Los límites de la vigilancia ‘no invasiva’

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Manuel González, conocido como ‘El Loco del chándal’, la semana pasada, abandonando la prisión. / Efe

Camuflado con gafas oscuras y gorro abandonaba el pasado viernes la cárcel de Brians en Barcelona ‘El loco del chándal’. Manuel González es ahora un hombre libre. Un hombre libre sobre el que figura una advertencia. Antes de salir en libertad, un informe psicológico alertaba sobre el peligro que supone dejarlo en libertad. González padece un «trastorno de sadismo sexual». Durante su estancia en prisión no ha querido someterse a ningún programa de tratamiento. «Su patrón de excitación implica actos en los cuales se produce un sufrimiento físico o psíquico a la víctima. Existe riesgo extremo de que vuelva a cometer las mismas agresiones”, concluye. 16 mujeres conocen ese peligro. Lo sufrieron en los noventa. González  las atacaba por la espalda y las clavaba un cuchillo en las nalgas. Así se excitaba. Después, salía corriendo. Las dejaba abandonadas y desangrándose. Una no sobrevivió a su ataque. El documento asegura que su peligrosidad radica en el “resentimiento” que el ex convicto tiene con el sistema que le condenó y lo encerró.

Días después abandonaba el reciento penitenciario de Herrera de la Mancha, Emilio Muñoz Guadix, condenado a 43 años por el secuestro y asesinato de Anabel Segura. Lo hacía de forma muy distinta. Con gorro, pero con el rostro descubierto. De cara e, incluso, dedicando un momento y unas palabras a los periodistas,  para esgrimir aquel argumento que ya usó cuando lo juzgaron años atrás. “Estoy arrepentido. Daría diez años de mi vida por volver atrás y que el crimen no hubiera sucedido, pero ya he pagado mi condena”, dijo. Muñoz ya no se considera un «peligro» para la sociedad, porque cree que ya ha asumido el error «grave» que cometió y lo ha pagado con su condena. Anabel fue secuestrada el 12 de abril de 1993 por Muñoz y Cándido Ortiz –fallecido en prisión-, mientras hacía footing por la urbanización La Moraleja de Madrid. Fue elegida al azar. La subieron a una furgoneta, pidieron un rescate por ella y, horas después, la asesinaron y enterraron en una antigua fábrica de ladrillos de Numancia de La Sagra, en Toledo. Dos años tardaron en hallar su cadáver y en capturar a sus raptores. Cuando la desenterraban, no cesaba de repetir: “El negocio salió mal”.

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Dos situaciones. Dos efectos. Dos posibles consecuencias. El anverso y reverso de la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según éste órgano judicial, ambos han cumplido con la sociedad y con la ley, pero su excarcelación no supone el mismo peligro para esta sociedad con la que contrajeron su deuda y tampoco han logrado el mismo grado de reinserción. González no es el único que ha sembrado la alarma. Ahí resuena la puesta en libertad de Pedro Luis Gallego, el ‘violador del ascensor’, o de Valentín Tejero, el asesino y violador de la niña Olga Sangrador y autor de otras seis agresiones. Una psicóloga lo define como un «germen del mal». Durante los 20 años que ha permanecido en prisión ha rechazado todos los programas de rehabilitación. Sus informes  penitenciarios dicen que tiene “anulada su afectividad y no siente el dolor ante hechos como los que ha cometido y ante los que carece de resortes para controlarse”.

En una sociedad que valora  la seguridad, un tratamiento alarmista de los casos de violencia sexual puede distorsionar la realidad y tener consecuencias sociales muy negativas. La sociedad tiende a pedir a los poderes públicos una garantía de «riesgo cero«, pero sin embargo, y lo dice la investigación que se realizó en la prisión de Brians, en Cataluña,  sobre la reinserción de los delincuentes sexuales en la cárcel de Brians en 2009 -una de las más completas-, “el número de asesinos y de violadores en serie que, habiendo cumplido sus penas, llegan a la liberación definitiva ofreciendo un pronóstico de alto riesgo de reincidencia son, proporcionalmente, muy bajas”. No es el caso de los que ocupan estas líneas. Entonces… ¿qué hacemos de quienes se sospecha que no se han rehabilitado?¿Puede el Estado hacer algo?¿Puede el sistema proteger a sus posibles víctimas?

