La salud de los ‘sin papeles’, un valor electoral

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Alfonso Alonso durante una entrevista en RNE el pasado lunes 31 de agosto. / Efe

Para los que afirman que celebrar elecciones no sirve de nada, he aquí un conflicto, el de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, que está siendo la guinda de una tarta (la de los votos) que comenzó a repartirse en las Elecciones Municipales y Autonómicas del pasado 25 de mayo y concluirá cuando a finales de año, previsiblemente, se celebren las Generales.

Hablar de la salud de estas personas que en torno a las 900.000 fueron excluidas de la asistencia sanitaria normalizada tras aprobarse el real decreto de 24 de abril de 2012 —si exceptuamos urgencias, embarazadas y menores— es importante, sí, pero lo es mucho más saber con qué criterios ideológicos —los del Partido Popular o los de, en general, el del resto de partidos— va a ser gestionada en el futuro la salud de la inmigración irregular y, si se quiere y por extensión, la de todos. Por eso, los miles de inmigrantes repartidos por España que hoy acuden con recelo al médico aunque enfermen (o no acuden), bien por miedo a ser expulsados, bien porque se les exige que paguen la asistencia, se han convertido, sin pretenderlo, en tema 'caliente' este verano, y que tendrá continuidad otoñal al menos hasta las elecciones de diciembre.

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Puede decirse sin temor a equivocarse que la parte de la sociedad más progresista está dispuesta a amparar a los ‘sin papeles’ y propiciarles una asistencia sanitaria como la que recibe cualquier otro español. El Gobierno, en cambio, se la niega, aunque lo disimule con más de un subterfugio. Da rodeos y, a continuación, mete la pata. Hasta tres veces, al menos, la ha metido ya el Gobierno de Rajoy con este tema. Y aún así sigue en sus trece. ¿Acaso son los votos en juego lo que tanto le confunde? Y si no, ¿a qué este revuelo veraniego con la salud de los inmigrantes no regularizados?

Las declaraciones el lunes pasado, 31 de agosto, en Radio Nacional de España del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, son una muestra más del cinismo gubernamental y del barullo en el que anda el PP con este tema. De sus palabras, la sensación que se saca al oírle (y verle) es que ni él mismo se las cree. Su mirada perdida y gesto envarado le delatan. “Todo lo que está ocurriendo ahora en torno a los inmigrantes 'sin papeles' no es más que una clara reacción electoralista del Partido Popular que ve cómo los nuevo gobiernos autonómicos, con mayor sensibilidad social, pueden quitarle votos”, resume María Dolores García, presidenta, en Sevilla, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y miembro activo de la Plataforma Somos migrantes.

El real decreto ley de abril de 2012 fue rechazado de plano o modificado con matices por la mayoría de comunidades autónomas. Incluso las gobernadas por el PP se rebelaron; sólo Murcia y Rioja lo han aplicado hasta ahora a rajatabla. La última en 'desobedecer' ha sido Madrid, dónde su presidenta, Cristina Cifuentes, ha anunciado también que dará cobertura sanitaria a este colectivo de inmigrantes. La realidad es que casi todas han diseñado programas específicos para cubrir la contingencia. Galicia, por ejemplo, aprobó en septiembre de 2012 un programa de salud pública para atender a los 'sin papeles', aunque ya les exigía que demostrasen que no tenían recursos, lo mismo que ahora parece proponer el Gobierno. En general, todas las autonomías han salvado la situación hasta ahora aprobando normativas, instrucciones o decretos puntuales.

