, cinco más de la parroquia de Santa María Real de Entrimo, San Salvador de Prado de Limia; tres del Monasterio de Melón y los retablos mayores de Santiago de Carracedo y Santa María de Lamas en Xinzo o Santa Tecla de Abeleda que “en ninguno se trabajó con un mínimo respeto a la obra original ignorando y alterando sus valores funcionales, estéticos, artísticos e históricos”.

A pesar de ello, años después las dos empresas fueron autorizadas por la Consellería de Cultura para restaurar dos retablos e imágenes en la iglesia de Santa Baía de Bousés en el municipio ourensano de Oímbra. La Dirección Xeral de Patrimonio las facultaba para restaurar el retablo lateral izquierdo en el Santuario de la Virgen de los Remedios ubicada en Verín con un presupuesto de 14.549 euros. La resolución estaba avalada por el director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, el 1 de febrero de 2012. La Consellería de Cultura justificó después que les habían concedido aquellos proyectos tras estudiar “escrupulosamente” sus proyectos. Después argumentó que la Xunta no volvió a contratar obras con estas empresas después de que fueran imputadas por la justicia por presuntas irregularidades, sino que se limitaban a autorizar actuaciones encargadas por promotores privados. “Que haya ciertas empresas que están imputadas por la justicia por presuntos delitos de corrupción no quiere decir que estén invalidados para realizar obras contratadas por particulares”, justificaban. Según ellos, desde el inicio de la Operación se realizaban controles mucho más exhaustivos de los proyectos y las empresas que los realizaban.

Mientras, según fuentes jurídicas, el juzgado está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva sobre el recurso de apelación interpuesto contra la personación como acusación popular en el caso de la asociación de vecinos. Además, el fiscal solicitó que siguiera tramitándose con tribunal de jurado. El juez espera a que la Audiencia resuelva para decidir sobre esta última petición. Resueltos estos hilos, serán las partes quienes deberán presentar escrito de acusación y defensa.