A los agresores no se les puedo encerrar en psiquiátricos porque no son incapaces. Tampoco la Policía puede tomar medida alguna salvo que lo dictaminen los jueces. No pueden restringir sus movimientos. Sólo prevenir. Vigilar. Es lo que se conoce como vigilancia policial “no invasiva” a la que ya se ha sometido a Alejandro Martínez Singul, el segundo violador del Eixample, el pasado julio. Singul fue el primer preso español en someterse a la castración química, pero los psicólogos concluyeron que no se había rehabilitado. Cuando quedó en libertad, los Mossos d’Esquadra recibieron la instrucción de la Fiscalía para llevar a cabo el seguimiento y «control no invasivo» de Singul. No se le podía someter a ningún seguimiento exhaustivo, pero sí a una cierta vigilancia compatible con la libertad de movimientos que le corresponde a cualquier ciudadano en libertad que no tiene ninguna deuda con la justicia.

Barcelona fue la primera en activar este “protocolo”, pero ahora, tras la derogación de la doctrina Parot, la Fiscalía lo ha activado en toda España. ¿En qué consiste? Se traslada a la Policía las puestas en libertad de determinadas personas para que con el más estricto respeto a la legalidad y derechos fundamentales se supervisen posibles conductas. Es una «especie de advertencia» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que valoren las circunstancias que existen, «siempre con respeto a la libertad y los derechos fundamentales» de la persona excarcelada.

Gónzalez o Gallego están sometidos a esta vigilancia ‘invisible’ policial que debe prever esa peligrosidad. Agentes policiales siguen sus pasos sigilosamente para determinar, en la medida de lo posible, si sus pautas, ahora en libertad, serán las mismas que antes de entrar en prisión o la cárcel ha mitigado aquel instinto; si esa sospecha de reincidencia puede convertirse en realidad. Ambos podrían, sin embargo, denunciar a los agentes si consideran que esa vigilancia limita o cercena su libertad individual, un «derecho constitucional» de los ciudadanos, y los agentes tendrían que dejar esa vigilancia. La Policía tiene funciones de prevención de carácter delictivo y de supervisión de situaciones peligrosas. Sólo pueden valorar los datos que reciben de los centros penitenciarios donde se valoran conductas y posibilidades de reinserción y decidir cómo la ejecutan.

¿Cuáles son las señales que nos avisan de que las cosas no van bien? ¿Cuándo pueden volver a reincidir, si es que lo hacen? Según el informe de Brians, la reincidencia sexual es baja cuando hay un tratamiento por medio, pero incluso entonces, dentro de este grupo de delincuentes hay una parte que tiene una probabilidad de reincidencia más alta que el resto. Y el periodo de reincidencia más peligroso es desde veintidós días hasta un máximo de ocho años y nueve meses en el caso del sujeto que más ha tardado en volver a delinquir. Sin embargo, un 90% de los reincidentes analizados por el estudio han vuelto a prisión por un nuevo delito en un período máximo de cinco años y un mes, y la mitad ya habían vuelto a prisión al cabo de un año y medio. También aborda la necesidad de recoger muestras de ADN de este tipo de penados para que puedan formar parte de una base de datos y contrastarla en caso necesario. Precisamente este estudio alertaba de la “carencia” de instrumentos de control posteriores a la liberación definitiva del penado y proponía la reforma del Código Penal para añadir la vigilancia de conducta entre las medidas que podría acordar el juez o el tribunal a la hora de dictar sentencia condenatoria.

La libertad vigilada fue recogida en el Código Penal en 2010 para delincuentes sexuales y terroristas, pero sin efectos retroactivos para quienes han cumplido sus delitos antes de esa fecha. Debe dictaminarla un juez por la peligrosidad del reo y por un plazo máximo de diez años y puede variar desde el seguimiento policial a una vigilancia de dispositivos electrónicos, personación en el juzgado, prohibición de acudir a determinados sitios… Pero, recuerden, estas medidas no contemplan a los excarcelados de los que les hemos hablado… También ayer abandonó la prisión de Herrera, en Ciudad Real (ver vídeo) Miguel Ricart, condenado por el triple asesinato de de las niñas de Alacàsser.