CUARTOPODER | Publicado: - Actualizado: 16/5/2017 01:03

Íñigo Corral *

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Blanca Estrella Ruiz Urgo, presidenta de la asociación Clara Campoamor, que ha dado a conocer el caso para evitar que vuelva a producirse. / Efe

Cuesta y mucho dar pasos hacia delante en un asunto tan grave como es la violencia género. Cuando se ha conseguido que la sociedad sea consciente de que el respeto a la mujer es una asignatura pendiente que requiere una educación desde la base; cuando se han aprobado una serie de medidas legales coercitivas para combatir a los maltratadores y cuando los asesinatos de este tipo han dejado de ser un breve en la sección de sucesos en los periódicos, todo se viene abajo si quien tiene que vigilar para se cumpla la ley se cuestiona cosas tan básicas como preguntarse si una mujer para evitar su violación ha cerrado bien sus piernas. Que una juez se plantee estas cosas en el siglo XXI cuando el índice de víctimas mortales supera el de uno a la semana hace que todo se desmorone como un castillo de naipes. Es difícil de imaginar que una juez clave sus ojos en los de una supuesta víctima de malos tratos y le pregunte sin miramientos si también había cerrado todas las partes de sus órganos femeninos. Si hasta aquí la historia ya es lo suficientemente sangrante, se podía superar. Y la juez lo hizo. La pregunta iba dirigida a una mujer embarazada de cuatro meses. Para que nadie tenga dudas sobre la veracidad de ese interrogatorio más propio de jueces preconstitucionales, está grabado. Dos semanas después de que ocurrieran los hechos afirma, por boca de su abogado, que quiere que se conozca su historia “para que a otras mujeres no les pase lo mismo”.

La supuesta víctima había presentado el pasado 16 de febrero una denuncia en una comisaría de la Policía Local de Vitoria donde relataba una serie de hechos como “maltrato habitual físico y psíquico en el ámbito de la violencia de género” y donde explicitaba dos agresiones sexuales, lo que le llevó a solicitar de inmediato una orden de protección contra su pareja. A lo mejor por exceso de trabajo o porque entiende que este tipo de hechos no revisten gravedad, lo cierto es que la juez citó a la presunta agredida a las 11:00 horas del día siguiente. A lo mejor también es que la denuncia era muy compleja, motivo por el cual tardó más de cuatro horas en recibirla sin tener en cuenta su embarazo que, según relata para cuartopoder.es la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz Ungo, “es de riesgo y podía haber sufrido un aborto”. Total que la mujer que denunció los hechos  tuvo que aguantar un interrogatorio de más de dos horas y media. Se hace difícil pensar el tiempo que estuvo el presunto maltratador en su despacho si es que le llegó a interrogar. “Y claro, esa tardanza y teniendo en cuenta su embarazo, hay que comprender que declaró extenuada y en un estado desasosiego”, protesta con vehemencia.

Blanca Estrella sostiene que lo que ocurrió en ese juzgado de María del Carmen Molina Mansilla es algo “habitual” porque ya se han presentado muchas quejas y denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y ante la Fiscalía “sin que nos hayan hecho caso nunca”. La presidenta de la Asociación Clara Campoamor afirma que, por ejemplo, no se entiende por qué el TSPPV ha abierto un expediente disciplinario a dos magistradas de Bilbao (la titular del Juzgado de Violencia de Género número y a la de lo Social número 1) por desconsideración a sus funcionarios “y a nosotros no nos hacen ni caso”. Pero, si puede resultar sonrojante hacer perder toda una mañana y buena parte de la tarde a una persona que quiere denunciar que ha sido objeto de malos tratos, no lo es menos interrogarla por espacio de dos horas y media.

La última víctima hace público su caso “para que a otras mujeres no les ocurra lo mismo”

“Lo normal –dice Ruiz Ungo-, es que en menos de una hora el juez se ventile los interrogatorios de la víctima y el agresor”. Y es que antes de llegar al juzgado se sigue una especie de protocolo para que, al menos, la denuncia tenga cierta veracidad. En este caso concreto fue la Policía Local de Vitoria quien al confiar en el testimonio de la víctima informó del hecho a la Asociación Clara Campoamor. En sus dependencias fue atendida por una asistenta social, una psicóloga y un abogado y todos ellos dieron credibilidad a su relato, motivo por el cual decidieron poner los hechos en conocimiento de la juez.

