La vacuna contra la varicela, ese extraño negocio

El pasado 3 de septiembre, diversos medios de comunicación y agencias de alcance nacional daban la noticia de un desabastecimiento en las farmacias de la vacuna Varivax, indicada para combatir la varicela. “Denuncian el desabastecimiento de una vacuna contra la varicela en las farmacias”, titulaba El Mundo. Por su parte el ABC decía: “Sociedades científicas denuncian desabastecimiento de vacunas de varicela”. En cambio, El País, más comedido en su titular, apuntaba: “Sanidad bloquea por abuso la vacuna de la varicela en las farmacias”. Lo de “por abuso” parece ser la clave de este embrollo. Pero los medios han pasado de ese posible “abuso" y la información la han enfocado, en general, en las quejas de las sociedades científicas que han denunciado este desabastecimiento y en las de Sanofi, laboratorio fabricante de la vacuna.

¿Pero qué hay de verdad y de mentira en todo esto? En un informe breve, pero ponderado y bien fundamentado a mi entender, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) explica, con sobradas citas bibliográficas por si a alguien le quedan dudas, que no es verdad que vacunar de varicela a todo el mundo acabe con el problema; al contrario, según AEMPS “existen varias incertidumbres” y no está probado que el beneficio de vacunar de forma sistemática en la infancia sea mayor que el que se obtiene por pasar la enfermedad “cuando toca” y con ello, quien la pasa, está reforzando su sistema inmune con el consiguiente beneficio para el organismo, ya que, una vez pasada, la protección es de por vida. Lo del coste/beneficio es también un dato a tener en cuenta dados los tiempos que corren, ¿verdad?, aunque hablando de salud, siempre sería lo de menos.

En cualquier caso, y siempre según AEMPS, las vacunas actuales que hay contra la varicela (Varivax y Varilrix, ésta última restringida al uso hospitalario) “inducen una protección limitada, y se desconoce cuántas dosis podrían ser necesarias para inducir protección de por vida, si es que ello es posible”. De ahí la incertidumbre que se genera al incorporar la vacunación de varicela al calendario pediátrico  —teóricamente, Varivax puede administrarse a partir de los 12 meses— y el riesgo consiguiente que se corre, que podría desembocar en un cambio epidemiológico, desplazando la aparición de la enfermedad en la niñez, como normalmente sucede, a la edad adulta. La AEMPS resume sus argumentos diciendo que una vacunación masiva (sistemática) podría generar más problemas que los que resuelve.

Queda claro, ¿no? Pues, por si alguien aún tiene dudas, cabe decir que no ha habido tal desabastecimiento y sí una orden de la AEMPS al laboratorio que suministra Varivax para que se abstenga de este suministro (¿arbitrario?) al objeto de lograr que la vacunación se realice según el calendario que las comunidades Autónomas (CCAA) han establecido, previamente aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud (CISNS), máximo órgano de coordinación, en materia sanitaria, entre las CCAA y el Gobierno. En definitiva, se trata de evitar que, por su cuenta y riesgo, los pediatras —atendiendo, quizá, a sus intereses— recomienden a “sus clientes” la vacunación de sus hijos contra la varicela, saltándose la normativa vigente. A aquellos que aceptan tal “recomendación” se les prescribe de forma privada la vacuna y, por tanto a su cargo, con un coste de 71,81 € por dosis. Así, el Ministerio de Sanidad calcula que en España se prescriben al año 315.000 dosis al margen del calendario de vacunación oficial. ¡Un disparate!

La medida, esta claro, afecta sólo a la medicina privada, que es quien “trapichea”, si se puede decir de este modo, con la vacunación al margen de la normativa vigente, pues el sistema público de salud no ha tenido ni tiene problemas de abastecimiento. Una medicina privada que, como todo el mundo sabe, de un tiempo a esta parte, está en guerra permanente con el Sistema Nacional de Salud, y aprovecha cualquier resquicio para ir ganando terreno, aunque sea sólo con una simple vacuna, como es en este caso.

