Interior cambiará la ley para garantizar la rápida destrucción la droga incautada

Málaga, Cádiz, Huelva… El robo de una tonelada de hachís en Huelva en diciembre de 2012 fue el último capítulo de una serie de robos en depósitos oficiales en los que se custodian toneladas de droga como paso previo a su destrucción. De hecho, Andalucía acumula ya cinco robos desde 2008. En total 1.774 kilos de droga devuelta al mercado para ser vendida y consumida tras ser aprehendida por las Fuerzas de Seguridad tras años de investigación. Un botín preciado y fácil. Un regalo para delincuentes profesionales.

Andalucía no dispone aún de un horno para incinerar la droga aunque, tras los cinco grandes robos, el Gobierno anunció la construcción de un horno para incinerar los alijos en Cádiz. La droga debe “esperar” a que el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) autorice el  traslado hasta la incineradora de Cogersa en Asturias para su destrucción. En este horno se destruyen el 90% de los estupefacientes que decomisan las fuerzas de seguridad; entre 200 y 400 toneladas al año.

Repasemos estos robos. Málaga. Un grupo de delincuentes profesionales abrió con lanzas térmicas las cajas fuertes en las que se custodiaba la cocaína procedente de operaciones policiales en el depósito judicial situado en el puerto. Se llevaron centenares de kilos de la sustancia que los delincuentes transportaron en una furgoneta a la que después prendieron fuego. Entonces se calificó como “posiblemente el mayor robo de cocaína del país”. Un golpe planeado al milímetro y que descubrió las escasas medidas de seguridad de unas instalaciones dependientes de la Subdelegación del Gobierno y cuya custodia recaía en vigilantes jurados hasta las nueve de la noche y, a partir de esa hora y los fines de semana, en la Guardia Civil. Fue un robo limpio. Los ladrones evitaron que las alarmas saltaran. El almacén disponía de siete cámaras interiores y cinco exteriores que inutilizaron tras forzar la puerta exterior  extrayendo el bombín de la cerradura. El fallo de las cámaras no fue detectado por los agentes. Solían estropearse con frecuencia y no se reparaban hasta varios días después. Un golpe maestro. Pero… ¿cómo era posible que un edificio con una mercancía valorada en miles de millones no estuviera más vigilada?

La sustracción de 154 kilos de cocaína y heroína en los calabozos de la Jefatura Superior de Sevilla fue más alarmante. Desde el  principio se pensó que los ladrones contaban con la ayuda de alguien de dentro. Efectivamente. La banda estaba lideraba por Lars Sepúlveda, un ex agente de la UDYCO, al que acaban de condenar a 17 años de prisión. El Instituto de Toxicología de Sevilla sufrió años después otro robo de 30 kilos de cocaína. En este caso, el caso ha sido archivado provisionalmente.

En 2011 Cádiz fue la provincia que más hachís y heroína incautó, la cuarta en cocaína y en la que se producen el 12% de los procedimientos judiciales por tráfico de drogas. También aquí cientos de kilos de droga, cocaína y hachís desaparecieron del almacén en el que la Subdelegación del Gobierno almacenaba los alijos aprehendidos por la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de toda la provincia, excepto los del Campo de Gibraltar. Las alarmas saltaron al descubrirse que habían accedido al búnker habilitado en el garaje del parque móvil, muy cerca de la Comisaría de la Policía. Los ladrones realizaron un butrón en la pared desde un edificio colindante. Ni las cámaras de vigilancia ni los sensores detectaron nada. La custodia dependía del Servicio de Sanidad de la Subdelegación.

El robo de Huelva es el más reciente. Durante las campanadas de Nochevieja unos encapuchados asaltaron las instalaciones de Aduanas, construida en los años 40, sin personal de vigilancia y con tan sólo unas cámaras grabando las idas y venidas al local. El modus operandi fue sencillo. Entraron en el edificio en dos vehículos todoterreno de alta gama, uno de ellos con un remolque para transportar los 31 fardos que se llevaron. En total unos 1.000 kilos de hachís. Lo perpetraron en unos minutos. “El protocolo funcionó y las alarmas saltaron. No se había reducido la seguridad en el edificio; nunca había contado con vigilantes de seguridad”, alegó entonces un portavoz de Aduanas. En este caso, el juez ya había autorizado la destrucción de la droga sustraída.

Hay más casos que evidencian esta falta de seguridad. Otro ejemplo lo tenemos en las oficinas de la Guardia Civil de Tráfico de Toledo. Sorprendentemente los agentes comparten espacio con el depósito de drogas de Castilla-La Mancha. Sin embargo, entre sus funciones no están la de custodiarla. Como en otros depósitos, la droga esta “vigilada” por una empresa de seguridad privada a través de cámaras y una valla metálica de poco más de un metro. Si saltara la alarma, la empresa de seguridad avisaría a la Policía Nacional, pero no a la Guardia Civil. Los agentes no tienen siquiera acceso al almacén, que tiene su propia puerta de entrada desde la calle.

Para evitar estos robos, el pasado otoño el Gobierno firmó un protocolo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Agencia Estatal de Medicamentos y la Fiscalía General del Estado para que el plazo de destrucción de las sustancias no supere los dos meses.  También la Fiscalía publicó unos meses después, en diciembre, la instrucción  5/2012 para instar a los fiscales a solicitar inmediatamente, incluso en el juzgado de guardia, la destrucción de los alijos de droga  intervenidos en las operaciones policiales. Después de tantos años las instituciones empiezan a dar respuesta a este problema.

Sin embargo, estos acuerdos son papel mojado sin la implicación de los jueces que tienen un particular rechazo para ordenar la destrucción de las sustancias para proteger las garantías de los narcotraficantes detenidos. Era necesario, por tanto, un cambio en la Ley. Ese cambio, según lo manifestado por el ministro de Interior, Jorge Fernández,  el 12 de marzo en la comisión de Interior, llegará en los próximos meses. Al parecer, el Ministerio de Interior y el de Justicia han redactado 'de nuevo' el artículo 367.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recoger la obligación del juez instructor de quemar la droga incautada una vez realizados los informes analíticos y asegurado la conservación de muestras suficientes para garantizar comprobaciones posteriores sin mermar las garantías procesales de las partes en el procedimiento judicial.   El cambio normativo se ha acometido a través del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. La pregunta ahora será si toda esa droga podrá ser destruida en el horno de Asturias.