La indolencia política y social marca un año con 68 víctimas de violencia de género

Actualización del 8-12-14 tras la muerte de otras tres personas por violencia machista

Cuando estamos cerca de la finalización de un año terrible, también en términos de violencia de género, y tras la conmemoración del 25 de noviembre -Día Internacional contra la Violencia de Género- no dejamos de sorprendernos ante la gravedad de los datos, la pasividad en las actuaciones y las consecuencias de la violencia de género.

Y es que desde el día 25 hasta hoy mismo, se ha incrementado la escalada de violencia, con seis casos ya conocidos, y con el inicio trágico de esta misma semana, con los asesinatos hoy de dos mujeres (Valladolid y Paterna) y el acompañante de la primera.

Los últimos estudios, del Instituto Andaluz de la Mujer y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (de los que ya informamos en cuartopoder.es) ponen de manifiesto el retroceso en actitudes, comportamientos y valores, y la necesidad de incluir a esta población en la políticas de actuación contra la violencia de género. Que el 24% de los jóvenes andaluces piensen que el lugar de la mujer es la casa, o que el 50% consideren que las mujeres “aguantan” la violencia, muestran por donde trabajar si de verdad las instituciones, los gobiernos quieren erradicar la lacra de la violencia en un futuro próximo. Y más que hacer campañas televisivas, hay que actuar en los institutos con contenidos y mensajes claros y contundentes.

Pero además de saber qué caminos seguir, es imprescindible analizar qué se está haciendo mal. Y el análisis que ha hecho el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parte de un error de base: no analizar la actuación de los juzgados de violencia de género y poner el punto de mira en el hacer de la policía, que también tiene en su haber una ristra de errores de importancia.

El CGPJ analiza sólo 14 casos, aquéllos en los que las mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor (datos hasta el 13 de noviembre de 2014) y presenta sus propuestas de mejora, que no ofrecen nada nuevo frente al demoledor resultado del estudio, que pone en el punto de mira la actuación policial y sus mecanismos para la valoración de riesgo (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior –VIOGEN-) que consideraron riesgo “medio” y “no apreciado” en estos casos, lo que supuso no tomar medidas de atención y control (órdenes de alejamiento, detención del maltratador…). Por cierto, si cambiamos policía por juez, comisaría por juzgado, esto es lo que le ocurrió a la madre de las dos niñas asesinadas en Asturias el 27 de noviembre, y es copia literal del suceso por el que España ya recibió la condena del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el pasado mes de agosto.

El estudio no analiza la actuación de los juzgados de violencia de género, salvo para mencionar que en dos casos hubo una demora -“excesivo plazo de señalamiento” dicen- en los juicios rápidos, que en lugar de celebrarse en los quince días que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se retrasaron hasta ¡8 meses!

Poca autocrítica la del CGPJ, que omite mencionar el elevado número de sobreseimientos provisionales desde la implantación de estos juzgados específicos de violencia de género en 2005, que según Amnistía Internacional se han incrementado en un 158%. En el mismo informe, AI indica que el porcentaje de sentencias condenatorias ha descendido hasta el 50% en 2012, diez puntos por debajo del porcentaje de 2006.

El CGPJ debería haber incluido, en su batería de propuestas, medidas que afecten a su campo de intervención para que no sea en el juzgado, y una vez que las mujeres han superado las barreras del miedo, de la culpabilidad, de la actuación policial… donde continúen maltratándolas. Porque no sólo hay que tener plaza y juzgado, además deben impartir justicia y por lo que se ve, no están a la altura.

Debería reflexionar el CGPJ sobre las causas que llevaron sólo en 14 casos (el 25% del total de asesinadas en lo que va de año) a presentar denuncia. Porque denunciar es fundamental para romper con el círculo de violencia. Denunciar aunque la policía no actúe en el 100% de los casos como se espera y debiera, que es acogiendo y protegiendo a la víctima, no devolviéndola a manos de su maltratador.

2014 quedará marcado como el año en que han muerto asesinadas más menores, 5 -4 niñas y un bebé- de un total de 68 víctimas -de momento-, algunas no contabilizadas por no ajustarse al parámetro marcado por la Ley Integral contra la violencia de género, que reduce las víctimas a parejas o exparejas (novias, esposas, convivientes) excluyendo a las víctimas “colaterales” (suegras, hijas e hijos, parejas actuales). La relación oficial omite la casuística que rodea este tipo de asesinatos.

¡Ah, se me olvidaba…! Para hacer políticas reales, efectivas, hay que invertir dinero y España no aporta fondos suficientes. Y para creernos los programas políticos, deberíamos ver a sus representantes acompañando a la sociedad civil en la calle. Y de esto, muy poquito. Total, “sólo” hablamos de la vida de una cantidad importante de mujeres.