El defensor del pueblo pide una reforma integral del “ineficiente” sistema de los CIE

No es la primera vez que la Oficina del Defensor del Pueblo pide reformar el sistema de internamiento de extranjeros. En esta ocasión, el Informe Anual 2017 que el defensor ha entregado al Congreso de los Diputados y al Senado hace hincapié en la necesidad de “una reforma integral” y "urgente" de un sistema que considera “ineficiente” y contrario a la finalidad que tiene atribuida legalmente. Después de visitar todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), a excepción del de Valencia, las conclusiones reflejadas en el documento no son nada halagüeñas.

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, detalla en su informe de prevención de la tortura y tratos inhumanos o crueles en España que un total de 8.814 personas fueron internadas en los CIE y en la cárcel Archidona –donde se recluyó a 572 personas durante casi dos meses--. De todas ellas, 7.559 habían sido detenidas a su llegada a las costas.

La autoridad pone de manifiesto que los centros son utilizados “como instrumentos de contención de la entrada irregular por las costas” y se han convertido en “centros de acogida” para quienes llegan en patera. A pesar de que la ley los diseñó para garantizar la repatriación de las personas internadas, solo un 37,29% fueron expulsadas o enviadas de vuelta a sus países. Sostiene, por tanto, que los CIE no cumplen su cometido contemplado en la ley.

Y además de no servir para su fin, algo que llevan alertando desde hace tiempo las organizaciones de Derechos Humanos, el defensor del pueblo advierte sobre “numerosas carencias” en los CIE. Algunas de las más importantes se circunscriben al ámbito sanitario: “sigue sin contarse con presencia médica durante las 24 horas, no hay asistencia psicológica y psiquiátrica, no se realizan analíticas en el momento del ingreso para detectar enfermedades infectocontagiosas”.

"En la mayoría de los centros”, según se indica en el informe, “no puede garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de aquellos otros que se encuentran internos por mera estancia irregular en España”. Es un problema de infraestructura, ya que el diseño de los CIE no lo permite, pero tampoco existe un modelo de trabajo para que se produzca esta separación, añade el defensor del pueblo.

La orientación jurídica es otro de los grandes déficits: solo existe en los CIE de Madrid y Barcelona. El defensor del pueblo considera “imprescindible” la puesta en marcha de este servicio a través del envío de profesionales de los colegios de abogados. Según detalla el documento, en los CIE se presentaron 1.386 solicitudes de protección internacional de las que fueron admitidas a trámite 398, mientras que se identificó como menores extranjeros no acompañados a 48 internos.

Otra de las preocupaciones del defensor del pueblo es qué ocurre con las personas una vez que abandonan los CIE. En su opinión, España debería permitir, al igual que hacen otros países, que quienes no hayan sido repatriados ostenten “algún tipo de estatus que les permita mantener su dignidad personal y realizar algún tipo de actividad lícita que contribuya a la economía del país y a la suya propia”. Además, recuerda que hay alternativas a la privación de libertad que deberían estudiarse como “el retorno voluntario, el ingreso en dispositivos residenciales tutelados, el control electrónico a través de brazaletes geolocalizadores o la presentación periódica ante las autoridades”.

Muerte de un menor tras ser reducido por el personal de seguridad

El defensor del pueblo recoge en su informe la muerte del menor Mamadou Barry, de 17 años y de Guinea Conakry, quien residía en el Centro Educativo de Menores Infractores de Melilla y que falleció el pasado 22 de diciembre después de pasar un día en coma. Había sufrido una parada cardiorrespiratoria al ser reducido por el personal de seguridad durante una pelea con otro compañero. En su día, el defensor del pueblo ya indicó que la contención al joven se había reducido con “cierta rudeza”.

En el informe que el defensor ha entregado al Congreso, se recuerda que el equipo solicitó en el momento los vídeos de la contención al menor, que en un primer momento no fueron entregados, aunque la Consejería de Bienestar Social de Melilla envió todas las imágenes días después. De cualquier manera, el defensor cuestiona la falta de autopsia judicial –solo se realizó una clínica--, la inexistencia de un parte de lesiones y “la rudeza” en la contención del menor realizada por “seis personas”. Además, advierte incoherencias entre la duración de la contención anotada en el registro y el resultado de los vídeos visualizados. La autoridad ha reclamado a la Fiscalía sobre este asunto.

Menores en custodia policial hasta 100 horas

Algunos de los menores extranjeros que llegaron a Barcelona el año pasado, cuando la Generalitat dejó de asignar plazas mientras realizaba las pruebas de edad a los jóvenes por tener su sistema de acogida “colapsado”, llegaron a pasar hasta 100 horas en dependencias policiales. El defensor del pueblo constató que los calabozos no tenían el espacio suficiente para albergar a estos menores y que se realizó “una privación de libertad sin base legal suficiente”, contraria a la Convención de la ONU de los Derechos del Niño, que únicamente ampara esta práctica como último recurso.

Centros de primera acogida, "no aptos” para rescatados en el mar

El defensor del pueblo también visitó en 2017 los centros y dependencias de primera acogida y detención de extranjeros en Cartagena, Almería, Motril, Málaga, Algeciras y Tarifa. Su conclusión es que “no son aptos” para la recepción de “personas rescatadas en el mar”. Por ello, pide infraestructuras idóneas, medios humanos especializados y criterios de colaboración y coordinación entre administraciones, organizaciones internacionales y sociedad civil.

Las carencias de Archidona

El defensor del pueblo también destaca que el pasado 29 de diciembre se encontró a un interno muerto en la cárcel de Archidona (Málaga), el centro penitenciario que fue utilizado temporalmente como un CIE y que finalmente fue clausurado como tal el 10 de enero de 2018, tras las sucesivas protestas de las organizaciones y de la sociedad civil. El argelino Mohamed Bouderbala falleció tras ser sometido a un aislamiento que se llevó a cabo sin reconocimiento previo y sin que se efectuara vigilancia alguna durante 16 horas.

En el informe, la autoridad detalla que antes de la muerte de Bouderbala había visitado Archidona y alertado de carencias que no fueron corregidas: el reparto de celdas se realizaba por los internos, la intimidad en la comunicación con los familiares no estaba garantizada y se detectaron problemas en las notificaciones procedentes de la Oficina de Asilo y Refugio. El defensor del pueblo encontró además a once menores entre los retenidos.