JUSTICIA / En el accidente ferroviario de Angrois, en Santiago de Compostela, murieron 80 personas

Un documento avanzado por cuartopoder.es, clave en la investigación de Angrois

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Un documento publicado por cuartopoder.es en agosto de 2013 y aportado al juzgado a través de un defensor de las víctimas del accidente ferroviario de Angrois (Santiago de Compostela), en el que murieron 80 personas, está resultando clave en la investigación para aclarar las responsabilidades. Se trata de la orden de desconectar "temporalmente" el sistema de seguridad ETCS, del que iba dotado el tren Alvia y que, si hubiera estado operativo, lo habría frenado automáticamente antes de entrar en el túnel que precede a la curva donde se estrelló.

La autorización de desconectar el sistema de frenado automático ETCS fue cursada por el jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, quien resultó imputado en la primera investigación judicial y fue desimputado junto con otros altos cargos por la Audiencia Provincial de A Coruña. La autorización se basó "en el mal funcionamiento en las transiciones de STM EBICAB-ERTMS en diversos puntos de la línea 082 (Ourense-Santiago) y no presentando en ningún momento problemas de seguridad".

La orden fue aplicada el 25 de junio de 2012, siete meses después de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo y el ministro saliente de Fomento, José Blanco, la inaugurasen oficialmente. La autorización del jefe de seguridad de Adif anulaba de hecho la circulación con el sistema ETCS, "debiendo circular con la protección del ASFA digital y señalización lateral". De este modo, según los técnicos consultados, se zanjó un problema que afectaba al normal funcionamiento de los trenes, provocaba averías y frenaba los trenes, llegando a pararlos en algunos tramos. Pero en vez de investigar los fallos y resolver unas deficiencias que afectaban al fabricante (Talgo y las empresas asociadas), los altos responsables de Adif y de Renfe cortaron por lo sano y optaron por la solución más simple.

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Aunque algunas personas consultadas afirman que la decisión de funcionar sin las plenas garantías de seguridad habría sido adoptada, por razones económicas, por la cúpula del Ministerio de Fomento, del que entonces era ministra la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor Julián, quien prometió "no descansar hasta conocer la verdad", las responsabilidades políticas no se han comenzado a dilucidar. El PSOE se conformó en su momento con "una comisión de estudio" del sistema ferroviario y dice apoyar ahora una comisión de investigación.

Mientras tanto, el juez Lago se conforma con interrogar como investigados a Antonio Lanchares, el jefe de seguridad de Renfe que pidió a Cortabitarte (al que ha imputado junto con el maquinista Francisco Garzón Amo) la desconexión del sistema de frenado automático, así como a la responsable de la empresa pública de ingeniería Ineco, Laura L., y los también encargados de evaluar las condiciones de seguridad de la línea, Jorge M y Salvador A. Todos ellos han sido citados a declarar a partir de la primera semana de noviembre.

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