Infancia que huye, la otra cara de la inmigración

A los 14 y 17 años de edad, lo habitual es experimentar al máximo esa etapa vital del desarrollo del ser humano, que tanto marca para el resto de la existencia. Pero en 2015, ese curso natural de la adolescencia se quebró en la vida de Amal y Tarek (nombres ficticios), cuando huyeron desde Irak hacia Europa, junto a su madre y tres hermanos pequeños, abrumados por amenazas de grupos rebeldes. Así, pasaron a convertirse en protagonistas de unas alarmantes cifras que nos avisan de que, en la última década, 1 de cada 3 solicitantes de asilo en la UE son menores de edad.

Además de vivir en contextos de guerra o hambre; el reclutamiento forzoso, los malos tratos en el ámbito familiar o los matrimonios forzosos de niñas, son algunos de los motivos de solicitud de protección internacional que afectan a niños y niñas. A pesar de esta situación, muchas de las solicitudes de asilo de menores son denegadas. “No hay una óptica de infancia en el estudio de solicitudes de protección”, denuncia la abogada de la Fundación La Merced Migraciones, Patricia Fernández, especializada en materia de derechos humanos y extranjería.

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“Nos estamos encontrando con que se resuelven muchas solicitudes de asilo que afectan a niños y niñas desfavorablemente”, esto ocurre porque “están basadas única y exclusivamente en los motivos alegados por los adultos, lo que les obliga a volver a sus países de origen, en lugares donde la infancia se encuentra gravemente maltratada o no tiene acceso efectivo a sus derechos como puede ser la educación, la asistencia sanitara o lugares donde corren riesgo de sufrir mutilación genital femenina”.

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Precisamente, con ese cerrojazo administrativo se toparon Amal y Tarek. El viacrucis del exilio que comenzaron en Irak, les llevó hasta Suecia, para ser devueltos a España siguiendo el convenio de Dublín -acuerdo de los Estados de la UE, por el que se establece que el primer país de acceso a la región es el competente para examinar la solicitud de asilo -. En la primera etapa en España vivieron momentos muy difíciles, ya que la familia fue destinada a un centro de acogida gestionado por la Asociación Dianova, al que en 2017 se le retiró la subvención del Gobierno destinada a planes de acogida humanitaria, después de que algunos colectivos sociales y familias refugiadas se quejaran ante el Defensor del Pueblo de las irregularidades y deficiencias cometidas; tales como unir proyectos de drogodependientes y refugiados en las mismas instalaciones.

No obstante, continuaron los esfuerzos de la familia en reanudar su vida en España. Pero no fue suficiente. Las autoridades españolas denegaron su petición de asilo, lo que les llevó a sumirse en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero, “por suerte”, como ellos mismos exclaman, contaron con los servicios jurídicos de la Fundación La Merced Migraciones, y consiguieron recurrir el caso. En septiembre tienen una cita para obtener el permiso de residencia y la abogada Patricia Fernández, les recuerda la fecha. “Tranquila, que no se me olvida por nada del mundo”, responde ilusionada la joven Amal.

Un dispositivo de emergencia de 2.320 personas espera en el puerto de Valencia la llegada escalonada, a partir de las seis de la mañana de este domingo, de los tres barcos con los 630 inmigrantes rescatados frente a las costas libias por el Aquarius.
Un dispositivo de emergencia de 2.320 personas espera en el puerto de Valencia la llegada del Aquarius, llegado de costas libias./ Manuel Bruque (Efe)

Su hermano Tarek también trata de agarrarse a la esperanza, pero es habitual que en sus conversaciones deje caer reflexiones que no dejan indiferente. “En mi país perdí mi infancia y aquí mi adolescencia”, verbaliza con la dureza de quien tiene que crecer antes de lo que le corresponde y acto seguido se esfuerza en devolver luz a su futuro confesando que aspira a ser abogado “para poder ayudar a la gente”.

Ibrahima Bah, el padre coraje que evitó la mutilación genital femenina de su hija

Ibrahima Bah, un padre de familia de Guinea Conakry afincado en Madrid desde el inicio de los dos mil, consiguió algo histórico tras varios años de batalla burocrática. En 2013 protagonizó el primer caso de reagrupación familiar concedido en España, alegando riesgo de mutilación genital femenina. Así salvó a su hija Mariama -seudónimo elegido para proteger su identidad-, de ser sometida a esta práctica que cada año afecta a tres millones de niñas, según datos de Naciones Unidas. Motivo por el que, además, se ha concedido la solicitud de protección internacional a la menor.

