Una especie en extinción llamada escoltas

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Escoltas protegen a un cargo público. / Efe

Despreciados y arrojados a las cloacas del olvido. Así califican su situación las llamadas 'sombras' de Euskadi. Escoltas de políticos, jueces y otras personalidades que velaron por sus vidas son ahora meros recuerdos a los que les han dado la espalda. Apuntalaron la democracia en un territorio en el que les era negada a muchos. Pusieron el pecho entre los verdugos y sus víctimas. Contribuyeron a que los terroristas depusieran sus armas. Ahora, con sus pistolas engrasadas de 25 balas han pasado de hacer frente al terrorismo al Inem. Sombras fueron. Sombras son.

El declive de los escoltas lo retrata con realismo César Charro en su libro "Una pistola y 25 balas" . El autor llegó al mundo de las sombras por necesidad. Dice que se descubrió un día aprendiendo a poner esposas y a dispararle a la silueta con la forma de un hombre. Como huida de otra crisis. Se define como un idealista, antimilitarista convencido y con un batiburrillo en la cabeza entre libertario y comunista aderezado con música de los ochenta. No le fue fácil, pero lo asumió rápido. Ha estudiado, portado armas en países extranjeros, conocido a personas que habían matado en conflictos y guerras y a algunos que después murieron en acto de servicio. Con su libro no pretende dar lecciones. Lo único que quiere es recordar a los profesionales que estuvieron siempre en primera línea de fuego durante los años duros del terrorismo. “Estoy convencido de que les corresponde una buena parte del mérito de que hoy vivamos en paz y no han sido reconocidos como merecen. Como colectivo jamás me defraudaron y nunca me arrepentí de estar a su lado. Su  entrega y profesionalidad se situaron siempre por encima de la media de cualquier sector laboral y no admitiré que nadie diga lo contrario desde el cómodo sillón de un despacho oficial”, afirma.

Lo cierto es que son páginas llenas de dolor y de muerte, de frustraciones y de abandonos. Una verdad al margen de la oficial. Su presencia callada junto a las potenciales víctimas, su trabajo preventivo. Unos tres mil hombres y mujeres que, como un ejército silencioso, fueron instalándose hace ya casi 20 años en la vida rutinaria de políticos, jueces, periodistas y profesores que vivían o trabajaban en Euskadi y a los que ETA había puesto en su diana. Los había ex militares,  buscavidas y aventureros... La mayor parte era vigilantes de seguridad que realizaban un curso de sesenta horas de duración que distaba mucho de la realidad a la que se iban a enfrentar. El dinero no les sobraba. Necesitaban el trabajo. Hasta catorce horas diarias de servicio.

Entonces los servicios de escolta se adjudicaban por concurso a las empresa a través del Ministerio de Interior y el Gobierno Vasco. Sitúa el autor dos fechas determinantes en las contrataciones masivas de escoltas; el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 y  el atentado contra el magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, en 2001 en Getxo. Asentado el periodo de tregua, se retiraron los contratos y el ejército de escoltas se disolvió distribuyéndose en servicios de seguridad en supermercados, fábricas e instalaciones diversas y las colas del paro. La crisis los golpeó fuerte. Hoy solo quedan 135 que ofrecen protección a 104 personas, según datos del ministerio del Interior. Las empresas dedicadas a la protección personal han pasado de las 95 en 2010 a las 69 de 2013. El colectivo está sobredimensionado: Interior tiene concedidas licencias a 37.215 personas en España, 1.600 cuando el sector no podía absorber tanta demanda.

Los escoltas no han dejado de llamar a la puerta de Interior para obtener una salida digna. La vigilancia de las cárceles podía haber sido una opción. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, reconoció durante una intervención en el Congreso la existencia de un "pacto de caballeros" para subcontratar a los escoltas en los perímetros de seguridad de las prisiones. No ha sido así. En octubre 2014, el Gobierno adjudicó a varias empresas un nuevo contrato para extender la vigilancia privada al perímetro de 67 cárceles presupuestado con 33,3 millones para recolocarlos. Solo 60 de los 800 vigilantes en las prisiones son escoltas. Las empresas no han respetado el pacto. Hartos y asqueados 200 de ellos han creado  “Sombras de Euskadi”, una cooperativa que pretende optar a los contratos del Gobierno sin pasar por las empresas de seguridad que, aseguran, los usan como reclamo para conseguir contratos y después reparten el trabajo a gente menos formada y más barata.

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Solo 60 de 800 vigilantes en prisiones son escoltas. / Efe

Una simple conversación sirve para atisbar su hastío y desesperación. Su cabreo. Pasan su tiempo formándose, visitando despachos para que la ley se cambie y hojeando ofertas de empleo. Nada que ver con las contravigilancias, esperas y acompañamientos de otros tiempos. Buscan ofertas de vigilantes, auxiliares de seguridad… y sobreviven con chapuzas, clases de defensa personal, embarcándose en atuneros y alguno se ha dejado la vida como soldador. Nada que ver con proteger y salvar vidas como en sus mejores tiempos. ¿Quien les protege ahora a ellos?, se preguntan.

La protección de las mujeres maltratadas, de directivos en empresas españolas o la seguridad en consulados y embajadas podrían ser sus tablas de salvación. De momento, solo el gobierno vasco ha empleado escoltas en la protección de víctimas de violencia de género. Con el objetivo de que se extienda a toda España la asociación tiene previsto entregar 6.000 firmas para reclamar una ley que así lo establezca.  Irse al exterior podría ser una opción sobre todo para los que tienen experiencia como ex militares gracias a una directiva europea que reconoce en toda Europa los títulos profesionales de escolta.

La realidad es que muchos están sobrecualificados para estar en una garita de seguridad: poseen adiestramiento en desactivación de explosivos, defensa personal, conducción evasiva... que no les sirve siquiera para opositar a un cuerpo de policía. Alegan cualidades como capacidad observación y soportar jornadas maratonianas, calidad humana en el trato a protegidos y familias, discreción... ingredientes que enumeran para optar a una oportunidad en un sector que durante años ha ganado miles de millones con su trabajo.

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