De todos modos, es cierto que cada uno habla de la feria según le va en ella. Y en el caso del laboratorio Sanofi o de la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), que son las tres sociedades que han emitido, cada una, un comunicado de denuncia, cuentan lo que a ellas le interesa contar y, así, amparándose en países como los Estados Unidos, se justifican. Del país americano dicen que practica “la vacunación universal”, pero no cuentan que el protocolo que establecieron las autoridades sanitarias de aquel país en 1996 para vacunar contra la varicela tuvo que ser revisado en 2007 para incluir una segunda dosis con el objeto de disminuir el elevado número de fallos de la vacuna y los consiguientes nuevos brotes de varicela que aparecían continuamente entre la población de niños vacunados.

Tampoco cuentan estas sociedades científicas que hay otros países como Holanda o Noruega —nada sospechosos de estar descuidando la salud de sus ciudadanos—, donde sólo se vacuna de varicela a “contados” grupos de riesgo o en casos muy concretos. En general, en Europa, salvo Alemania, Grecia, Letonia y algunas regiones de Italia, además de las CCAA de Madrid y Navarra y las ciudades de Ceuta y Melilla, ninguna otra comunidad autónoma ha incorporado a su calendario pediátrico de vacunación la vacuna de la varicela de forma sistemática.

Y para muestra un botón: según la AEMPS, para los 2.300.000 niños que nacen al año sumando los de Bélgica, Francia, Polonia, Reino Unido, Suiza y Austria, sólo se dispensaron en los últimos tres años 201.000 dosis por año; es decir, entre un 4 y un 8% del total de los niños fueron vacunados, según recibieran una o dos dosis. En cambio Alemania sí vacuna a su infancia al 100%. Para los 660.000 nacimientos anuales que tiene, dispensa más de 1.300.000 vacunas; es decir, 2 dosis por niño “de momento”, como matiza la AEMPS, que añade: “quién sabe si en un futuro no tendrá que ampliar con nuevas dosis la vacunación porque siga sin tener la varicela controlada”.

En España, en cambio, ¡y esto es lo que ha alarmado a las autoridades sanitarias!, además de las 135.000 dosis que se administran de forma oficial en los programas de vacunación pediátrica o en los de adolescentes, se consumen, como decía antes, 315.000 dosis de vacuna contra la varicela en el ámbito sanitario privado, y por tanto fuera del control de las recomendaciones sanitarias. Sin entrar en más detalles, el Ministerio de Sanidad cree que esto es grave y cree también que se está corriendo el riesgo de crear un problema de salud pública que podría presentarse en los próximos años.

Uso y abuso de la vacuna, mercado privado, falta de control sanitario... ¿Qué está pasando? ¿Por qué sociedades con nombres tan rimbombantes como la AEP, la AEV o la Sempsph se revuelven contra el Ministerio de Sanidad y rebaten de forma abrupta sus recomendaciones que, ya decimos, parecen más que razonables?

Pues, ya saben, para difamar están las malas lenguas. Y éstas dicen que las sociedades en cuestión reciben sus buenas ayudas de los laboratorios fabricantes... Algo que, por otra parte, es público y notorio. Ayudas que financian publicaciones, congresos y muchos de sus eventos. De todos modos, esto sería lo de menos; lo “de más” es ese “abuso”, ese mercado paralelo de vacunas, que, según el Ministerio de Sanidad ha sido detectado.

Y aquí surgen nuevas preguntas: ¿A quién o a quiénes beneficia este trapicheo? ¿Por qué esa coincidencia en los medios de comunicación a la hora de comunicar este problema? Una coincidencia que, por otra parte, choca que sea en todos bastante parcial... Y lo más importante: ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes las familias a las que el profesional sanitario induce a vacunar a sus hijos e hijas al margen del protocolo oficial? Preguntas para las que seguiremos buscando una respuesta... Aunque, de momento, ya tenemos una; y la voy a dar: la industria farmacéutica, los lobbys sanitarios y la industria privada de la salud no cejarán en su empeño de convertir la salud pública en España en un bien de consumo. ¿No les parece?