Las ONG exigen el final de la desprotección de menores tras el caso de Gabriel

El crimen del niño Gabriel Cruz ha sido uno de los que más ha conmocionado a España y gran parte del debate público se dirige hacia la prisión permanente revisable. El PP pide que se amplíe para casos de especial gravedad, Ciudadanos aboga por mantenerla, mientras PNV, PSOE y Podemos quieren derogarla por considerarla “una cadena perpetua encubierta” contraria a la Carta Magna. Las ONG que trabajan con la infancia denuncian la desprotección que sufren los menores en España e inciden en que lo prioritario es aprobar una ley integral contra la violencia infantil para ir a la raíz del problema y poder prevenirlo. “El derecho penal es la última respuesta, una venganza de la sociedad que es perfectamente entendible después de la tragedia, pero no soluciona la violencia”, indica a este medio Carmen del Moral, analista jurídica de Derechos de la Infancia de Safe The Children.

En España, desde 2012 se han registrado 100 casos de niños y niñas que han muerto a causa de la violencia, la parte más visible del problema. Solo en 2016 se registraron 37.495 denuncias por actos violentos hacia niños y niñas. De ellas, 4.061 denuncias fueron por malos tratos en el ámbito familiar y 45 menores fueron víctimas de intentos de homicidios o asesinatos, de los que 15 murieron. Los menores de edad constituyen el 51% de las víctimas de violencia sexual, según los últimos datos disponibles.

“Las cifras son alarmantes”, recuerda Save The Children. “La violencia contra la infancia no es una prioridad pública, como ha sucedido con la violencia de género, está relegada al ámbito privado o familiar. Esto hace que muchos casos no se denuncien o no salgan a la luz y otros se toleren o justifiquen. Pedimos una respuesta integral para enfocarnos en la prevención y en la detección, no solo en la respuesta penal”, añade Del Moral.

Con todo, uno de los principales problemas, según las ONG, es que hay poca información sobre la violencia que sufren los menores. “Cuando no está claro quien es el asesino o las circunstancias de la muerte de las maenores, no queda constancia en el registro oficial”, explica Almudena Olaguibel, especialista en derechos de infancia de UNICEF Comité Español. Por esto, desde la ONG reclaman un registro único que contemple cualquier acto violento cometido contra un niño o una niña. Una radiografía completa del problema solo podrá realizarse “si se unifican todas las violencias que detectan en los menores desde un médico hasta un profesor, en todas las profesiones”, añade la experta.

Las violencias que sufren los menores son principalmente cuatro: los abusos sexuales, el maltrato físico, el maltrato emocional y la negligencia en su cuidado, explican desde UNICEF. La sufren en su entorno familiar, también en el educativo. El informe realizado en 2016 entre Save The Children y la Universidad Autónoma de Madrid muestra que al menos 1 de cada 10 estudiantes menores en España ha sufrido bullying. “Son unos números muy altos. El acoso escolar es una realidad sobre la que falta información y luz. Es urgente una estrategia y recursos para combatirlo”, indica Del Moral. Algunas veces los desenlaces son trágicos, como es el caso de Lucía, la niña de Murcia que se suicidó el pasado mes de enero por haber sufrido acoso escolar.

Una ley prometida que no llega

Hay consenso en el Congreso de los Diputados. Los principales partidos políticos llevaban en su programa electoral una ley de protección integral de la infancia. La norma formó parte del pacto de investidura del PP con Ciudadanos y las ONG tienen constancia de que el Gobierno trabaja en ello, pero el Ejecutivo no la ha incluido en el plan normativo que se comprometió a sacar adelante en 2018, ni ha mencionado plazos concretos. “Estamos esperanzados a que la ley salga adelante, pero pedimos que tenga presupuesto”, indica la especialista de UNICEF. “Debe tener una partida presupuestaria y una estrategia de plazos, responsabilidades, compromiso y presupuesto”, subraya Del Moral.

Las organizaciones que protegen a la infancia en España llevan trabajando desde hace años con todos los grupos políticos para que se apruebe una ley orgánica para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia. La primera llamada de atención sobre la desprotección de los menores en España del Comité de Derechos del Niño de la ONU fue en 2010 y entre 2014 y 2015 se creó la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia para abarcar el problema.

Las medidas necesarias

El problema es amplio y tiene múltiples aristas y, por eso, “no se puede solucionar desde un solo frente”, subraya Olaguibel. Debe incluirse en la legislación, las políticas públicas, las tradiciones de las diferentes comunidades. También es necesario fomentar la figura del “adulto vigilante” e inculcar “que se crea a los niños”. Los expertos en infancia que muchas veces las voces de los menores quedan desacreditadas incluso cuando se atreven a denunciar una situación de abuso sexual.

Save The Children considera que, como mínimo, la ley integral contra la violencia infantil y adolescente debería garantizar el derecho de los niños y las niñas a obtener información adaptada a sus necesidades y características, a la asistencia jurídica o a la no discriminación por edad, a desarrollarse en un entorno libre de violencia y a tener asistencia social. También creen que todas las Administraciones tengan el deber de implantar una estrategia integral para la erradicación de la violencia. “Se necesita formación entre los profesionales para detectar la violencia, campañas de sensibilización, dotar a los padres y madres de herramientas, protocolos de actuación ante casos de violencia en los centros de estudio y mayor coordinación entre todos los entes públicos”, destaca Del Moral.

En este sentido, las ONG quieren que una nueva ley integral ponga atención a los menores y adolescentes más vulnerables. “Se necesitan más recursos en prevención en familias en riesgo, situación de pobreza o vulnerabilidad, porque hay más probabilidades de que sus hijos sufran violencia y se puede prevenir”, explica Olaguibel. Las organizaciones, además, piden especial atención a los hijos de víctimas de trata, los menores con discapacidad, los menores extranjeros no acompañados, las niñas y el colectivo LGTBI.

Para combatir la violencia sexual contra los más pequeños, exigen más garantías para que aquellos que hayan cometido un delito contra la infancia queden inhabilitados para ejercer una actividad que implique contacto habitual con menores --y que esta medida se aplique explícitamente al ámbito del voluntariado--. Debido a la dificultad para denunciar los casos, también piden que los delitos comiencen a prescribir cuando la víctima alcance los 30 años de edad. Son muchas las víctimas que, tras haber sufrido abuso sexual en la infancia, deciden denunciar sus situación años más tarde y se encuentran con que los delitos de sus agresores quedarán impunes.