“En ese juzgado siempre ocurre lo mismo. Esa juez siempre pone en duda este tipo de denuncias y en el asunto que hemos llevado ante el Consejo General del Poder Judicial ponemos de manifiesto que ni siquiera dejaba a la denunciante acabar la frase, al punto de que el abogado le indicó que hiciera el favor de modificar ese tipo de interrogatorio. El trato que se suele dar allí a la gente es tremendo. Siempre andan por ahí a grito pelado y nadie se atreve de decir nada, ni siquiera los propios funcionarios porque muchos de ellos tienen contratos  temporales. A mí lo que me cuentan es que está psicológicamente destrozada”, se lamenta la presidenta de la Asociación Clara Campoamor. Y no es de extrañar si es que resulta ser cierto que la juez ha denegado las tres órdenes de alejamiento que ha solicitado o que su ex pareja acude todos los días frente a su domicilio para insultarla y exigir que pueda ver a sus hijos.

La denuncia que ha presentado ante el CGPJ la Asociación Clara Campoamor insta a que la magistrada sea apartada o suspendida de sus funciones por haber tratado de una forma “completamente ofensiva” a una mujer que quería denunciar a su ex pareja por haberla maltratado.  En su escrito recuerdan que la denunciante, ante preguntas tales como si había cerrado las piernas mientras intentaban forzarla, se mostró atónita y sólo pudo responder con sí al tiempo que movía reiteradamente su cabeza de arriba abajo. Este hecho es de suma gravedad porque la presidenta de la Asociación entiende que la pregunta, además de innecesaria en un fase de instrucción, vulnera el artículo 19 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, de Estatuto de la Víctima.

El otro hecho sangrante, siempre según Ruiz Ungo, fue “la clara predisposición de incredulidad de la juez a los hechos que allí se estaban denunciando”. Anuncia que va a ir a por todas contra la forma de actuar de una juez que ha provocado un enorme malestar entre las víctimas desde su toma de posesión. “Es que siempre es lo mismo. Esta juez ha llevado a cabo innumerables faltas de consideración y es a lo único que nos podemos agarrar. Por eso hemos decidido hacer público el caso y que lo supiera la prensa. Ya habíamos agotado las vías amistosas y extrajudiciales, y no nos ha quedado otra salida”, explica  Ruiz Ungo.

Por dar una estadística, el grupo de expertos en violencia doméstica y de género del CGPJ ha hecho públicos los estudios de las 108 sentencias dictadas en este ámbito en los años 2012 y 2013. Pues bien, de ese estudio se desprende que un 95 por ciento de las sentencias emitidas fueron condenatorias y que la franja de edad donde se concentró un mayor número de mujeres asesinadas fue la de 31 a 45 años. Un dato bastante dramático y que demuestra que aún hay mucho camino por recorrer es que en un 80 por ciento de los casos de homicidio y de asesinato no constaban denuncias previas.

Además, en el año 2013, la cuantía media de las penas por asesinato en casos de violencia de género fue de 19 años y medio de prisión, cifra ligeramente superior a la del año anterior, que se situaba en 18 años y medio de prisión. De todas las sentencias dictadas en violencia de género en los años 2012 y 2013, 90 fueron condenatorias (un 95 por ciento) y el resto, absolutorias, si bien cabe reseñar que en cuatro de las cinco sentencias absolutorias, el tribunal apreció una eximente completa imponiendo a los acusados medidas de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico por períodos de entre 12 y 25 años. En las 45 sentencias condenatorias analizadas en 2013, 36 lo fueron por asesinato y 9 por homicidio, no apreciándose ningún homicidio imprudente. En el año anterior, 39 de las 45 sentencias condenatorias lo fueron por asesinato y 6, por homicidio, y tampoco se observó ningún homicidio imprudente.

(*) Íñigo Corral es periodista.

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