La dudosa extradición de Pavlov
En unos días, Alexander Pavlov sabrá si será o no extraditado a su país, Kazajstán. El que fuera durante diez años guardaespaldas personal de Mukhtar Ablyazov, un conocido empresario y principal opositor político del Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbaev, aguarda pacientemente la decisión de la Audiencia Nacional en la cárcel madrileña de Estremera acusado de colaborar en la organización de atentados terroristas en la ciudad kazaja de Almaty y de un delito de fraude bancario al BTA Bank por un valor de 22,5 millones de dólares. El procedimiento, denuncia María Costa, su letrada, está lleno de irregularidades y cabos sueltos.
Es la segunda vez que Pavlov visita una cárcel española. En su primera estancia fue ingresado en una celda de aislamiento tras incluirle en el Fichero FIES por supuesta pertenencia a una banda armada. “Fue una decisión injustificada”, afirma la letrada. “No ha sido acusado de terrorismo en España y la acusación de terrorismo por Kazajstán es absolutamente infundada”, añade. La Audiencia Nacional denegó la primera petición, pero dejó una puerta abierta que las autoridades de su país aprovecharon insistiendo en su devolución. En junio, un juez ordenó de nuevo su ingreso en prisión pendiente de una nueva resolución que puede llegar en breve.
Para entender quien es Pavlov, asegura su abogada, hay que entender primero quién es su jefe. Mukhtar Ablyazov es un conocido hombre de negocios de Kazajstán que alcanzó la presidencia de la Compañía Nacional de Energía y en 1998 fue nombrado Ministro de Energía, Industria y Comercio. La corrupción del gobierno le restó encanto al cargo y lo abandonó poco después para fundar un movimiento político, Alternativa Democrática de Kazajstán (DCK), que tenía por bandera luchar contra esa lacra.
El Gobierno inició una campaña de acoso y derribo contra Ablyazov y su familia. En 2002 lo arrestaron y condenaron a seis años de prisión. Amnistía Internacional, Human Right Watch, el Parlamento Europeo y la OSCE lo reconocieron como un prisionero político, aseguraron que no tuvo un juicio justo y que en su estancia en la cárcel fue sometido a torturas y malos tratos. La presión de las organizaciones obligó al gobierno a liberarlo. Exiliado en Moscú, regresó a su país en 2005 como Presidente de BTA, uno de los Bancos más importantes de Kazajstán. El gobierno no frenó su presión contra él y acabaron nacionalizando el Banco. Ablyazov huyó a Londres, que le concedió el asilo político. Pero no olvidaron. A Ablyazov se le acusó de apropiarse indebidamente de fondos del banco y de organizar ataques terroristas junto con Alexander Pavlov y Muratbek Ketebaev, otro opositor político. La policía británica le alertó de que se preparaba un complot para asesinarlo. Con su vida en peligro, huyó con rumbo desconocido. La Policía lo localizó el pasado 31 de julio en el sur de Francia y allí permanece en una prisión a la espera de la solicitud de extradición presentada por Ucrania, país estrechamente unido a Kazajstán.
Poco a poco las autoridades kazajas han logrado estrechar el círculo. En junio de 2013, la esposa de Ablyazov, Alma Shalabaeva, fue detenida en Roma y deportada a Kazajstán junto a su hija Alua de 6 años. Ambas fueron trasladadas en un Jet privado fletado por Kazajstán, en una actuación sin precedentes de las fuerzas especiales de la policía italiana. No tuvo intérprete ni abogado. Tampoco la dejaron iniciar un procedimiento de asilo político. A Alma se la acusa de falsificar su pasaporte. El gobierno italiano anuló la orden de expulsión el pasado 12 de julio. Demasiado tarde.
Pavlov conoció a Ablyazov en 1995. Fue su guardaespaldas y guardián hasta que lo encarcelaron en 2002. Después fue su jefe de seguridad cuando regresó para ponerse al frente del BTA hasta su nacionalización. En aquel momento comenzó el acoso. Los servicios de seguridad lo amenazaban con arrestarle si no declaraba contra el vicepresidente de la entidad, Zharimbetov. En 2009 lo citaron a declarar contra Ablyazov. Pavlov se negó. Su fidelidad le costó la apertura de un proceso criminal por presunta pertenencia a un grupo criminal organizado. Su única escapatoria era fugarse de aquel país y así lo hizo reuniéndose con su ex jefe en Londres. Pavlov se convirtió, de nuevo, en su más fiel escolta. Atrás dejó a su mujer y dos hijos menores. La seguridad la interrogaba una y otra vez para conseguir información bajo la amenaza de acusarla de terrorismo por no colaborar. Fue entonces cuando la Fiscalía acusó a Pavlov de malversación de fondos del BTA y de organizar un atentado, pero sólo se dictó orden de busca y captura internacional por el primer delito. Pavlov inició una huida que le llevó por distintos países de la Unión Europea hasta que el 11 de diciembre de 2012 fue detenido en Madrid. Kazajstán solicitó su extradición y Pavlov pidió asilo en España.
