Más de 200 sindicalistas se encadenan contra la «decadencia» del sistema de prisiones

Los funcionarios de prisiones llevan meses reclamando más personal, más seguridad para rebajar el número de agresiones y una equiparación salarial que no permita que dos personas cobren dos sueldos distintos por el mismo trabajo. Los sindicatos ACAIP, CCOO y UGT aseguran que han intentado abrir un marco de negociación “real y efectivo” con el Ministerio del Interior, pero sus reivindicaciones han sido ignoradas durante los últimos seis años. Por eso, han pasado a la acción. Este miércoles 210 representantes sindicales de prisiones de toda España han llegado a Madrid para 'encadenarse' durante 12 horas frente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Desafiando al desconcertante frío primaveral, dos centenares de sindicalistas 'encadenados' han gritado “Yuste vete ya”, en referencia al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. Exigen al ministerio del Interior que negocie con estos los trabajadores de los centros penitenciarios, que se sienten abandonados desde hace seis años. De no hacerlo, se plantearán una huelga general de funcionarios de prisiones a partir del día 24 de abril. “Tenemos 3.200 vacantes sin cubrir en la institución y somos los de siempre los que asumimos la carga de trabajo”, explica Antonio González, responsable del Sindicato de Prisiones de UGT, que también se queja de que han estado “cinco años sin concurso de traslados”. El portavoz se queja de la brecha salarial entre los propios funcionarios, que pueden cobrar sueldos distintos por las mismas tareas: “Un funcionario en Murcia puede cobrar de forma distinta dependiendo del centro al que esté destinado. Hay tres. Es totalmente injusto”.

A la concentración también se ha acercado el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, que ha querido mostrar su apoyo a los trabajadores: “Piden la equiparación salarial dentro del propio Ministerio”, explicaba el diputado, que también ha destacado “el estado en el que se encuentran los centros penitenciarios”, después de “años de dejar de invertir en lo público”. También han acudido representantes del PSOE, como Zaida Cantera o César Luena.  Los manifestantes se quejan de que faltan funcionarios en puestos clave para el buen funcionamiento de las cárceles: “Hay establecimientos que cuentan con dos o tres facultativos, con eso no se puede garantizar una asistencia sanitaria de calidad. También faltan auxiliares de enfermería y enfermeros u otros trabajadores del área de tratamiento como psicólogos o juristas”, denuncia González.

Esta política de recortes que denuncian contrasta con la apuesta por lo privado: “Se han privatizado servicios de limpieza o mantenimiento. Prisiones es un servicio público”, recuerda el portavoz de UGT. José Luis Pascual ejemplifica el declive con la situación actual de la cárcel de Archidona, que se hizo tristemente famosa por acoger a centenares de inmigrantes a principios de año. En los últimos días, ya ha comenzado a recibir a sus primeros presos: “Se ha abierto con un solo médico. Es imposible que trabaje todos los días del año de día y de noche”. El sindicalista explica que tampoco hay psicólogo aún: “Es una absoluta falta de planificación”, sentencia tras referirse al coste de 140 millones de euros que supuso el centro. “La decadencia está instalada en la Institución Penitenciaria. Es la realidad.”

La otra cara de la falta de recursos son, según los sindicatos, las situaciones de violencia contra el personal. “Los datos oficiales nos dicen que hay una agresión diaria”, explica. No niegan que su oficio es duro pero, para ellos, lo peor es que mientras esto sucede “los políticos están mirando para otro lado” en vez de poner medios para intentar minimizar las situaciones de tensión. “Nuestro fin último se está abandonado”. El portavoz recuerda que los trabajadores de prisiones son una pieza fundamental a la hora de cumplir con el mandato constitucional que aboga por “la reeducación y reinserción social” de las personas privadas de libertad, un derecho reconocido en el artículo 25 de la Carta Magna.