Con el vuelco electoral tras las autonómicas y municipales, comunidades como Aragón, Valencia, Baleares o Cantabria decidieron revisar la política asistencial a los 'sin papeles'. El Gobierno se enfadó, sí, se enfadó, y el secretario general del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, amenazó con llevar al Constitucional las normativas autonómicas sobre este asunto. Y aquí cabría decir que hay ya dos sentencias del citado tribunal que avalan las tesis del País Vasco y Navarra en favor de la asistencia sanitaria universal a sus ciudadanos, incluidos los sin papeles que viven allí. Pero Moreno persistió en su enfado y sugirió que habría “multas millonarias” para quienes incumpliesen la normativa europea, cuando el mismo Consejo de Europa ha avalado también esta asistencia a los 'sin papeles'. En fin, que el Gobierno, en vez de sumar, tiró de autoridad y la está armando. Primera metedura de pata pues.

La reacción de las autonomías ha sido acusar al Ministerio de Sanidad de querer inmiscuirse en sus políticas sanitarias cuando el tema le interesa y de lavarse las manos cuando no, como ha ocurrido con el copago hospitalario. El Gobierno ha seguido atizando el fuego y el ministro Alfonso Alonso ha hablado de crear un registro específico para los 'sin papeles', aunque después matizara que estos quedarían inscritos “en la base de datos del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, que es donde figuran todos los asegurados, aunque añadiéndole el matiz de “no asegurados”. La idea consiguió poner definitivamente en contra a las organizaciones sociales y a las ONG, que tildaron la propuesta del ministro de “discriminatoria y disuasoria”. Esta fue la segunda metedura de pata.

Por su parte, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, en una nota pública, defendió recientemente “la universalidad” del SNS mientras exigía que “los datos personales de este colectivo ('sin papeles') fueran tratados igual que los del resto de la población española”.

La tercera metedura de pata del Gobierno llega ahora, cuando propone que los inmigrantes no regularizados acrediten carecer de recursos y, en última instancia, paguen una parte de la asistencia; hasta el 40%. Pero cómo van a pagarla si no tienen dinero. Y cómo declararán que no lo tienen si son “ilegales”. La impresión que se tiene es que el Gobierno, en su empeño de no atender a la salud de esta gente está dispuesto a agarrarse a cualquier triquiñuela.

Dicho esto, cabe reconocerle también al ministro Alonso alguna razón. Razón tiene cuando afirma que las comunidades autónomas deberían consensuar un marco común de actuación y asistencia sanitaria para esta población. El Ministerio “es consciente de la necesidad de coordinar y armonizar los programas, requisitos y procedimientos”, reza en un borrador remitido a los responsables autonómicos en materia de Salud, citados el pasado 2 de septiembre para ver cómo avanzar en ese consenso. Pero las comunidades autónomas lo tiene claro: que el Gobierno derogue primero el real decreto ley 16 /2012.

Este es el lío. Y, mientras tanto, cada uno se agarra a lo que puede: el Gobierno asegura que con el citado decreto se pretendía evitar el “turismo sanitario” que le venía costando al Estado más de 2.000 millones de euros al año, aunque el ministro Alonso ha reducido esta cifra últimamente a cerca de 1.000 millones solamente. En cualquier caso, nada tiene que ver el problema de la salud de los 'sin papeles' con ese 'turismo' que algunos europeos vienen practicando durante décadas, sabiendo que la Seguridad Social española ha sido (y seguramente lo es todavía a pesar de los recortes) una de las mejores del mundo.

Tampoco las listas de espera, ni el colapso que a veces se da en las urgencias tienen que ver con los inmigrantes 'sin papeles'. Según la Junta de Andalucía (datos que podrían extrapolarse al resto del Estado) sólo el 0,6% de las consultas totales, el 2,3% de la asistencia a urgencias y el 7% de los partos atendidos corresponden a inmigrantes irregulares.

Al final, el problema se reduce a dos puntos: uno, el de la solidaridad y sensibilización de la población española con los inmigrantes y lo que esto puede suponer a la hora de decidir a quién votar. Y dos, el de la salud pública, que, éste sí, podría ser un problema grave a medio plazo, pues no parece aconsejable que cerca de un millón de personas anden por ahí sin ningún control sanitario. Y eso, a la larga, sí que podría costarle dinero (y disgustos) al Estado.

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