El caso Manchester: la importancia de registrar la violencia intragénero en parejas LGTBI

La policía del condado de Gran Manchester ha registrado 775 casos de violencia en parejas del mismo sexo durante el último año. La ciudad inglesa ha desarrollado un protocolo específico, que permite registrar, bajo un epígrafe concreto, las agresiones que se ejercen dentro de una relación LGTBI, tal y como relata The Guardian. Es una medida pionera que se puso en marcha el año pasado y que pone sobre la mesa una realidad que continúa invisibilizada: la violencia intragénero.

“Publicar estas cifras es dar visibilidad a lo que está ocurriendo. Es la primera ciudad que se ha atrevido a hacerlo”, explica Isabel González, psicóloga especialista, que recuerda que “en España no existe ningún registro oficial” similar. Los escasos datos no permiten hacer un dibujo real. Esta experta ha dedicado los últimos años a sacar a la luz este problema. 

Las situaciones que llegan a la consultas son diversas y van desde insultos y control de la pareja hasta agresiones físicas. Aunque determinados actos recuerden a la violencia machista, Charo Alises, miembro de la Comisión de Juristas de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB), apunta a una diferencia fundamental. “La violencia de género se basa en el sexismo y la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. Evidentemente, esto no se da en parejas homosexuales, pero sí hay otros mecanismos de control, como el factor económico (cuando uno trabaja y otro no), el estado de salud de uno de los miembros o que uno de ellos esté en una situación irregular”.

“Apenas han pasado 12 años desde que se aprobó la ley del matrimonio igualitario, lo que provoca que haya sectores de la sociedad que aún no contemplen siquiera la existencia de este tipo de violencia”, explica Rufino Arco, vicepresidente de LGTBIPol, una asociación formada por policías, que trabaja en este área. La Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, que registró Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, ya contempla la especificidad de este tipo de violencia, que define con nombre propio en el capítulo V de su articulado.

Los mitos peligrosos

Alises cree que hay varios mitos asociados a la homosexualidad que dificultan su visibilidad: “El otro día nos llegó un caso de un chico que denunció a su pareja y al final todo se quedó en un simple delito de lesiones”. La experta apunta a dos estereotipos con el que opera la sociedad. El referido a los hombres, por el que se entiende que, al ser dos varones, hay equidad física y no hay desigualdad de poder, y el prototipo de la mujer “bondadosa”, en el que impera la idea de que ellas no pueden ejercer la violencia. Ambos falsos. A este control, hay que sumarle otras características específicas, como la homofobia interiorizada.

La necesidad de registrar los casos es una demanda creciente dentro del colectivo. Conocer el problema es la única forma de poder atajarlo. La asociación COLEGAS ha contabilizado los asesinatos por esta causa que han sido publicados en prensa durante los últimos 10 años. Han recopilados hasta 15 casos. Si en 2005 se equiparó el derecho al matrimonio de la comunidad LGTBI, ahora piden que también se ataje con la misma contundencia esta lacra que surge en las parejas.

La denuncia: la puerta abierta a la protección

Hasta ahora, estos episodios se juzgan en España como violencia doméstica, un paraguas demasiado amplio del que los expertos quieren sacar esta problemática para darle un espacio propio: “Con un registro, veríamos realmente la magnitud del problema. Se evitaría que las víctimas se sintieran solas y abandonadas y se pondrían en marcha mecanismos más efectivos, más recursos y sitios a los que ir”, explica González. La psicóloga cree que la falta de una legislación específica refuerza la idea de desprotección en las víctimas y la de la impunidad en los agresores.

Marta Fernández Ulloa, jefa de la Unidad de apoyo y protección a la mujer, menor y mayor de la Policía Municipal de Madrid, lleva meses trabajando en cómo abordar esta cuestión. Comparte con González la necesidad de que este tipo de violencia se trate de manera específica y enumera las consecuencias de que no sea así. “Se suelen juzgar como violencia doméstica, lo que significa que no hay recursos asistenciales específicos como psicólogos o casas de acogida y los juzgados tampoco son especializados”. En el caso de que la agresora a una mujer sea otra mujer, tampoco tienen herramientas que les permitan, por ejemplo, calcular el riesgo.

Fernández Ulloa lanza un mensaje claro: “Es fundamental que se denuncie. Si no se denuncia, los policías estamos ciegos y los jueces tampoco van a poder conocer la situación y, por tanto, solicitar medidas de protección, como las órdenes de alejamiento”. Esta jefa es consciente de lo que cuesta a veces dar ese paso, por eso, recuerda que “si una persona quiere asesorarse o recibir asistencia porque tiene miedo, puede recurrir alguna ONG como paso previo”.

La psicóloga experta coincide en que esta espiral del silencio está enraizada en muchos hogares: “Hay mucho miedo a contar que tu pareja te ha agredido. Muchos hombres y mujeres se acercan diciendo que tienen conflictos en su pareja y descubren que, en realidad, están envueltos en una situación de maltrato”, explica González. Si alguien se encuentra en esta situación, puede acudir a la Policía o a asesorarse en asociaciones como Arcópolis o la FELGTB.