Mala praxis judicial en violencia de género

La escalada de violencia de género no se está viendo frenada ni desde los gobiernos implicados, ni en lo que corresponde a los juzgados de violencia. Las cifras, a primeros de mayo, son escalofriantes, incluso si nos quedamos con las que ofrece el gobierno (23), muy por debajo de las barajadas por las asociaciones de mujeres que trabajan con las víctimas de la violencia (30). Las causas del menosprecio a la vida de las mujeres, de los hijos y de las hijas, del entorno familiar de las víctimas, tenemos que analizarlas más allá de la elaboración de una nueva mitología entorno a la violencia. Está, sobre todo, la inacción de algunos juzgados de violencia.

Ángela Alemany denunció, en nombre de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que el 42% de las denuncias presentadas en 2013 fueron archivadas, según se desprender de los datos presentados por el Consejo General del Poder Judicial. Grosso modo, el informe del CGPJ señala que se rechazan el 41% de las órdenes de protección y que el número de denuncias archivadas es altísimo, como en los juzgados de Miranda de Ebro o Villafranca del Penedés (el 80%), o Moguer (90%). La denegación de órdenes de protección no refleja mejores resultados: los juzgados de violencia de género de Santiago de Compostela y Barcelona deniegan el 70% de las órdenes de protección solicitadas, y los de Granollers, San Feliu de Llobregat o Telde llegan al 90%. Sin duda, podríamos hablar de impunidad.

Themis denuncia ‘mala praxis judicial’ y señala su preocupación por la actuación también de los juzgados de  lo penal, ya que según el CGPJ, la mitad de las sentencias que se dictan desde estos juzgados son absolutorias. En Cuenca o Tarragona, con un 70% de sentencias absolutorias. No parece extraño que entre los recortes presupuestarios, la mala praxis judicial y la falta de políticas de prevención, los maltratadores se sientan impunes y la virulencia de sus actuaciones sea ilimitada.

El último caso conocido, el asesinato de Mª Belén en A Coruña, es un reflejo de esta impunidad. El archivo de denuncias en el juzgado de violencia de  A Coruña es del 57%. Mª Belén había denunciado a su maltratador en tres ocasiones: en la primera se sobreseyó, en la segunda ella no fue a declarar, y en la tercera se imputó a su maltratador. Mª Belén estuvo en la Casa de Acogida municipal hasta 10 días antes de su asesinato, pero no pudo romper el vínculo con su maltratador, y faltar a esa norma fundamental –y llegar tarde una noche- ocasionó su salida de la Casa. Era un caso claro de maltrato cronificado.

Miguel Ángel, su ‘presunto’ asesino, había sido condenado a un año por maltratar a su segunda esposa, pero no entró en prisión por no tener antecedentes penales. Fue denunciado en varias ocasiones por su siguiente pareja, también por violencia de género, pero no fue condenado. Ahora estaba imputado por maltratar a Mª Belén en su tercera denuncia. Pero… ¿cómo se sobreseyó su primera denuncia, con este historial? ¿Por qué no actuó de hecho la fiscalía en la segunda denuncia?

A pesar de haber sido pillado ‘in fraganti’, se ha dicho de todo para atenuar la culpabilidad de Miguel Ángel: que si ella estaba muy violenta y saltó del coche, que si él la empujó fuera del automóvil para defenderse… que si una mala caída. Un guarda civil de permiso vio como ella caía, y como él daba marcha atrás ¿para socorrerla? Por supuesto que no. Por eso el guardia civil llamó a la policía mientras perseguía al ‘presunto’.

Con la misma intención de atenuar el delito, se ha contado de la víctima que bebía, se ha hablado de la reincidencia de ella… Como señala en conversación telefónica con cuartopoder.es Gloria Vázquez, presidenta de Ve-la luz, “Mª Belén era una mujer dependiente, manipulada por su maltratador, y ahora está siendo acusada de ser asesinada”. Vázquez muestra su indignación por la ausencia, en la concentración de repulsa de este asesinato celebrada en A Coruña, de las vecinas de la víctima, de sus compañeras de la Casa de Acogida, y cree saber cuál es el motivo de esta ausencia, y no está relacionada con la falta de solidaridad de las mujeres, sino con las normas de la Casa.

Volviendo a Miguel Ángel, es uno de los casos más claros de reincidencia que vemos en nuestro país, y que viene a avalar a las expertas, y a los expertos, cuando indican que la violencia de género es un comportamiento, una manifestación de poder de un individuo hacia una mujer por el hecho de ser mujer, y que no está producido por ninguna actitud de provocación por parte de la víctima.

Por tanto, nos encontramos ante un caso que puede servirnos para analizar qué estamos haciendo mal, desde la organización de la protección a las víctimas en las casas de acogida, donde a veces parece que más que protegidas están detenidas, hasta el papel de la judicatura como garante de los derechos de la mujeres y la escasa aplicación de la legislación.

Déjese, pues, de culpabilizar a las víctimas y póngase la atención en quienes ocasionan los delitos, y en quienes los permiten.

(*) Berta Cao es consultora de género y Máster en Género y Políticas de Igualdad.