Bah relata para este medio cómo transcurrió su lucha hasta conseguir mantener a la pequeña a salvo. Por un lado, en su país tuvo que enfrentarse a su familia “por querer romper con ese tabú, que tanto daño hace” y que, incluso, se llevó por delante la vida de una de sus hermanas. Mientras, en España, se enfrentó a varias solicitudes de reagrupación denegadas por motivos económicos. Cuenta que llamó a varias puertas de organizaciones no gubernamentales, donde no obtuvo ayuda a pesar de acudir con un mensaje claro: “mi hija está en peligro y quiero sacarla de ahí”.

Pero su suerte cambió cuando el servicio de atención jurídica de la Fundación La Merced Migraciones, le respondió con un “¡tenemos que hacer algo, vamos a intentarlo!”. Y así fue, la tentativa tuvo sus frutos.

Hoy Ibrahima Bah vive en Madrid junto a Mariama, su hijo mediano y su bebé, otra niña que tampoco será sometida a esta dañina práctica. No está sólo, su mujer es una pieza clave en esta historia, porque según reconoce “sin ella no hubiera sido posible, en Guinea no dejaba a la niña sola ni un momento para que nadie pudiera llevársela y hacerle la mutilación, a pesar de la presión familiar que eso suponía”.

Varios de los 629 inmigrantes rescatados a bordo del barco "Aquarius" en el Méditerráneo este marrtes.
Varios de los 629 inmigrantes rescatados a bordo del barco “Aquarius” en el Méditerráneo./ Sos Mediterranée (Efe)

Menores que viajan solos: vulnerabilidad y estigma

Se dan, además, otras situaciones especialmente delicadas que afectan a la infancia que huye en busca de refugio. Hablamos de los menores que emigran solos, sin un adulto que les proteja. Según el último informe de la Red Europea de Migración, el pasado año llegaron a suelo comunitario 31.756 menores sin acompañamientos, registrándose así las cifras más bajas desde 2014.

En España existe un Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS) -un término que los defensores de derechos humanos y de la infancia evitan, porque “cosifica” y “estigmatiza” a los niños y niñas-, en el que en octubre de 2017 constaban como inscritos 5.380 menores.

“El principal hándicap de los niños que viajan solos, es que se les reconozca su condición de minoría. Estamos viendo que muchísimos niños transitan por el Estado español, se les hacen las pruebas de determinación de la edad, se les reconoce como mayores de edad, generando un proceso de frustración, de aceptación de la identidad importantísimo, de falta de derechos, etc.”, expone la letrada Patricia Fernández.

Estos mismos obstáculos son señalados desde la Asociación Karibu de Madrid, que cuenta con la experiencia de más de dos décadas de programas de acompañamiento y acogida para niños y niñas que migraron solos, menores no reconocidos como tal o jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se vieron fuera del sistema. Y es que, según el presidente de esta asociación, Antonio Díaz de Feijoo, “al cumplir los 18 años los echan a la calle y vuelven a vivir una situación de desamparo total”.

Requisitos ‘kafkianos’ para excluir del sistema educativo a 160 niños y niñas de Melilla

Aunque el derecho a la educación está recogido en los Derechos de la Infancia y la legislación española cuenta con un efectivo reconocimiento, en ocasiones se detectan trabas para la escolarización de niños y niñas migrantes. El caso de Ceuta y Melilla es el más paradigmático.

Durante el curso académico 2017-2018, más de 160 niños y niñas de Melilla fueron excluidos del sistema educativo. “En Melilla, el Ministerio de Educación pone como requisito estar empadronado y para ello es necesario el permiso de residencia”, un requerimiento que no pueden cumplir por ser “considerados extranjeros” aunque “la realidad es que han nacido y crecido” en la ciudad autonómica; según explica José Palazón, de la Asociación Prodein Melilla, que ha estado apoyando esta particular lucha de principio a fin.

El empeño de meses de protestas diarias frente al Ministerio de Educación, la Delegación del Gobierno en Melilla y la Fiscalía de Menores; y el apoyo recibido por la Asociación Prodein, otros colectivos locales, Oxfam y Defensor del Pueblo, ha dado sus frutos. El pasado 10 de junio, se hizo público el compromiso del nuevo Gobierno para reconocer el derecho al acceso a educación de estos menores, que a partir de septiembre ocuparán el pupitre que les corresponde.

“Los niños están felices, no se lo creen, para ellos supone un cambio porque al menos, se van a deshacer el sentimiento de rechazo que tenían”, celebra Palazón y confía en que “no se vuelva a repetir esta situación”.