Victoria de la sanidad pública en Madrid que no gana una guerra

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Dos sanitarios se abrazan durante la concentración para celebrar la victoria de la Marea Blanca a la entrada del Hospital de la Paz, en Madrid. / Emilio Naranjo (Efe)

No nos engañemos, la guerra sólo acaba de empezar. Pero la primera batalla importante librada en España —la de la marea blanca madrileña contra la privatización de seis hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, inaugurados en 2008 (Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, hospital del Henares, del Sureste y del Tajo)—, que suponía cambiar de estatus laboral a 5.000 trabajadores sanitarios y afectaba, directamente, en sus problemas de salud, a 1,2 millones de madrileños, ha caído del lado de los que creen que una sociedad más justa, y en consecuencia con más posibilidades de ser feliz, es la que gestiona mejor su patrimonio público; llámase éste Sanidad, Educación o Justicia.

Precisamente ha sido la Justicia la que le ha parado los pies en esta ocasión al tsunami liberal que el Partido Popular de Madrid venía imponiendo con su mayoría absoluta. Aunque justo es reconocer que si no hubiese sido por la movilización de los profesionales sanitarios y de una gran parte de la sociedad madrileña, encadenando encierros, huelgas, paros, dimisiones masivas y acciones de todo tipo en la calle, esta victoria no se hubiese conseguido.

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El auto dictado por la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por el que se mantiene, desde el pasado septiembre, la suspensión cautelar que pesa sobre el proceso de privatización de los citados hospitales, ha sido definitivo para que esta privatización quede en suspenso. La justicia le ha hecho saber al Gobierno madrileño que el trasvase a empresas privadas de instalaciones, profesionales y toda la experiencia acumulada por un sistema sanitario público que era considerado hasta hace muy poco uno de los mejores del mundo, no es de recibo; y más si todo ello se financia con dinero público. También resalta el auto que perjudica de forma irreversible a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos y que, para más INRI, el concurso de adjudicación acumula suficientes sospechas de irregularidad como para que la justicia, tal vez, lo considerase nulo en el futuro.

Tiene aún más mérito esta victoria, después de que el Gobierno madrileño intentase por todos los medios imponer jueces y criterios que incidiesen directamente en la resolución de su recurso de reposición. Al final se ha impuesto la Justicia y ni siquiera los tejes manejes de entre otros, el magistrado Gerardo Rodríguez Tristán, de filiación conservadora y recusado por el PSOE, han impedido el fallo.

Con esto, y con el calendario electoral que se avecina (elecciones europeas en mayo, municipales y generales el próximo año), el Partido Popular ha reculado y el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty ha dimitido ipso facto. Aunque ha sido sustituido ya por Francisco Javier Rodríguez, médico de profesión y diputado regional desde 1987; en la actualidad, Rodríguez era el portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid por el PP.

Por su parte, el presidente Ignacio González, se ha limitado a aceptar la dimisión de Fernández-Lasquetty que, como se sabe, ha sido mentor y valedor a ultranza de la propuesta de privatización de parte de la sanidad madrileña; luego se ha retirado a sus cuarteles de invierno, pues, aunque ha asumido que el proceso de privatización sanitaria  en Madrid queda en suspenso, no ha dicho que no vaya a intentarlo de nuevo si el PP volviese a ganar las elecciones.  González, con ese exceso de optimismo que siempre tienen los políticos, ha comentado que “este  proceso ha abierto un debate que ha servido para concienciar a la sociedad.” Esto es verdad, creemos. Aunque luego ha comentado, en un alarde de cinismo, que “ha sido bueno también para que trabajemos juntos y así reducir gastos sin perder prestaciones”.

En cualquier caso, lo que cabe resaltar hoy aquí es ese reconocimiento que se les debe a los sanitarios madrileños y toda la sociedad civil que les ha acompañado en su lucha. Sin duda tiene mérito que en estos tiempos de inmovilismo social hayan sido capaces de conseguir, recurriendo a acciones directas como la huelga, pero también empleando todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico permite, que el nuevo modelo económico-social que persigue el PP haya perdido esta batalla. Porque, no se olvide, esta es una confrontación ideológica. De un lado, el PP defendiendo un sistema económico liberal a ultranza, en el que la iniciativa privada es la que cuenta, y del otro, una sociedad mayoritaria que ve como poco a poco pierde sus derechos y ese “colchón social”, base de su calidad de vida y desarrollo, que es lo público: sanidad, educación, servicios básicos como el agua o la luz eléctrica...

Quizá la consecuencia más importante de la decisión tomada por la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM vaya a ser esa toma de conciencia y ‘más responsabilidad’ que a partir de ahora la sociedad española, puede pensarse, va a tener al creerse que, uniendo fuerzas, sí pueden cambiarse las cosas; sino todas, al menos en parte.

En este blog se dijo ya al principio que la batalla sanitaria de Madrid iba a ser decisiva para el devenir del Sistema Nacional de Salud. Ahora, vuelvo a repetirlo con más fuerza si cabe. Porque un país que privatiza la gestión de su salud y pretende hacer negocio con la enfermedad a fin de obtener beneficios gestionando el dolor ajeno, es para que se dude de su futuro ... Diga lo que diga el Partido Popular.