Mientras él permanecía en prisión, el Presidente de Kazajstán visitaba España con una cartera de asuntos por resolver en reuniones del más alto nivel con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Rey, don Juan Carlos. Se acordó un Tratado de Extradición y la venta de aviones militares por España a Kazajstán. Pavlov recibió la visita de miembros del Consulado kazajo; una visita que no deseaba y que resultó, según relata su abogada, tan atemorizante como esperaba. El 19 de abril de 2013 la Audiencia Nacional rechazó la extradición por una traducción defectuosa y dictaminó que, si querían insistir en la extradicción, se emitiera la documentación que argumentara los hechos delictivos y su participación en los mismos. El guardaespaldas quedó en libertad pero la traducción llegó y, con ella, la documentación. El pasado 1 de junio se ordenó de nuevo su reingreso en prisión a pesar de que se había presentado voluntariamente.
La abogada considera que el procedimiento de asilo está lleno de irregularidades. ACNUR, conforme a lo dispuesto en el artículo 35.1 y 3 de la Ley de Asilo, no ha podido emitir una valoración sobre la procedencia o no del asilo al no recibir con tiempo suficiente la información. El alto comisionado solicitó por escrito al Ministerio del Interior el aplazamiento del caso, pero no sirvió de nada. Tampoco se ha cumplido con la audiencia del interesado conforme a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento. Sin embargo, asegura Costa, se solicitó un informe del CNI que contiene información procedente del país de origen en contra de lo que dispone el artículo 24.1 y 2 de la Ley de Asilo. El documento, fechado el 24 de mayo de 2013, concluye que “el Gobierno Kazajo ha imputado a Pavlov por el caso del BTA con el objetivo de lograr una extradición rápida y obtener información sobre el entorno de Ablyazov. Las fuentes y los datos consultados no se consideran suficientemente fiables, lo que no permite realizar una valoración plenamente acreditada sobre el grado potencial de la peligrosidad de Pavlov para la seguridad nacional”.
El 22 de julio la Audiencia Nacional dictó un auto acordando su extradición con el argumento de que el gobierno español había suscrito un Tratado de extradición con Kazajstán, país al que considera un estado democrático en el que se respetan los derechos y libertades fundamentales. Pavlov recurrió la decisión y el fallo debía haber llegado en septiembre. Sin embargo, la Audiencia Nacional acordó posponer la decisión para solicitar información a Polonia sobre Muratbek Ketebaev, amigo y compañero de Ablyazov, también opositor al régimen, que fue acusado por la Fiscalía de Kazajstán de organizar junto a Pavlov los supuestos atentados de Almaty. Ketebaev declaró como testigo a favor de Pavlov en el primer procedimiento de extradición. Afirmó que los delitos que se le imputan son falsos y tienen como única finalidad lograr la devolución de Pavlov a Kazajstán para obtener información sobre Ablyazov. Curiosamente, Ketebaev participó en la conferencia de la OSCE en septiembre de 2012 con la asistencia de representantes de Kazajstán. Con valentía denunció públicamente la falsa acusación de terrorismo de la que había sido objeto en Kazajstán. Las autoridades allí presentes alegaron que sólo se le implicaba como testigo.
Amnistía Internacional y otras organizaciones piden la paralización de su extradición por el alto riesgo de tortura. El Parlamento Europeo, en una resolución, denunciaba que el Gobierno kazajo no debería utilizar la lucha contra el terrorismo “como excusa” para prohibir la actividad de oposición. Además, mencionaba el “extremismo” con el que ejecutaron la prohibición del partido de Ablyazov, decisiones tomadas con “resoluciones judiciales que vulneran los principios de libertad de expresión y de reunión”.
La semana pasada Isabel Santos, parlamentaria portuguesa y representante de la Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), llegaba a España para verificar que el procedimiento se celebraba con toda legalidad. La diputada no pudo, sin embargo, visitarlo en prisión porque Pavlov no había solicitado su visita. “Tampoco la de los representantes del consulado kazajo y lo permitieron”, alega la letrada. Si la Audiencia Nacional aprueba la extradición, el Gobierno tiene la última palabra en el Consejo de Ministros. Pavlov es una pieza clave para las autoridades de su país. La información que tiene en su poder pondría en peligro la seguridad de otros opositores. En el caso confluyen presiones económicas del régimen kazajo, uno de los cinco mayores productores de gas y uno de los países con más reservas petrolíferas. En el aire están la firma de contratos en los sectores como la construcción, energía y cooperación militar. Por eso, las organizaciones humanitarias introducen la duda de si, al final, la decisión será justa o política.
